Antes del 1 de septiembre, el Poder Legislativo debe elegir a las dos personas que ocuparán los cargos de fiscal general y fiscal general adjunto, que hasta el momento ostentan Óscar Fernando Chinchilla y Daniel Sibrián, respectivamente
Tegucigalpa, Honduras. -La elección del fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público se ha visto entrampada ante la crisis e ingobernabilidad que existe entre la bancada del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) y el opositor Partido Nacional. Las fuerzas políticas con mayor número de diputados no han podido llegar a un acuerdo para designar a las autoridades de la fiscalía, pese a que existe un pacto tripartito.
Dicho acuerdo fue firmado el 16 de febrero, previo a la elección de las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde el Partido Libre, Partido Nacional y el Partido Liberal, obtuvieron su cuota de poder en el máximo tribunal de justicia.
Uno de los puntos más importantes del pacto es la aprobación de una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público para que elevar a elección de segundo grado el director de fiscales, y así poder asegurar que el tripartidismo tenga su representación en el ente acusador del Estado.
Según la Constitución de la República las nuevas autoridades de la fiscalía deben ser electas antes del 1 de septiembre, es decir que restan seis días, pero la existencia de una crisis al interior del Congreso Nacional y la suspensión de sesiones complica este proceso.
Es importante resaltar que el pasado 1 de agosto de 2023 la Junta Proponente entregó al Poder Legislativo la lista con los cinco postulantes que aprobaron cada una de las etapas del proceso de selección, sin embargo, en ese poder del Estado no se ha iniciado un diálogo que lleve a los consensos necesarios para la elección de las autoridades de la Fiscalía.
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SUSPENCIÓN DE SESIONES E INSURRECIÓN, ES UNA ESTRATEGIA PARA DILATAR ELECCIÓN
Por tres semanas consecutivas, las sesiones han sido suspendidas o canceladas por el estira y encoge, protagonizados por el oficialismo y la oposición, esta vez las reuniones del pleno fueron entorpecidas por el daño al sistema de audio y votación, sumado a una investigación que realiza la Dirección Policial de Investigación (DPI) en las instalaciones del hemiciclo.
El jueves 24 de agosto agentes de la DPI se apersonaron al Congreso Nacional de Honduras para realizar una investigación, tras la denuncia hecha por el gerente general de ese poder del Estado, David Reyes, sobre la posible presencia de “artefactos explosivos” en las instalaciones del Legislativo.
En el vídeo se observa que en uno de las gavetas de los curules de los diputados del Partido Nacional, se encontraron cuatro cohetes, sin embargo, las autoridades del Congreso Nacional y de la DPI no han dado más detalles de la investigación.
La abogada del Equipo Jurídico, Kenia Paz, señala que la ingobernabilidad en el Poder Legislativo y que ha mantenido en ascuas la elección del fiscal general y adjunto del Ministerio Público, tiene como objetivo que la corrupción y los privilegios de la clase política.
La jurista dijo a Criterio.hn que, si existen indicios suficientes como para corroborar de que existe un riesgo en la seguridad de las y los diputados, del personal y de quienes asisten a las sesiones en ese poder del Estado se deben de tomar las medidas de seguridad necesarias.
“Pero si se hace como un medio de distracción a lo que realmente importa en este punto que es la elección del fiscal general creo que es muy lamentable y el país no se merece que los congresistas de todas las corrientes políticas estén en contubernio con este de show que están montando ciertos grupos políticos”, aseveró la jurista.
Para la integrante de Articulación Ciudadana para la Transparencia y la Justicia (ACTJ), Gabriela Blen, la única razón de estas situaciones tan complejas en el Congreso Nacional busca retrasar la elección del fiscal general y adjunto porque se esté buscando complacer a algunos sectores que quieren garantizar impunidad.
En una entrevista a Criterio.hn la representante de sociedad civil precisó que las y los legisladores deben elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público para beneficio de la población y no para satisfacer a los sectores corruptos que a través de la manipulación de las instituciones fiscalizadoras y de justicia han logrado impunidad.
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¿SE HAN ROTO LOS CONSENSOS?
Desde la elección de las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se conoció la firma del acuerdo tripartito, sin embargo, la abogada del Equipo Jurídico, Kenia Paz, es del criterio que estos acuerdos se han roto.
Seguidamente, aclaró que esta elección de segundo grado no debe tratarse sobre la repartición de puestos por una afiliación política, ya que se debe procurar obtener un Ministerio Público que recupere su institucionalidad y cumpla con el objetivo de servir a la sociedad y de representar los intereses generales de la población.
“En este país no hemos tenido un fiscal general que realmente haya respondido a esos intereses generales de la sociedad bien”, lamentó.
