Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.- Las organizaciones pertenecientes al Grupo Impulsor del Diálogo por el Derecho Humano a la Alimentación en Honduras, respaldan el informe presentado por Global Witness donde da a conocer el rol del Estado hondureño en torno a la muerte de ambientalistas en el país.
El informe desnuda la relación existente entre funcionarios del gobierno, políticos y empresarios en la adjudicación y explotación de proyectos de la industria extractiva (hidroeléctricas y mineras), quienes han aprovechado sus puestos dentro de la administración pública para obtener concesiones y usufructuar los bienes comunes de la naturaleza, de forma inconsulta y arbitraria.
Como organizaciones, consideran altamente preocupante la campaña de descrédito, intimidación y amenazas de criminalización que se han desatado en Honduras, en particular las devenidas de Altos Funcionarios como el titular de la Secretaría General de Coordinación de Gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro (públicamente le ha restado credibilidad al informe), y de José Luis Galdámez, titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (pidió la detención del representante de la organización por desacreditar al país con el informe).
A continuación el PRONUNCIAMIENTO
Las organizaciones pertenecientes al Grupo Impulsor del Diálogo por el Derecho Humano a la Alimentación en Honduras (CDH, ASONOG, CESPAD, FIAN, VsF Justicia Global, La Vía Campesina, entre otras), nos solidarizamos y pronunciamos ante los ataques y las amenazas que ha recibido el Director de Incidencia Política de la organización internacional Global Witness, Billy Kyte, luego de hacer público en el país, el informe: “Honduras: el lugar más peligroso para Defender el Planeta”.
Con mucha entereza y valentía, los representantes de Global Witness dieron a conocer el resultado de la investigación de varios años, a través de una conferencia de prensa y en particular, en un medio de comunicación (programa Frente a Frente/Canal CincoHonduras) en el que sufrió una serie de ataques y amenazas por parte de funcionarios del Estado y técnicos vinculados a las empresas extractivistas.
El informe desnuda la relación existente entre funcionarios del gobierno, políticos y empresarios en la adjudicación y explotación de proyectos de la industria extractiva (hidroeléctricas y mineras), quienes han aprovechado sus puestos dentro de la administración pública para obtener concesiones y usufructuar los bienes comunes de la naturaleza, de forma inconsulta y arbitraria.
Como organizaciones, consideramos altamente preocupante la campaña de descrédito, intimidación y amenazas de criminalización que se han desatado en Honduras, en particular las devenidas de Altos Funcionarios como el titular de la Secretaría General de Coordinación de Gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro (públicamente le ha restado credibilidad al informe), y de José Luis Galdámez, titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (pidió la detención del representante de la organización por desacreditar al país con el informe).
En ese sentido, las organizaciones firmantes acordamos:
PRIMERO: Respaldar la información brindada por Global Witness, pues a través de los programas y proyectos de defensa de derechos humanos, nuestras organizaciones han documentado los abusos de poder y el acoso jurídico, militar e ilegal por parte de diversas instituciones del Estado, acciones que han dejado como víctimas a muchos de nuestros representantes, al igual que a los habitantes de nuestros pueblos originarios, afectados y violentados con las decisiones corruptas e inconsultas de un gobierno autoritario y opresor.
SEGUNDO: Repudiar las acciones de cohesión e intimidación que se generaran contra Global Witness, organización que a través del informe ha sacado a luz pública mucha información que estaba oculta y que revela un poco de la podredumbre y corrupción que impera en el país, en el marco de una política de gobierno que centraliza el poder y oprime a sus comunidades.
TERCERO: Alertamos que recientemente el Gobierno recibió aprobación de 125 millones de dólares, enmarcados en la Alianza para la Pros a Prosperidad del Triángulo Norte, un Plan que plantea entre sus condiciones para recibir y ejecutar estos fondos: “proteger los derechos de partidos políticos de oposición, periodistas, sindicalistas, DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS y otros activistas de sociedad civil”, una situación que NO se cumple en Honduras y que se evidencia en los ataque emprendidos en contra de los representantes de Global Witness, al igual que hacia las y los líderes de las comunidades que defienden su territorio.
CUARTO: Hacemos un llamado a los gobiernos amigos y a la comunidad internacional para que nos acompañen a supervisar, investigar y castigar los crímenes de más de 120 activistas y personas vinculadas a la defensa del medio ambiente, que devela el informe y que han acontecido en regiones como el valle del Aguan, Valle de Sula, Zona Sur y Occidente del país, y que se han denunciado y documentado ante el Ministerio Público sin respuesta e investigaciones profundas que encarcele y enjuicie a los actores intelectuales de cada hecho.
! Por un alto a la criminalización de las y los defensores de Derechos Humanos en Honduras y el mundo!
Grupo Impulsor del Diálogo por el Derecho Humano a la Alimentación en Honduras Honduras, 3 de enero de 2017
2 respuestas
Reina Lo que defendían es a los empresarios porque en el informe de Global Witness salen señalados empresarios hondureños que han cometido violencia contra las comunidades indígenas, ellos solo estaban defendiendo a los empresarios, el señor Armando Urtecho es director del Cohep, tiene que estar molesto con el informe, ya que señala a empresarios de cometer actos ilícitos junto a otros miembros de la cúpula de Gobierno.
Entiendo que las personas que se presentaron al programa, no son señaladas en el informe, por sera que estaban tan iracundos? Defendian al pais? Creo que ninguno es funcionario publico…..defendiendo la patria?…..sera!!!!