El análisis publicado por WOLA recuerda que en marzo de 2024 el jurado declaró culpable a Hernández de tres cargos federales, tras una extensa presentación de pruebas por parte de la fiscalía estadounidense, que lo vinculaban directamente con una red de narcotráfico de gran escala.
El 26 de junio de 2024, el juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Castel, sentenció a Juan Orlando Hernández a 45 años de prisión tras declararlo culpable por delitos relacionados al narcotráfico. Sin embargo, el pasado 1 de diciembre fue favorecido con un indulto otorgado por el mandatario estadounidense, Donald Trump.
Tegucigalpa, Honduras. –El indulto otorgado por el presidente estadounidense, Donald J. Trump, al exmandatario Juan Orlando Hernández, ha provocado fuertes cuestionamientos a nivel internacional. El análisis del Washington Office on Latin America (WOLA por sus siglas en inglés) advierte que la decisión tiene profundas implicaciones para la justicia, la lucha contra el narcotráfico, los derechos humanos y la credibilidad de la política exterior estadounidense en la región.
Según el análisis de WOLA, durante la presidencia de Hernández Alvarado – quien se reeligió violentando la Constitución hondureña en 2017— entre 2014 y 2022, Honduras fue identificada como un país marcado por el narcotráfico a gran escala, la corrupción sistémica y graves violaciones a los derechos humanos, particularmente contra defensores del territorio, del medio ambiente y periodistas.
El 28 de noviembre de 2025, a menos de 48 horas para las elecciones generales en Honduras, Trump anunció en la red social Truht que concedería un indulto “total y completo” a Hernández. Tres días después, el 1 de diciembre, el indulto fue formalizado y el exmandatario quedó en libertad, pese a haber sido condenado a 45 años de prisión y cinco años de libertad supervisada, apenas un año antes.
En la publicación WOLA señala que la condena de Hernández se considerado histórica por la investidura que ostentaba. En marzo de 2024, un jurado federal en Manhattan lo declaró culpable de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, de utilizar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos para facilitar ese tráfico, y de conspirar para el uso de dichas armas.
Además, señala que la fiscalía estadounidense presentó abundante evidencia que describía un esquema de “narcotráfico patrocinado por el Estado”, en el cual Hernández utilizó instituciones públicas, fuerzas de seguridad y su poder político para proteger cargamentos de droga a cambio de sobornos millonarios y apoyo electoral.
Según los fiscales, entre 2004 y 2022, cientos de miles de kilogramos de cocaína transitaron por Honduras bajo la protección del entonces presidente. Durante el juicio se habló de más de 400 toneladas de droga enviadas hacia Estados Unidos como parte de esta red criminal.
La acusación de la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York detalló que la Policía Nacional y el Ejército hondureño (Fuerzas Armadas) fueron utilizados para resguardar cargamentos, mientras las organizaciones narcotraficantes empleaban armas de alto poder para asegurar las rutas. Hernández, de acuerdo con el expediente judicial, recibió millones de dólares del narcotráfico para financiar su ascenso político.
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De acuerdo con los fiscales, Hernández lideró un esquema descrito como “narcotráfico patrocinado por el Estado”, utilizando instituciones públicas, fuerzas de seguridad e influencia política para proteger y expandir operaciones de tráfico de cocaína a cambio de sobornos millonarios.
Un elemento clave citado por WOLA es la acusación de que el Cártel de Sinaloa, a través de su entonces líder Joaquín “El Chapo” Guzmán, entregó alrededor de un millón de dólares a un hermano y aliado cercano de JOH a cambio de protección para sus operaciones en Honduras.
Asimismo, la fiscalía sostuvo que Hernández recibió millones de dólares en sobornos del narcotráfico, recursos que luego fueron utilizados para financiar su carrera política y sus campañas electorales.
Según los fiscales, estos fondos también habrían sido usados para sobornar a funcionarios electorales e influir en los procesos que llevaron a Hernández a ganar las elecciones de 2013 y 2017.
Tras días de juicio y la declaratoria de culpabilidad sobre Hernández Alvarado, se fijo la fecha para dar a conocer la sentencia por los delitos de tráfico de drogas.
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El análisis de WOLA enfatiza sobre la fuerte contradicción entre la retórica de Trump contra el narcotráfico y la decisión de indultar a un expresidente condenado en Estados Unidos por conspirar para traficar drogas y armas hacia esa nación.
“Al anular dicha condena, Estados Unidos corre el riesgo de socavar la credibilidad de su propio sistema de justicia, lo que indica que incluso los funcionarios de más alto nivel podrían verse protegidos cuando convenga a sus intereses políticos o estratégicos”, cita el texto de WOLA.
El indulto también establece un precedente preocupante frente a otros casos emblemáticos, como el de Juan Antonio Hernández Alvarado, hermano de JOH o el del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, que habían sido presentados como avances en la rendición de cuentas de las élites.
WOLA compara esta decisión con el caso del general Salvador Cienfuegos en 2020, cuando el Departamento de Justicia retiró cargos contra el exsecretario de Defensa mexicano, un episodio que, según investigadores, debilitó la cooperación bilateral en seguridad.
A nivel regional, el análisis advierte que el indulto podría debilitar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, al erosionar la confianza en el compromiso de Estados Unidos con el Estado de derecho.
WOLA también cuestiona la incoherencia de la política antidrogas estadounidense, al contrastar el indulto a Hernández con operaciones militares que se presentan como parte de la lucha contra el narcotráfico en otros países.
Más allá del narcotráfico, el análisis enfatiza que durante el gobierno de Hernández se cometieron graves violaciones a los derechos humanos que permanecen impunes, incluyendo asesinatos, amenazas y ataques contra periodistas, abogados y defensores de derechos humanos.
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WOLA concluye que en Honduras el panorama legal para Hernández sigue abierto, ya que las autoridades han reactivado causas internas y solicitado una orden de captura internacional por delitos de fraude y lavado de activos, lo que anticipa nuevos escenarios de tensión diplomática y judicial.
