Las muertes violentas de mujeres en el país evidencian un problema que trasciende los hechos individuales y expone fallas estructurales en la respuesta institucional. Las limitaciones en la investigación, la falta de personal especializado y la débil coordinación entre las instituciones encargadas de registrar, investigar y judicializar estos casos continúan dificultando el acceso a la justicia.
Frente a este panorama, las demandas por reformas legales, mayor inversión en investigación, fortalecimiento de las unidades especializadas y la creación de mecanismos de protección reflejan la necesidad de una respuesta estatal más articulada. Sin cambios estructurales que garanticen investigación efectiva, prevención y sanción, la violencia contra las mujeres seguirá enfrentando altos niveles de impunidad.
Por: Doris Sánchez
Tegucigalpa, Honduras .- Entre 2005 y 2025 se registraron 8,008 muertes violentas de mujeres y femicidios en Honduras, de acuerdo con datos del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV-IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
El registro histórico evidencia que la violencia homicida contra las mujeres se ha mantenido de forma sostenida durante dos décadas, con variaciones en las cifras anuales, pero sin una reducción estable en el tiempo. Los datos corresponden al boletín infográfico publicado el 23 de enero de 2026, que presenta información preliminar sobre muertes violentas de mujeres y femicidios hasta diciembre de 2025.
En cuanto al comportamiento anual, el punto más alto del período se registró en 2013 con 636 muertes violentas, seguido por 2012 con 606 casos y en 2014 se registraron 526 muertes, años en donde la violencia letal contra mujeres alcanzó sus niveles más elevados.
En contraste, los registros más bajos se encuentran al inicio del registro histórico, cuando en 2005 se reportaron 175 casos y en 2006 se documentaron 202, cifra que, aunque menor en comparación con los años posteriores, muestran que el fenómeno ha estado presente de manera constante.
Los datos más recientes reflejan fluctuaciones importantes; con 411 casos en 2023, mientras que en 2024 se reportaron 240 muertes violentas, y en 2025 se reportaron 262 casos, evidenciando que la reducción de un año a otro no necesariamente representa una tendencia sostenida.
Por otra parte, el análisis territorial muestra que algunos departamentos presentan niveles de violencia contra las mujeres por encima de la media nacional. En 2025, la tasa nacional fue de 5.1 muertes por cada 100,000 mujeres, empezando por el departamento de Olancho que registró una tasa de 12.5, seguido por Lempira con un 10.1. Mientras que Islas de la Bahía con 6.9, también Atlántida superó la media con 5.9.
Les siguen el departamento de Colón con 5.8, asimismo Choluteca con 5.5, así como Yoro y Santa Bárbara con 5.2 cada uno, todos por encima de la tasa nacional registrada ese mismo año. Estos datos muestran cómo la violencia homicida contra mujeres también presenta concentraciones territoriales que superan el promedio nacional.
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La coordinadora del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV-IUDPAS), de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH, Migdonia Ayestas dijo que, la violencia letal contra las mujeres en Honduras no es un fenómeno reciente ni aislado, sino un problema sostenido durante décadas.
Según Ayestas, los registros que maneja el Observatorio abarcan dos décadas y reflejan la magnitud acumulada de esta violencia. “Según los datos que nosotros manejamos desde 2005 hasta 2025, son 8,008 muertes violentas de mujeres. Precisando además que se trata de datos oficiales que la institución valida mediante un proceso de verificación con Medicina Forense y la Policía Nacional, con el objetivo de consolidar cifras únicas y evitar duplicidades en los registros.
Además, los datos del Boletín infográfico N° 20 sobre Muerte Violenta de Mujeres y Femicidios, del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV-IUDPAS), muestran que el 46.2% de las víctimas eran mujeres adultas. Mientras que 29.0% eran jóvenes. El 11.5% son niñas y el 8.1% mujeres mayores.
Cabe resaltar que, el arma de fuego fue el principal instrumento utilizado con el 66.4%, sin dejar de mencionar que la vía pública es el lugar más frecuente donde fueron asesinadas o encontradas con un porcentaje de 53.8%, evidenciando así la persistencia de la violencia estructural y la exposición constante de las mujeres a riesgos letales.
En ese contexto, al detallar el comportamiento más reciente de la violencia letal contra las mujeres. Ayestas presenta los registros de los últimos años, los cuales evidencian la persistencia del problema. Indica que en 2025 se contabilizaron 262 muertes violentas de mujeres con una tasa del 5.1, mientras que en 2024 se registraron 240 casos con una tasa de 4.7. Sin embargo, para 2023 la cifra ascendió a 411 muertes violentas con una tasa de 8.2, uno de los niveles más altos del periodo reciente.
Asimismo, señala que en 2022 se documentaron 308 casos con una tasa de 6.3, y en 2021 se registraron 330 muertes violentas de mujeres con una tasa de 6.8. Siendo un total de 1,551 mujeres las que perdieron la vida de manera violenta en apenas cinco años, un registro que evidencia la magnitud sostenida de esta problemática y la persistencia de una crisis que continúa sin resolverse.
