El gravamen aplicado por Estados Unidos no provocaría una caída en los envíos, pero sí una reducción del ingreso disponible en los hogares receptores y mayores costos para los migrantes.
Tegucigalpa, Honduras. –– El impuesto del 1% aplicado por Estados Unidos a las remesas no reducirá el dinero que llega a los países receptores en Centroamérica, pero sí lo que finalmente reciben las familias. Economistas consultados por Criterio.hn señalaron que los envíos continuarán, aunque el costo adicional será asumido por migrantes o por los hogares.
La medida entró en vigor el 1 de enero como parte del paquete fiscal impulsado por el presidente Donald Trump, que grava las remesas enviadas en efectivo.
Ricardo Barrientos, economista guatemalteco y director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), anticipó que, aunque no existen estadísticas completas, la evidencia apunta a que el impuesto no provocará una reducción de remesas, sino una desaceleración en su crecimiento.
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Helena Olea, subdirectora de Alianza Américas, indicó que aún no existen datos sobre la recaudación del gravamen. Sin embargo, proveedores han creado servicios electrónicos alternativos para evitarlo. Agregó que por ahora no se percibe una disminución en el envío de remesas lo que podría estar relacionado con las medidas migratorias en Estados Unidos y las transferencias anticipadas de ahorros que se realizan de cara al temor de detenciones.
El informe de Economía Latinoamericana 2025 del Banco de España estima que un aumento de un punto porcentual en el costo de envío ––equivalente al impuesto aplicado por Estados Unidos–– reduciría las remesas apenas un 0.37% en el corto plazo y hasta 1.21% si el efecto se mantiene en el tiempo, por lo que no se prevé un impacto significativo en el flujo total hacia Centroamérica y República Dominicana.
¿QUIÉN ABSORBE EL COSTO?
Para Ismael Zepeda, economista hondureño, el costo terminará siendo absorbido por los propios usuarios de las remesas. En algunos casos lo asumirá el migrante, reduciendo su gasto cotidiano en Estados Unidos, y en otros lo hará la familia receptora, que recibirá montos menores a los habituales. “Si se envían 500 dólares, alguien pierde esos cinco: quien lo manda o quien lo recibe”, resumió.
El pago del 1% del impuesto aplica únicamente a remesas enviadas en efectivo, como giros postales o cheques de caja. Helena Olea explicó que, en respuesta, proveedores han comenzado a ofrecer alternativas electrónicas para evitar el cobro.
En México, el gobierno promueve la tarjeta Financiera para el Bienestar (Finabien), un sistema de transferencias digitales que permite enviar dinero sin utilizar efectivo, evitando el impuesto del 1%.
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En el caso de Centroamérica, Barrientos advirtió que, más que el monto del impuesto, las dificultades surgirán por los controles asociados, ya que muchos migrantes podrían recurrir a intermediarios para realizar los envíos. Esto podría encarecer la operación incluso más que el propio gravamen, aunque no impediría que el dinero siga llegando a sus familias.
Más allá del monto impuesto, los economistas advierten que su efecto se reflejará en la vida cotidiana de los hogares. Barrientos señaló que las remesas se destinan principalmente a consumo básico, educación y vivienda, por lo que cualquier reducción impacta directamente en el bienestar familiar.
Añadió que las familias receptoras no solo cubren gastos inmediatos, sino que invierten en mejoras habitacionales y en la construcción de pequeños negocios. Sin embargo, advirtió que en Guatemala la inversión pública en las comunidades de origen sigue siendo limitada y, en muchos casos, se traduce en obras de baja calidad o con fines políticos o electorales, sin atender las causas estructurales de la migración. “El gran faltante es la inversión pública”, afirmó.
