Analistas y sociólogos advierten que la intervención de asesores foráneos en plena crisis electoral vulnera la soberanía y contraviene la Constitución. La participación pública de Roger Stone y Fernando Cerimedo expone la incapacidad del Estado para frenar la injerencia extranjera.
Tegucigalpa, Honduras. – Durante las últimas semanas, antes y después de las elecciones generales del 30 de noviembre, las expresiones públicas y la presencia de actores extranjeros, entre ellos el exasesor de Donald Trump, Roger Stone, y el estratega argentino Fernando Cerimedo —asesor del candidato nacionalista Nasry Asfura—, han reactivado el debate sobre la intromisión foránea en la política interna hondureña.
La controversia creció tras múltiples publicaciones en redes sociales y declaraciones públicas que, según especialistas, constituyen una violación directa del artículo 32 de la Constitución de la República, que prohíbe a extranjeros involucrarse en actividades políticas de carácter nacional o internacional dentro del territorio hondureño.
A la controversia se sumó la presencia física en Honduras de Fernando Cerimedo, estratega político argentino y asesor del candidato presidencial por el Partido Nacional Nasry Asfura, quien permaneció en el búnker de campaña durante la fase más crítica del proceso electoral.
Cerimedo, conocido por operaciones digitales en campañas de ultraderecha en América Latina, emitió comentarios –en redes sociales y en entrevistas a medios hondureños –de carácter político tanto desde Honduras como desde el extranjero.
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El abogado constitucionalista y doctor en Derechos Humanos, Joaquín Mejía, explicó que la interpretación jurídica del artículo 32 difiere según el extranjero se encuentre dentro o fuera del territorio nacional.
“Si están fuera del país, pueden expresar lo que les dé la gana. Pero si están en territorio nacional, la Constitución y la Ley Electoral establecen límites claros”, afirmó Mejía al ser consultado por Criterio.hn sobre las atribuciones de extranjeros en el país que emiten comentarios de carácter político.
Para el jurista, cuando un asesor extranjero contratado por un partido político da declaraciones públicas que influyen en el electorado, “se extralimita en sus funciones y viola abiertamente la Constitución”.
Mejía cuestionó que ni las autoridades ni los partidos involucrados actúen ante estas violaciones, lo que calificó como “vergüenza generalizada y reflejo de una institucionalidad débil”.
“Quienes lo contratan tampoco hacen nada, pese a que se llenan la boca de defender la democracia. Y quienes comentan desde fuera lo hacen sabiendo que gozan de impunidad”, cuestionó el doctor en derechos humanos.
En el caso de Roger Stone, exasesor de Trump, Mejía fue claro “legalmente no se puede actuar porque está en su país, pero la sociedad hondureña debería denunciar esa injerencia. Aquí no hay ni el mínimo patriotismo para hacerlo”.
También cuestionó la postura de ciertos analistas nacionales que minimizan la intervención externa “o son ignorantes de las relaciones internacionales, o se hacen los tontos”.
De igual manera, recordó que principios como la soberanía nacional y la no intervención son pilares del derecho internacional y están consagrados en la Carta de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Consultado sobre las instituciones responsables de evitar estas violaciones, Mejía señaló al Instituto Nacional de Migración (INM) y al Consejo Nacional Electoral (CNE).
Sin embargo, afirmó que estas entidades muestran una profunda debilidad institucional al no ejecutar sanciones o medidas preventivas.
“Cualquier extranjero que desde el país emita opiniones políticas debería ser expulsado. Yo no puedo hacerlo en Estados Unidos ni en ningún otro país”, concluyó el entrevistado.
En tanto el analista político y sociólogo Engel López, señala que la intromisión de actores extranjeros –especialmente del presidente Trump y asesores políticos ligados a la derecha— debe analizarse también desde un plano geopolítico.
López señaló que, si bien la Constitución de la República contempla la prohibición de injerencia extranjera, leyes como la Electoral carecen de mecanismos claros para sancionar estas intervenciones.
Asimismo, explicó que el comportamiento de determinados sectores económicos y mediáticos, que celebran o normalizan estos mensajes, refuerza esa dependencia histórica hacia intereses extranjeros.
Ambos entrevistados coinciden en que la falta de respuesta institucional y social permite que estas intervenciones sigan ocurriendo sin consecuencias.
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INJERENCIA DE EE.UU. EN ELECCIONES HONDUREÑAS
La intervención más notoria fue la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el 26 de noviembre, desde su plataforma Truth Social, pidió explícitamente a la población hondureña votar por Nasry Asfura, candidato presidencial del conservador Partido Nacional.
Trump advirtió que, si Asfura no ganaba, retiraría todo apoyo económico a Honduras, mensaje que analistas catalogan como presión indebida y un acto de injerencia sin precedentes en la historia reciente del país.
El mandatario estadounidense aseguró que Asfura era el único líder capaz de “defender la democracia”, trabajar contra Nicolás Maduro y proteger “la libertad”, colocándose abiertamente del lado del Partido Nacional en plena contienda electoral.
En contraste, se refirió al candidato liberal Salvador Nasralla como un “enemigo de la libertad”, mencionando que su desconfianza provenía de la alianza electoral que este mantuvo con la presidenta Xiomara Castro en 2021.
La declaración de Trump, traducida al español, incluyó la promesa de indultar completamente al expresidente Juan Orlando Hernández, actualmente enfrentando procesos judiciales, si Asfura resultaba ganador.
A juicio de analistas y sociólogos este mensaje no solo representa una injerencia política, sino también un condicionamiento geopolítico que afecta la soberanía nacional.
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Engel López, sociólogo y analista, considera que las declaraciones de Trump y Cerimedo responden a una lógica de “colonialidad”, donde Honduras sigue siendo un territorio estratégico para intereses militares, económicos y de seguridad de potencias extranjeras.
A ello se suma la competencia global entre Estados Unidos y China, que coloca a Honduras en un punto clave para la reconfiguración de alianzas y dependencias.
La injerencia extranjera en el proceso electoral hondureño no solo refleja una violación constitucional, sino un problema estructural de soberanía debilitada, instituciones frágiles y élites políticas que perpetúan una cultura entreguista. Mientras estas dinámicas persistan, Honduras seguirá expuesta a presiones externas que condicionan su democracia y su futuro político.
