Por: Joaquín Mejía Rivera
Uno de los derechos más importantes es la de contar con un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo que ampare a la ciudadanía contra actos que violen sus derechos humanos. Por ello, es considerado un derecho absoluto que no puede ser objeto de excepción alguna.
Pero no es suficiente que la Constitución de la República y los tratados internacionales reconozcan ese derecho, sino que es necesario que sea realmente idóneo y efectivo. La efectividad de un recurso dependerá en gran medida de la existencia de un poder judicial competente, independiente e imparcial, lo cual constituye un elemento esencial para el fortalecimiento de la democracia y del Estado de derecho.
Las características de competencia, independencia e imparcialidad son fundamentales para garantizar la idoneidad y efectividad de los recursos judiciales destinados a tutelar derechos humanos, pues su ausencia puede provocar su inutilidad y que resulten ilusorios, particularmente en escenarios políticos de emergencia.
Esto quedó demostrado en el contexto del golpe de Estado en donde el Poder Judicial se puso al servicio del gobierno de facto, profundizó el estado general de impunidad, colaboró en la existencia de una grave inhibición de los mecanismos teóricamente adecuados para tutelar los derechos humanos, propició la abstención y desidia judicial para atender los recursos introducidos ante diversos tribunales y la propia Sala de lo Constitucional, y dejó a las víctimas en una situación de absoluta indefensión y vulnerabilidad.
También ha quedó demostrado con la reciente decisión de tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia de decretar un sobreseimiento definitivo a favor de la junta directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social por el caso del latrocinio a esa institución social que tiene un impacto significativo en la vida y la salud de millones de hondureños y hondureñas.
En este sentido, la falta de independencia e imparcialidad del poder judicial es un factor que afecta negativamente la administración de justicia y el rol potencial de los jueces y juezas como defensores de derechos humanos, y convierten los recursos judiciales en mecanismos ilusorios. Sin independencia judicial no se puede garantizar el principio de separación de poderes, la confianza ciudadana en la democracia y la legitimidad de las instituciones del sector justicia.
Bajo estas circunstancias no es de extrañar que en Honduras, de acuerdo con los sondeos de opinión pública del ERIC-SJ, el 94% de la población es del criterio que la corrupción ha aumentado o sigue igual, y un 82.3% que la aplicación de justicia ha empeorado o sigue igual, es decir, 8 de cada 10 hondureños y hondureñas tienen poca o ninguna confianza en la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público (77.1%).
Según un estudio del Banco Mundial, el poder judicial hondureño es la institución que más se ha beneficiado materialmente de las reformas ya que el establecimiento de un presupuesto por mandato constitucional y los fondos obtenidos de la cooperación internacional le han permitido el aumento del número de jueces y la ampliación de la prestación de servicios a más regiones del país, mejoras en las instalaciones judiciales y salarios, adopción de tecnología de vanguardia y la introducción de importantes innovaciones.
Sin embargo, los indicadores cuantitativos y cualitativos siguen siendo bajos, debido principalmente a la injerencia política, la corrupción y la falta de transparencia que sin duda limitan el acceso no sólo a los tribunales, sino a la justicia en general.
Estamos ante las puertas de una elección histórica de una nueva Corte Suprema de Justicia que conocerá sobre los asuntos de 3 gobiernos, 2 años que le restan al actual, 4 del siguiente y 1 del subsiguiente; por ello, la sociedad en su conjunto debemos estar vigilantes porque la clase política hondureña a través de la Junta Nominadora y el Congreso Nacional ya ha demostrado que no le interesa seleccionar a las mejores candidaturas, sino continuar con la lógica del reparto político partidario y sin tomar en consideración los méritos e idoneidad de las personas nombradas.
Esta clase política no quiere la existencia de un Poder Judicial independiente y profesional, lo que quiere es continuar con un «Servicio Judicial» que garantice la impunidad y evite, tal como lo dejó plasmado la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que llegue el día en que el Poder Judicial ampare a todos los ciudadanos y ciudadanas con la misma eficacia que lo hizo con el general golpista Romeo Vásquez Velásquez pues solo así «se alcanzará a ver el fin de la impunidad en Honduras”.
Un comentario
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