Por: Redacción CRITERIO.HN
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- Después de haber dado lectura al “Informe de responsabilidades” emitido por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en el caso de los hospitales móviles, el Consejo Nacional Anticorrupción lo calificó como un pasquín sin soporte legal para perseguir legalmente a los responsables de la compra de equipos médicos y hospitales
El CNA señala que, las ocho (8) páginas que contiene el supuesto informe trasladado al ente persecutor del delito, no constituyen un verdadero documento que contenga un soporte técnico de auditoría, determinando responsabilidad penal en contra de quienes han defraudado las finanzas públicas, específicamente de los fondos que erogó Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H) en la compra de los triajes móviles y equipo en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19
Lamentan el hecho de que el TSC se haya tomado más de dos meses para sacar como resultado un pasquín, del cual no soportan absolutamente nada de lo que se manifiesta, porque lo expresado es lo que la ciudadanía sabe sin necesidad de contar con alguna expertise; ya que es un hecho notorio que el exdirector ejecutivo de Invest-H no consultó a su Consejo Directivo.
Apunta además que de manera vergonzosa la única conclusión contenida en el documento establece: “… Concluimos en que la Dirección Ejecutiva de Invest-H, no se sujetó al estamento legal que rige el accionar de esa institución”; evidenciando tal afirmación, la pobreza profesional de quienes elaboraron el informe y sobre todo del aprobante, puesto que, para escribir ese renglón y medio, no se requiere de expertise alguna, sino únicamente la capacidad de copiar y pegar lo que es de conocimiento público.
El CNA manifiesta que auditoría las diferentes organizaciones de sociedad civil tienen mayor competencia y capacidad de investigación y que le han dado seguimiento al tema de los hospitales móviles y demás equipo adquirido; pues todo resulta más evidente que, en este fingido informe, imperó más el conflicto de interés de un Magistrado, que la obligación institucional, por tanto, las ocho páginas se redactaron por la presión que la ciudadanía ha realizado, para obtener resultados inmediatos en este mega fraude.
Alertan que el informe se redactó bajo este esquema, con el objeto de abrir aristas que provoquen debilidad en los eventuales requerimientos fiscales que emprenderá el Ministerio Público; por lo que desde ya expresamos que es inaceptable tal irresponsabilidad, en donde no existió capacidad de establecer quién o quiénes son los responsables, cuáles fueron las inconsistencias jurídicas que conllevan a determinar la concurrencia de una infracción penal.
Finalmente deja constancia como organización de sociedad civil dedicada a la prevención y combate a la corrupción, de que se están gestando los nuevos cimientos de la impunidad en el caso de Invest-H, a fin de beneficiar a todos los involucrados en este nuevo latrocinio.
