Foto portada: Secretaría de Prensa
Tegucigalpa. – La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en Consejo de Defensa y Seguridad, aprobó la segunda fase del Plan Nacional de Seguridad: “Solución Contra el Crimen”, donde además de la ampliación del estado de excepción, se instruye a las Fuerzas Armadas habilitar los batallones como centros de reclusión de emergencia.
Una medida cuestionada y utilizada durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos, acusado por delitos de narcotráfico, y que de acuerdo con analistas únicamente significa un retroceso en materia de derechos humanos.
El Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP- CONAPREV), se pronunció preocupado ante las 9 medidas que contempla el Plan de Seguridad, con vigencia de seis meses.
El ente defensor de derechos humanos, indicó que la habilitación de batallones como centros de reclusión de emergencia “representan un retroceso en respeto y garantía de derechos de las personas detenidas y es contrario a los estándares de derechos humanos.
Honduras, durante los gobiernos nacionalistas de Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, mantuvo una política de seguridad ciudadana con la presencia militar en las calles, el control e instalaciones penitenciarias en centros militares.
De acuerdo con, Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), este fue “proceso deficiente en materia de seguridad, no sirvieron para nada, los resultados prácticamente son nulos”.
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¿SERÁ OTRA PROMESA INCUMPLIDA DE XIOMARA CASTRO?
Esta medida adoptada por el gobierno de Xiomara Castro, de incluir a los militares en una estrategia de seguridad ciudadana entra en contraposición con su discurso de campaña y al inicio de su gobierno en el 2021, donde prometió a la ciudadanía hondureña “regresar los militares a sus cuarteles”.
La mandataria hondureña en su Plan de Gobierno, plasmó la promesa de desmilitarizar la seguridad ciudadana. “Los guardianes del pueblo no pueden ser los mismos que los defensores del territorio, porque cada cual se entrena para su fin específico”, indica el escrito.
Para el director de Ciprodeh, Javier Acevedo, esta medida marca un retroceso en sus promesas de campaña de desmilitarizar la sociedad, y además, indicó que marca “una respuesta o una presión muy fuerte, existente en el país y en la región por adoptar medidas al estilo Bukele”.
Por otro lado, Acevedo, en entrevista con Criterio.hn, dijo que los militares, al formar parte de esta estrategia de seguridad ciudadana, “muestra que las Fuerzas Armadas tienen mucho poder”.
Ante este anuncio, Joaquín Mejía, defensor de derechos, calificó como “incumplimiento radical” a las promesas de la mandataria hondureña. “Es lamentable que no puedan pensar más allá y creer que el tema de la violencia se reduce estrictamente a policías, militares, fiscales y jueces”, apuntó mejía.
Adema, Mejía refirió que la incorporación de militares en tareas de seguridad ciudadana, genera un impacto mediático en la población y por tanto, se envía un mensaje –a opinión de Mejía incompleto—, que se está actuando con mano dura contra la violencia en el país.
Por su parte, Víctor Fernandez, abogado del Bufete Estudios Para la Dignidad, es de la opinión que desmilitarizar la sociedad fue “un buen discurso que todavía hace falta cumplir, incluso ni se aprecia voluntad y coherencia para cumplirla”
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HONDURAS INCUMPLE RECOMENDACIONES INTERNACIONALES
Honduras es uno de los 172 Estados que han ratificado la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en ese sentido, este organismo desarrolla evaluaciones a los países.
Debido al control del sistema penitenciario por parte de los militares y policías, las denuncias de violaciones de derechos humanos y por las condiciones de los centros penales, el Estado de Honduras recibió recomendaciones en el 2016 por parte del Comité Contra la Tortura (CAT), donde se llamó al Estado a ·poner fin a la detención de presos comunes en las instalaciones militares.
En ese sentido, Joaquín Mejía, calificó esta instrucción como “una grave contradicción con los estándares internacionales de derechos humanos”.
Además, refirió que el uso de los batallones para centros de detención “es totalmente inconstitucional”. El artículo 172 de la Constitución de la República de Honduras, indica que se instituyen las Fuerzas Armadas “para defender la integridad territorial y la soberanía de la República”.
Por otro lado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), advirtió que la asignación de nuevas tareas de seguridad las Fuerzas Armadas, “comprometerán los esfuerzos de desmilitarización y podrían afectar la independencia del Poder judicial y del Ministerio público en su función de dirección y control de las detenciones.
En el 2028, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se pronunció sobre la militarización de centros penales, e informó que los militares “no están capacitados para desempeñar este tipo de labores”.
La CIDH reiteró que la formación militar no resulta idónea para controlar y gestionar los centros de detención, por el adiestramiento castrense. “Se presentan particulares violaciones a los derechos humanos, tales como el uso excesivo de la fuerza en sus labores de custodia, y aplicación de reglamentos más estrictos de control de la población privada de libertad”.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), reportó que en el periodo entre 2019 y 2022 atendieron mil 339 quejas de privados de libertad por violaciones a los derechos humanos. El 31 % de las violaciones de derechos humanos son cometidos por autoridades o custodios penitenciarios.
