Entre 2020 y 2025, el CONADEH documentó más de 400 quejas por vulneraciones a derechos humanos de personas LGBTIQ+ en un contexto de impunidad superior al 90%.
Advierten que la falta de leyes, protocolos y el incumplimiento de la sentencia Vicky Hernández perpetúan la violencia, mientras discursos de odio y desinformación agravan el riesgo para esta población.
Tegucigalpa, Honduras. – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) alertó sobre la persistencia de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de personas LGBTIQA+ en Honduras. De acuerdo con el organismo entre 2020 y junio de 2025, atendió 402 denuncias por vulneraciones a sus derechos fundamentales.
Alex Flores, coordinador de la Defensoría de Personas de la Diversidad Sexual del CONADEH, señaló que esta población vive en una situación de desprotección estructural marcada por la falta de voluntad política, la impunidad y la violencia cultural. «El reto para Honduras es fortalecer el marco legal, transformar la cultura institucional y social que históricamente ha negado derechos a las personas LGBTIQ+», advirtió.
VIOLENCIA Y ALTA IMPUNIDAD
De acuerdo con cifras del Observatorio KAI+, entre 2004 y abril de 2025, se documentaron 579 muertes violentas de personas LGBTIQ+. En paralelo, la Red Lésbica Cattrachas registró, entre enero de 2024 y marzo de 2025, un total de 35 asesinatos de integrantes de la diversidad sexual, de los cuales únicamente cinco fueron judicializados y apenas uno obtuvo una sentencia condenatoria, reflejando un índice de impunidad superior al 90%.
Para Alondra Miranda, asesora y promotora en derechos humanos de la Asociación Kukulkán e integrante del Colectivo Unidad Color Rosa la situación se agrava debido a la ausencia de una ley que garantice la protección de las personas LGBTIQ+ y la falta de protocolos específicos dentro de los operadores de justicia para atender con seguridad e imparcialidad los casos de violencia.
En ese sentido, Miranda enfatiza que la falta de marcos legales y mecanismos de acción hace que la población LGBTIQ+ permanezca en total desprotección frente a este tipo de crímenes, que incrementan el miedo y la exclusión social.
CASO EMBLEMÁTICO Y DEUDA ESTATAL
En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado hondureño por el crimen de Vicky Hernández ocurrido la noche del Golpe de Estado de 2009 y ordenó medidas de reparación, incluida la aprobación de reformas estructurales en favor de la diversidad sexual.
No obstante, a la fecha no se observan avances significativos en el cumplimiento de esa sentencia. “La resolución de la Corte IDH representa una oportunidad histórica para construir un país más justo e inclusivo, pero aún falta voluntad política”, cuestionó Alex Flores.
Pese a que este fallo representa un precedente histórico y obliga al Estado a implementar medidas de reparación y reformas legales para proteger los derechos de las personas trans y de la diversidad sexual, hasta la fecha no se han observado avances significativos. O’Hara destacó que la falta de acciones concretas perpetúa la exclusión y la vulnerabilidad de esta población, y enfatizó la urgencia de que las autoridades respondan con políticas efectivas y mecanismos de protección para evitar que las violaciones continúen en la impunidad.
DISCURSOS DE ODIO: MÁS RIESGO PARA LA POBLACIÓN LGBTIQ+
La defensora de derechos humanos, Grecia O’Hara advirtió que los discursos de odio y desinformación provenientes principalmente de espacios políticos y mediáticos tienen un impacto directo en el incremento de la violencia contra la población LGBTIQ+ en Honduras.
Señaló que recientes asesinatos de personas de la diversidad sexual coinciden con la proliferación de mensajes falsos que buscan manipular a la opinión pública, presentando a esta población como una “cortina de humo” para distraer de otros temas nacionales.
Además, las organizaciones exigen de manera urgente que el Estado apruebe la «Guía para Reducir el Estigma y la Discriminación por Orientación Sexual, Identidad de Género, Trabajo Sexual y Condición de VIH», en los servicios de salud, como una medida básica para garantizar atención digna y sin discriminación.
