Tegucigalpa. Diversos sectores de sociedad civil instan a las dos facciones que se instauraron como autoridades del Congreso Nacional que se abstengan de aprobar leyes, mientras no se resuelva la crisis política que atraviesa el Poder Legislativo de Honduras.
La crisis política que atraviesa el Poder Legislativo surgió luego que una facción de diputados insurgentes del Partido Libertad y Refundación (Libre) al mando del congresista Jorge Cálix, quien cuenta con el apoyo de los diputados del conservador Partido Nacional y la mayoría del Partido Liberal, fueron juramentados como autoridades violentando la normativa constitucional y el acuerdo político pactado por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
En paralelo, se instauró la Junta Directiva que preside el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Luis Redondo, quien también, careciendo de legalidad, se erigió como presidente del Congreso Nacional y tomó posesión de la sede legislativa y es respaldado por la mayoría de congresistas rojinegros además de contar con la venia de Castro.
El pacto que quebrantó la facción de disidentes de Libre era que se apoyaría a un diputado del PSH para presidir el Congreso Nacional tras la alianza política que conformó Castro con el entonces candidato presidencial Salvador Nasralla y que consumó una abrumadora victoria de Castro frente al Partido Nacional, tras doce años en el poder.
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Tanto el congreso que preside Cálix como Redondo han sesionado y aprobado leyes que si bien benefician a la sociedad, carecen de legalidad y esto generaría una mayor crisis política que repercute en el gobierno que dirige la presidenta de Honduras.
En la sesión inaugural de Cálix, realizada a través de la virtualidad, mediante la plataforma ZOOM, se aprobó con el voto de 79 diputados propietarios la derogación a la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos más conocida como Ley de Secretos, asimismo se tiene contemplado aprobar la derogatoria de la Ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
Por su parte, el congreso que preside Redondo, aprobó la rebaja al precio de los combustibles que ronda los 10 lempiras, energía gratis a las familias que consuman menos de 150 kilovatios al mes, la Ley de Condena al Golpe de Estado, Ley de Amnistía para Presos Políticos que no es más que un pacto de impunidad y destituyó a los actuales procuradores de la república.
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EL LLAMADO A SOLUCIONAR LA CRISIS POLÍTICA
Ambas facciones carecen de legalidad situación que agrava la aprobación de leyes y agudiza la crisis por lo que sectores de sociedad civil instan a los diputados resolver el conflicto y volver a la legitimidad.
Para el caso, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) junto con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) exhortan a los congresistas hondureños resolver la crisis y evitar una nueva convulsión social que afecta al pueblo.
“Mientras no se resuelva el problema de legitimidad jurídica en el Congreso Nacional, instamos a las y los diputados a abstenerse de tomar decisiones de alta envergadura. La historia nos da la triste lección que quien siempre termina pagando los caprichos y alborotos de la clase política es el pueblo. ¡Basta de circo! Es hora de legislar por el bien común”.
De igual manera el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) de Transparencia Internacional, hacen un llamado a los partidos políticos resolver el conflicto político de las dos Juntas Directivas del Poder Legislativo mediante un diálogo constructo y transparente.
“Las decisiones tomadas por una u otra junta legislativa generan incertidumbre en torno a su validez y cumplimento por parte de los demás poderes e instituciones estatales, tal como lo han manifestado el sector privado y la comunidad internacional. Es por esa razón que se requiere resolver el conflicto político para poder legislar con total legalidad, legitimidad y certeza afianzando el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y el correcto funcionamiento de la institucionalidad”, detalla un comunicado de la ASJ.
Para el reconocido abogado y defensor de derechos humanos, Joaquín Mejía, los congresistas hondureños tienen autentica legitimidad al ser electos democráticamente por el pueblo, no obstante, no implica que pueden ejercer el poder al margen o violentando la Constitución.
También, el abogado, vicealcalde de San Pedro Sula y afín del Partido Libre, Omar Menjívar, recomendó a los diputados no constinuar aprobando leyes hasta poner fin a la crisis en el Poder Legislativo.
“Mi recomendación respetuosa e impregnada del más profundo amor patrio, es que por ahora el Congreso Nacional se abstenga de aprobar decretos, en tanto no se resuelva la innegable crisis institucional que vive, indistintamente de cuál porción de diputados apoyemos, unos u otros”.
Pese que han surgido diversas reuniones entre la facción de Cálix con las autoridades del Partido Libre, aún no hay señales de acuerdos que permitan una salida política por la pugna de la presidencia del Congreso Nacional.
Un comentario
En democracia se cuentan los votos, no las intenciones ni las palabras.