Oacnudh lamenta que la investigación efectiva de los delitos contra personas defensoras de derechos humanos sigue siendo un desafío en el país
Por: Katerin Galo
Fotos: Oacnudh
Tegucigalpa. – El informe sobre situación de Derechos Humanos en Honduras presentado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), asegura que violencia e inseguridad persisten en Honduras, además de constantes abusos y uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de los entes de seguridad.
En el documento presentado este martes 28 de marzo a los medios de comunicación y sociedad civil, también dio una serie de recomendaciones al Estado de Honduras para adoptar un plan nacional de acción en derechos humanos integral que incluya también la garantía de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con un enfoque diferenciado sobre poblaciones en situación de vulnerabilidad.
El informe de la Oacnudh destaca los principales alcances y desafíos en la promoción y protección de los derechos humanos.
La oficina del comisionado de derechos humanos de la ONU señala que con la llegada de un nuevo gobierno el 27 de enero de 2022, encabezado por la primera mujer presidenta, Xiomara Castro, quien ha demostrado voluntad política en materia de derechos humanos y lucha contra la corrupción, configura un nuevo escenario para el trabajo de derechos humanos en Honduras.
Entre los puntos que fueron destacados en el informe resaltan la adopción de un marco legal para fortalecer la independencia del Poder Judicial, el inicio de la desmilitarización progresiva de la administración de los centros penitenciarios en el país, la derogación de normativas como la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional conocida como Ley de Secretos y todo lo que tiene que ver con las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y los avances en materia medioambiental.
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USO EXCESIVO DE LA FUERZA POR PARTE DE CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO
La Oficina del Alto Comisionado precisó que se continuaron registrando abusos por parte de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas. El 25 de febrero, la OACNUDH documentó un allanamiento irregular en Marcovia, Choluteca, cuando agentes de esta unidad militar hizo uso innecesario de armas letales, disparando contra la población, dejando como resultado un hombre fallecido y cuatro heridos.
Dicha investigación continúa en curso sin presentar cargos en contra de los presuntos responsables, comprometiendo una justicia pronta y efectiva para las víctimas.
El 31 de mayo, miembros de dicha Fuerza dispararon durante una persecución a pie en contra de un joven de 21 años que estaba siendo investigado por suponerlo responsable de haber agredido a una agente de Policía Nacional en un partido de fútbol. La Oficina documentó el uso excesivo de la fuerza en los allanamientos ilegales y arbitrarios a viviendas sin orden judicial durante los operativos de búsqueda.
Después que el Ministerio Público presentara un requerimiento fiscal basado en el protocolo de Minnesota, el 23 de octubre, el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula dictó auto de formal procesamiento a cuatro miembros de la Fuerza por asesinato, tortura, encubrimiento y falsificación de documentos públicos.
La Oacnudh considera que la investigación en el caso del uso innecesario y excesivo de la fuerza por la Fuerza de Tarea Conjunta de las Fuerzas Armadas en el 2021 en la comunidad de Ibans, Gracias a Dios en contra del pueblo Miskito, se llevó a cabo sin debida diligencia.
También recibió alegaciones de falta de acceso a la información y participación de las víctimas. El acceso a una justicia pronta y con enfoque de género sigue siendo un desafío. Continúan pendientes de resolución por la Sala de lo Constitucional varios recursos claves de amparo y de inconstitucionalidad en derechos sexuales y reproductivos y matrimonio igualitario.
En el caso de Keyla Martínez16, el proceso judicial se ha desarrollado sin perspectiva de género, incluido por la denegación por la Sala de lo Constitucional de un amparo presentado por el Ministerio Público en contra del cambio de calificación del delito de femicidio a homicidio.
Asimismo, ha documentado el constante hostigamiento y represalias en contra de víctimas y testigos que cooperan con investigaciones, así como retos para la protección efectiva de estas personas debido a falta de recursos y riesgos en el manejo de información confidencial, entre otros.
En temas de seguridad la OACNUDH a la entrada en vigencia del estado de excepción decretado por la presidenta Castro declaró y que inicio el 6 de diciembre del 2022 en 162 barrios de Tegucigalpa y San Pedro Sula con mayores índices de criminalidad. Las principales medidas adoptadas fueron la suspensión de los derechos de libertad personal, libertad de asociación, reunión y circulación.
Esta medida también otorgó facultades a la policía para realizar detenciones y allanamientos sin orden judicial. En ese sentido, enfatizaron en la necesidad de adoptar una política integral en materia de seguridad con énfasis en la prevención e investigación que aborde las causas profundas de la violencia.
AGRESIONES A DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE
Las Naciones Unidas lamentan que la investigación efectiva de los delitos contra personas defensoras de derechos humanos sigue siendo un desafío en el país.
La Oficina registró al menos 173 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas en 2022, resultando en un total de 242 víctimas, de las cuales 191 son defensoras y 51 periodistas. De estas víctimas, 147 estaban dedicadas a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente, 36 al periodismo y 19 a la defensa y promoción de los derechos de las personas LGBTI.
Del total, 117 víctimas eran hombres cisgénero, 66 mujeres cisgénero, 5 mujeres transgénero y 1 (0.4%) hombre transgénero. En 53 casos los ataques fueron contra organizaciones, medios de comunicación u otros colectivos. Asimismo, 68 eran indígenas y 26 afrohondureñas.
La OACNUDH destaca que 3 de cada 4 ataques son contra quienes defienden la tierra, el territorio y el medioambiente, cifra que evidencia su extrema situación de riesgo. El 24.8% de las personas defensoras víctimas de agresiones entre 2021 y 2022 son afrohondureñas, lo que demuestra un impacto desproporcionado contra una comunidad que representaría el 0.7% de la población25.
Además, documentaron 11 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y 3 periodistas (12 hombres cisgénero, 2 mujeres transgénero). De estas víctimas, 6 de ellos estaban dedicadas a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente y 3 a la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI, de los cuales 2 eran mujeres transgénero. Aunque las agresiones contra estos grupos han disminuido respecto al año anterior, preocupa que los asesinatos han aumentado.
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URGEN MEDIDAS INTEGRALES DE SEGURIDAD
Además, recomendaron aprobar e implementar una política de seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos que haga efectiva la desmilitarización gradual, tanto a nivel operativo como de cultura institucional, promoviendo la visión y liderazgo civil en el sector.
También, plantearon el abordar de forma integral los problemas de inseguridad y violencia, priorizando, la prevención, investigación y sanción. Las declaraciones de estado de excepción y suspensión de derechos fundamentales deben ser adoptadas en estricto respeto al derecho internacional de los derechos humanos. Todas las medidas tomadas en este contexto deben ser proporcionales, temporales y limitarse a las estrictamente requeridas por las exigencias de la situación.
Fortalecer la independencia del sector justicia a partir de la revisión del marco constitucional y legal del Poder Judicial con la aprobación de su ley orgánica y la del Consejo de la Judicatura, así como del Ministerio Público, con particular atención a la elección del o de la fiscal general
La representante de OACNUDH en Honduras Isabel Albaladejo señaló que la actual administración asumió funciones en un contexto de problemas estructurales preexistentes que subyacen a la violación de los derechos humanos: pobreza y desigualdad, conflictos por la tierra, violencia, inseguridad, impunidad, debilidad institucional y la cultura patriarcal, entre otros.
