Informe de la ONU sobre desapariciones forzadas impulsa exigencias del Copinh a bancos y empresas

El Copinh exige acceso a la verdad, reparación y cambios en políticas de inversión tras el informe del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas, que señala la responsabilidad de bancos y empresas privadas en violaciones de derechos humanos en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. – El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) sostiene la exigencia de acceso a la verdad y cambios en las políticas de inversiones tras la última publicación del Grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas, en la que se aborda quiénes están detrás de las desapariciones forzadas en los territorios. 

El reporte amplió el marco de análisis de la desaparición forzada, que previamente limitaba la acción a eventos donde únicamente participaron agentes del Estado, e incorporó la actuación de terceros, como los actores financieros que incluyen a bancos de desarrollo y las empresas de inversión privadas.

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El Grupo de Trabajo advirtió que los actores financieros continúan obligados por los Principios Rectores de la ONU a respetar los derechos humanos, aplicar políticas adecuadas y establecer mecanismos de rendición de cuentas.

Además, expresó preocupación por el incumplimiento de estas obligaciones y la evasión de las responsabilidades en materia de reparación. Como ejemplo, citó el caso de Berta Cáceres, en el que los financiadores del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca –FMO, BCIE, y Finnfund– no han ofrecido disculpas, compensaciones ni restitución de tierras, pese a las condenas penales relacionadas al asesinato de la lideresa y el fraude vinculado al proyecto hidroeléctrico.

El Copinh ha sostenido la responsabilidad directa del FMO, BCIE y Finnfund en el financiamiento del proyecto que derivó en el asesinato de Cáceres, pese a las denuncias que ella realizó en vida. Además de demandar acceso a la información sobre los financiamientos y la modificación de las políticas de inversión, la organización exige la reparación integral a los pueblos y víctimas.

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Camilo Bermúdez, miembro del equipo de litigio del Copinh, manifestó a Criterio.hn que con la mención realizada por el Grupo de Trabajo en el informe se reitera que las instituciones financieras tienen una responsabilidad en este tipo de violaciones de derechos humanos al proveer el financiamiento a empresas como Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que posteriormente son usados por cometer delitos y violaciones a los derechos humanos.

Bermúdez señaló la importancia de evidenciar la responsabilidad de las instituciones financieras, ya que en el caso de Agua Zarca contaban con información sobre graves violaciones de derechos humanos y decidieron ignorar las advertencias y denuncias de Berta Cáceres, lo que permitió la continuidad de esos abusos y culminó en el asesinato de la lideresa.

Además, consideró relevante que el informe del Grupo de Trabajo subraye la responsabilidad de las instituciones financieras, en consonancia con los debates internacionales sobre la debida diligencia empresarial. Bermúdez resaltó que las denuncias por el caso Agua Zarca y Berta Cáceres han contribuido a impulsar legislaciones orientadas a prevenir actuaciones empresariales que vulneren los derechos humanos en países como Honduras.