Por: Luis Fernando Alonso
Los casos de corrupción en Honduras rara vez se centran en funcionarios de alto nivel y no dan como resultado penas de prisión, lo que indica la existencia de un sistema ineficaz y excesivamente burocrático que les permite a los funcionarios corruptos actuar con relativa impunidad, según lo señala un reciente informe.
El informe, presentado el 28 de junio por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), dice que la Procuraduría General de la República de Honduras recibió 3.471 denuncias de corrupción entre 2008 y 2015, pero sólo 283 fueron presentadas ante la corte.
La ASJ analizó 110 de esos casos y descubrió que sólo una de las condenas incluyó una pena de prisión: un policía fue condenado a siete años y seis meses por soborno.
El informe dice que el 56 por ciento de los casos terminaron en sentencias alternativas, es decir, no implicaron penas de prisión, exigieron pocas restituciones, o ninguna en absoluto, y permitieron que los delincuentes volvieran al servicio público sin ningún registro en sus antecedentes penales. Otro 27 por ciento de los casos resultaron en lo que la ASJ describe como “impunidad”, lo que significa que seguían sin resolverse después de más de tres años. Sólo en el 17 por ciento de los casos estudiados, es decir, 9 en total, se dictó un veredicto de culpabilidad.
El informe señala que algunos de los acusados eran funcionarios de alto nivel y que los juicios se centraron en corruptelas más que en casos más graves.
Jan-Michael Simon, principal asesor de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), dijo en el lanzamiento del informe que estaba sorprendido de que los casos más graves —los relacionados con malversación de fondos públicos, falsificación de documentos, enriquecimiento ilícito y sobornos— han sido resueltos mediante conciliación.
“Es una circunstancia inaceptable en un Estado de Derecho”, dijo Simon. “Aquí parece que hay una perversión de la lógica. La lógica acá no es hacer el proceso rápido, poco costoso y concentrado hacia los grandes procesos de corrupción si no de salidas procesales sin pagar los daños.”
El informe de la ASJ señala que el sistema de Honduras para hacer frente a la corrupción se vio obstaculizado por la falta de coordinación entre las instituciones de gobierno encargadas de administrar justicia, pues cada una opera bajo distintos marcos legales, así como con diferencias en cuanto a objetivos y prerrogativas de liderazgo. Las instituciones más a menudo implicadas en los casos de corrupción han sido los organismos nacionales que manejan grandes recursos y proveen servicios públicos básicos, como el Ministerio de Seguridad y la agencia de Administración Tributaria del país.
Análisis de InSight Crime
La ASJ ha puesto al descubierto un sistema de justicia penal que carece de un plan coherente para combatir la corrupción y en el cual la ineficacia burocrática es sistémica. Estas falencias permiten que se produzca la corrupción en los altos niveles con relativa impunidad, mientras los delincuentes de bajo nivel son llevados al sistema judicial para crear la apariencia de que se hace justicia.
El informe llama la atención sobre las barreras burocráticas, la asignación de recursos limitados, una limitada capacidad y la falta de una visión común entre los líderes; en otras palabras, sobre la falta de voluntad política. Los analistas, y la misma misión respaldada por la OEA, esperan que la MACCIH pueda ayudar a Honduras a superar esta inercia e implementar la reforma integral y la inversión necesaria para detener la corrupción en los más altos niveles.(Tomado de InSightCrime)
