La primera ampliación que realizó el Poder Ejecutivo al Estado de Emergencia de 2024 en Honduras fue desde el 1 de enero hasta el 14 de febrero, abarcando un periodo de 45 días, conforme a lo establecido en la Constitución de la República. Un día antes de que concluyera la primera prórroga de 2024, el Congreso Nacional la ratificó con el voto de la mayoría simple de diputados (65 votos)
El Poder Ejecutivo publicó en el diario oficial La Gaceta la segunda prórroga de 2024, la cual inició el 19 de febrero y concluirá el 4 de abril. Sin embargo, entre estas fechas se identificó un vacío temporal.
Tegucigalpa, Honduras. – Entre el 15 y 18 de febrero de 2024, se identificó un vacío temporal en el que el estado de excepción en Honduras no estuvo vigente. Esto se debió a que la primera prórroga se extendió hasta el 14 de ese mes, mientras que la segunda fue oficializada por el Poder Ejecutivo, a través del PCM 06-2024, a partir del 19 y terminará el cuatro de abril. Las acciones policiales y militares llevadas a cabo durante esos días, respaldadas por esa medida, podrían haberse realizado al margen de la legalidad.
Las acciones desarrolladas por la Policía Nacional en apoyo de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), durante ese período de tiempo y amparadas en el estado de excepción, caerían en completa ilegalidad porque no estaban suspendidas las garantías constitucionales establecidas en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99 de la Constitución de la República.
Es decir, con la suspensión de estas garantías, las autoridades policiales y militares pueden allanar la vivienda de cualquier ciudadano sin tener una orden judicial previamente emitida, siempre y cuando la investigación indique que ese domicilio es utilizado, por ejemplo, para almacenar drogas, armas, entre otras cosas.
De igual manera, los uniformados pueden arrestar a un ciudadano sin una previa orden de captura, a cualquier ciudadano que esté circulando libremente o esté reunido con un grupo de personas, bajo el argumento de que dio indicios de qué está ejecutando o fraguando una acción criminal.
Entre el 15 y 18 de febrero en Honduras no estuvo vigente el Estado de Excepción, ya que el Ejecutivo oficializó la extensión hasta el 19 de ese mes. La incógnita principal que se plantea a las autoridades policiales y militares es si durante esas fechas llevaron a cabo acciones amparándose en la suspensión de garantías constitucionales. De ser así, esas acciones fueron ejecutadas al margen de la legalidad.
El vacío temporal entre el 15 y el 18 de febrero, junto con la falta de ratificación por parte del Congreso, sitúa las acciones policiales ejecutadas en un terreno fuera de la legalidad. Este doble incumplimiento, al no estar activo el estado de excepción y carecer de ratificación legislativa, cuestiona la validez de las actuaciones policiales realizadas durante ese período.
El Congreso Nacional debe ratificar de manera inmediata, de estar en sesión, el estado de excepción anticipadamente aprobado vía decreto por el Consejo de Ministros liderado en este caso por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
Así lo establece el artículo 187 de la Constitución de la República, el cual indica que el decreto deberá pasar por el pleno de diputados para su ratificación inmediata. Sin embargo, este proceso se ha prolongado en la actualidad, demorándose hasta más de seis meses debido a la falta de acuerdos entre los diputados en otros temas de mayor interés, donde se reparten cuotas de poder en instituciones que entran en elecciones de segundo grado.
En términos más simples y menos técnicos, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, explicó que, por ejemplo, si el estado de excepción no es ratificado, una de las consecuencias podría ser que un ciudadano impugne la validez de la acción realizada por la Policía Nacional.
“Mientras no se ratifique, no se puede convalidar. Al no ratificarse, alguien podría alegar la nulidad del acto que realice la Policía (…). El Poder Ejecutivo lo extendió vía decreto, pero solo el Poder Legislativo puede ratificar y suspender garantías constitucionales”, analizó el diputado del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios.
Más información aquí: Congreso Nacional de Honduras ratifica estado de excepción tras siete meses de ilegalidad
PESE A SU LEGALIDAD O ILEGALIDAD, LA MEDIDA DEJÓ DE SER EXCEPCIONAL
Aunque la institución armada alardea de los logros obtenidos durante el estado de emergencia, esta medida dejó de ser excepcional, pues ya ha transcurrido más de un año desde que fue aprobada. Paradójicamente, el crimen organizado continúa ganando fuerza, llegando al punto de que el cobro de extorsión se está expandiendo a otros sectores, no solo en el transporte urbano.
Lejos de los antecedentes que son palpables y evidentes en el día a día en Honduras, el abogado constitucionalista Joaquín Mejía cuestionó que esta medida perdió su naturaleza jurídica y podría ser utilizada hasta para una propuesta de campaña proselitista.
“La reflexión más importante que debemos hacer es que el estado de excepción es una medida extraordinaria, excepcional, pero cuando estamos hablando que se va a cumplir un año, esa medida perdió su naturaleza y se ha convertido en permanente”, opinó Mejía.
Además, valoró que violencia en Honduras representa un reto significativo para las instituciones estatales. La corrupción y la falta de recursos en algunos sectores clave, como el sistema judicial y las fuerzas de seguridad, dificultan la aplicación efectiva de medidas para contrarrestar la violencia. La construcción de un entorno seguro y pacífico requiere un enfoque integral que aborde las raíces profundas de este problema social.