Seydi Irías de la Red Lésbica Cattrachas atribuye el aumento de muertes violentas de mujeres en Honduras, principalmente, a los altos niveles de impunidad que rodean estos casos. Según explica, aunque el Código Penal contempla la tipificación del femicidio, esta figura pocas veces se utiliza en las sentencias condenatorias. Asimismo, dice que, “son contados las declaraciones sobre sentencias condenatorias que tipifican el femicidio a menos que sea femicidio íntimo”.
En este sentido, también se identifican factores estructurales que contribuyen a la persistencia de estas muertes. Entre ellos destacan la falta de reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres y la limitada visibilización de las distintas formas de violencia que enfrentan. A ello se suma que, incluso en casos emblemáticos, la búsqueda de responsabilidades intelectuales continua pendiente años después, lo que evidencia que la violencia contra las mujeres no se reduce únicamente a la investigación de los hechos, sino que también está vinculada a la necesidad de sancionar y abordar el femicidio como un fenómeno estructural y simbólico dentro de la sociedad.
Asimismo, Seydi Irías advierte que, otro elemento que incide en la impunidad es la falta de recursos destinados a investigar estos delitos. Por lo tanto, en varios departamentos del país existen limitaciones básicas para el tratamiento forense de los casos, debilitando los procesos judiciales. Por lo tanto, señala que la magnitud de la problemática también se refleja en las cifras acumuladas de los últimos años. evidenciando así la persistencia de un patrón de violencia y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción.
JUSTICIA DÉBIL, MUJERES EN RIESGO
Sobre el aumento de las muertes violentas de mujeres en los últimos años, Cristina Alvarado del movimiento “Visitación Padilla” dijo que, los factores que impulsan la violencia son multicausales y profundamente estructurales. La violencia femicida se sostiene en patrones culturales y sociales que normalizan el machismo, reforzados por instituciones que no responden de manera efectiva a las demandas de justicia. Esto genera un círculo vicioso donde los agresores perciben que pueden controlar la vida y el cuerpo de las mujeres con impunidad, evidenciando que la problemática no es sólo individual, sino sistémica y sostenida por un Estado que no garantiza protección ni sanción adecuada.
Sumado a esto, la impunidad es abrumadora históricamente, apenas se investigan cuatro de cada cien casos de femicidio, y no todos llegan a condena. Esto transmite a la sociedad un mensaje que los crímenes contra mujeres quedan sin castigo, mientras que los procesos judiciales prolongados y las audiencias reprogramadas afectan directamente a las familias de las víctimas, demostrando que el sistema judicial no está preparado ni cuenta con los recursos necesarios para garantizar justicia efectiva.
Cristina se quejó de que las autoridades enfrentan limitaciones estructurales que dificultan la investigación de estos crímenes y “sólo existen dos unidades especializadas en todo el país, con recursos insuficientes y sin apoyo técnico desde hace años. mientras que los presupuestos destinados a investigaciones de género no se ejecutan adecuadamente, y la falta de coordinación interinstitucional provoca que los casos se pierdan en burocracias y prioridades distintas, como investigaciones de corrupción o crimen organizado, limitando la eficacia del sistema y perpetuando la impunidad”.
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Suyapa Martínez, directora del Centro de Estudios de la Mujer (CEMH) explicó que, aunque en 2013 se registró uno de los picos más altos con más de 600 casos, en los últimos años las cifras habían mostrado una tendencia a la baja. Sin embargo, advirtió que los datos recientes generan preocupación, debido a las 270 muertes aproximadas registradas el año pasado, en los primeros meses del año actual ya se acercan a 50 casos, lo que podría anticipar un nuevo aumento.
Martínez indicó, esta situación se relaciona con factores como las crisis políticas, la polarización en el país y la ausencia de estrategias claras de seguridad. A ello se suma la falta de prioridad institucional para investigar los femicidios.
Cabe resaltar que, el problema central no es únicamente la cantidad de casos, sino el alto grado de impunidad con que se cometen. Señaló que históricamente más del 95% de los femicidios quedan sin resolución, lo que contribuye que los agresores perciban que pueden cometer estos crímenes sin castigo. Además, señaló que la limitada asignación de recursos al Ministerio Público dificulta el fortalecimiento de las investigaciones y la ampliación de unidades especializadas en muertes violentas de mujeres, limitando la capacidad del Estado para responder de manera efectiva a esta problemática.
Por lo tanto, la respuesta institucional continúa marcada por vacíos en la prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres. La falta de políticas públicas sostenidas, recursos especializados y coordinación entre las distintas instancias del Estado limita la capacidad de respuesta frente a estos crímenes. Al mismo tiempo, las demandas por reformas legales, el fortalecimiento de las unidades de investigación, el financiamiento de casas refugio y la creación de mecanismos de búsqueda y protección reflejan la necesidad de medidas más amplias para enfrentar una violencia que no se reduce a hechos aislados, sino que responde a un problema estructural que sigue afectando a las mujeres en el país.
