Por: Breidy Hernández
Tegucigalpa. – La cifra de muertes violentas de mujeres arrancó este 2023 con el registro de 4 mujeres asesinadas, en diferentes zonas de Honduras, pareciera que ser mujer en este país centroamericano es un constante reto del día a día.
Desafío al que se enfrentan las mujeres hondureñas sin ningún tipo de garantía ni confianza en los entes policiales y judiciales.
Las cifras de femicidios continúan a la alza, acompañadas de casos sin resolver, y que quedan engavetados o apilados cubriéndose de polvo y telarañas.
Pese a que organizaciones de mujeres han demandado a la presidenta Xiomara Castro, la puesta en marcha de una estrategia urgente e integral contra los femicidios, no han obtenido respuesta.
Recientemente la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, dio a conocer cifras alarmantes de casos que aún están pendientes de investigación, al tiempo que advirtió, “vamos a desnudar quienes están fallando y cuáles son los factores que contribuyen a la impunidad de este tipo de delitos”.
Datos en proceso de validación, del Portal de Datos Abiertos en Seguridad Ciudadana de la Secretaría de Seguridad registra una disminución de 10.0%, de muertes violentas de mujeres en relación al 2021.
Para Indyra Mendoza, coordinadora de la Red Lésbica Cattrachas, esta reducción de muertes violentas de mujeres no es producto de una política de Estado en materia de seguridad ya que “la vida de las mujeres no les importa para nada”.
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A esto, se le suma la falta de judicialización de los casos, y es que un 43.8%, o sea 130 femicidios ocurridos en el 2022, están en proceso de investigación; lo que lleva a cuestionar si realmente las autoridades policiales y judiciales están realizando su trabajo.
PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS REQUIERE COMPROMISO ESTATAL
Sin duda alguna, para lograr la erradicación de la violencia contra la mujer y los femicidios, acciones que solo han quedado en los sueños de la mujer hondureña, se requiere de un verdadero compromiso estatal y social, así como la articulación de estrategias reales, encaminadas a la prevención de la violencia de género desde el entorno escolar.
De acuerdo a Jessica Sánchez, coordinadora del Grupo de la Sociedad Civil, hace falta el compromiso político al más alto nivel para la lucha contra los femicidios.
La también defensora de Derechos Humanos, señaló que se debe hacer un trabajo político para el reconocimiento de la violencia hacia la mujer como un problema estatal, que carece de voluntad política.
De igual manera, Sánchez demandó una respuesta contundente de parte de la presidenta Xiomara Castro, para investigar y erradicar estos crímenes en contra de mujeres y niñas.
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En ese sentido, la Abogada y defensora de derechos humanos, Reyna Rivera, dijo a Criterio.hn que el Estado debe reforzar estrategias diferenciadas para detener los crímenes violentos de mujeres.
Es decir, que se requiere una estrategia de seguridad, que además de las generalidades en prevención de la violencia, pueda abordar las particularidades de los crímenes concretos que se comenten en el país.
