El 21 de abril de 2022, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos ese mismo día, de conspirar para importar cocaína a EE. UU. y de utilizar armas de guerra para facilitar ese delito.
El 26 de junio de 2024, el juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Castel, sentenció a Juan Orlando Hernández a 45 años de prisión y cinco años de libertad supervisada tras declararlo culpable por delitos de tráfico de 5,000 toneladas de cocaína y de armas a Estados Unidos.
18 meses después de la sentencia contra Hernández Alvarado el presidente de Estados Unidos Donald Trump, otorgó “el perdón” y ha dejado en libertad.
Tegucigalpa, Honduras. –Pese a haber sido condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas y armas, el expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, recibió un indulto del presidente estadounidense Donald J. Trump. La decisión, inesperada para analistas y especialistas en justicia internacional, abre una serie de interrogantes sobre su eventual retorno a Honduras.
Pero más allá de la sorpresiva decisión de Trump, la pregunta central sigue siendo ¿qué significa el retorno de Hernández Alvarado para Honduras? Analistas consultados por Criterio.hn coinciden en que su regreso podría abrir una etapa de reconfiguración de poderes vinculados al narcotráfico y la corrupción.
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Joaquín Mejía, abogado constitucionalista y doctor en Derechos Humanos, señala que el indulto debe leerse desde dos planos: uno jurídico y otro político. Pero ambos escenarios tendrán un impacto profundo en el país.
Mejía aclaró que, desde el escenario jurídico, un indulto no borra los delitos cometidos por una persona. “El perdón solo implica que Estados Unidos decide no aplicar la sanción, pero no significa que Hernández es inocente”, explicó.
El jurista expone que esta decisión desmonta el discurso del presidente Donald Trump de su supuesta lucha contra el narcotráfico. “No se puede condenar a Nicolas Maduro, mandatario de Venezuela, mientras se indulta a un expresidente hondureño acusado por características similares”, afirmó.
El retorno de Hernández también reactiva, según Mejía, los “fantasmas del narcoestado”, pues las estructuras criminales creadas durante su gobierno nunca fueron desmontadas.
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En esa misma línea de pensamiento se pronunció el abogado y coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad (BED), Víctor Fernández, al advertir que la liberación del exmandatario Juan Orlando Hernández abre la posibilidad de una recomposición de las estructuras de corrupción y narcotráfico que operaron durante su mandato.
Durante una entrevista brindada a Criterio.hn expone que esta acción de Estados Unidos deja una lección, y es que el país debe ser capaz de juzgar y ejecutar sentencias contra figuras de alto poder político y criminal.
A nivel simbólico, el abogado calificó el indulto a favor de Hernández Alvarado como “una burla” para el pueblo hondureño, que esperaba que el proceso en Estados Unidos representara algún tipo de justicia.
Fernández lamenta que un caso que mantuvo a Honduras en vilo termine en lo que describe como “una caricatura grotesca del sistema de justicia”. Añadió que el indulto envía un pésimo mensaje a la población: se confirma la culpabilidad, pero se borra el castigo.
Dadas las investigaciones en curso en Honduras, el abogado considera que el Ministerio Público debe actuar. Hernández tiene abierta una acusación en el Caso Pandora II, por fraude y lavado de activos relacionado con 62 millones de lempiras.
“Si existe orden de captura debe ser detenido al regresar, como ocurre con cualquier persona deportada o retornada desde Estados Unidos”, explicó el exfiscal del Ministerio Público.
A juicio del abogado y analista político, Rafael Jerez, el indulto concedido al expresidente Hernández Alvarado no debe celebrarse. “Su juzgamiento en Estados Unidos fue un reflejo del fracaso de la justicia nacional”, escribió en su cuenta de redes sociales.
Para Jerez, la coyuntura política que permitió la liberación del expresidente revive la impunidad que lo protegió durante años en Honduras. “Su retorno debería ser un llamado urgente para construir un sistema de justicia capaz de manejar casos de alta complejidad, especialmente en un contexto electoral”, sostuvo.
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La esposa de Hernández, Ana García Carías, reaccionó emocionada ante la noticia del indulto, agradeciendo a Trump y calificando la liberación como “un milagro de Dios”.
García Carías reaccionó emocionada ante la noticia del indulto, agradeciendo a Trump y calificando la liberación como “un milagro de Dios” dijo en una declaración a un medio nacional.
Aseguró que, tras casi cuatro años, pudo comunicarse con su esposo mediante una videollamada junto a sus hijos y familiares cercanos, y que en su momento Hernández enviará un mensaje al pueblo hondureño, pero que por temas de seguridad no está previsto que regrese a Honduras pronto.
También afirmó que la familia iniciará trámites para solicitar visas y reunirse con él en un país seguro, sin revelar ubicación ni fecha.
García aseguró que el caso contra Hernández fue una “persecución política” promovida por el gobierno de Joe Biden, y que el indulto confirma su inocencia. Estados Unidos no ha respaldado esa versión.
La exprimera dama reiteró la frase que sostuvo durante todo el proceso: “Él volverá”, e insistió en que el indulto confirma que “siempre estuvo en lo correcto”.
FISCALÍA HONDUREÑA DEBE ACTUAR CONTRA JOH
Joaquín Mejía, abogado constitucionalista, asegura que el retorno del exmandatario abre una oportunidad histórica para que la justicia hondureña asuma su responsabilidad de investigar y enjuiciar los crímenes cometidos por Hernández Alvarado en territorio nacional.
Entre los delitos aún pendientes en Honduras menciona graves violaciones a derechos humanos, corrupción estructural y vínculos con el narcotráfico. “Nada de eso está perdonado”, remarcó.
Para Mejía, si el sistema de justicia hondureño actúa con independencia, debería ejecutar medidas inmediatas en cuanto Hernández pise suelo hondureño. De lo contrario —subraya— evidenciaría falta de voluntad política del Ministerio Público y el sistema de justicia hondureño.
En términos políticos, el constitucionalista sostiene que, el indulto representa “una bofetada para el pueblo hondureño”, especialmente para quienes vivieron los años más duros del narcoestado.
Mejía concluye con una reflexión crítica sobre la reciente elección de Nasry Asfura, señalando que un amplio sector del electorado volvió a apoyar al Partido Nacional pese a su historial. “Los pueblos merecen a los gobernantes que eligen”, señaló.
Con su liberación, Hernández vuelve al tablero político, judicial y simbólico de Honduras. Su retorno —sea inmediato o a mediano plazo— plantea una prueba decisiva para las instituciones hondureñas, la independencia judicial y la estabilidad democrática del país
