La recién nombrada junta interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) ha recibido fuertes críticas, centradas en la unilateralidad de sus decisiones, la duplicidad de funciones y los escasos resultados logrados en intervenciones previas.
Sin embargo, las autoridades aseguran que esta intervención estará fundamentada en conocimientos técnicos y no en intereses políticos, y confían en que, para los primeros meses de 2025, comenzarán a reflejarse cambios significativos en el centro hospitalario.
Tegucigalpa, Honduras. – La intervención en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), liderada por la actual secretaria de Salud, Carla Paredes, es la octava bajo la administración de Xiomara Castro.
Esta medida ha generado opiniones encontradas entre la población hondureña, primero, porque la intervención está encabezada por la secretaría de Salud, quien ya tiene funciones establecidas en el sistema de salud de Honduras, el cual todavía cuenta con serias falencias.
Otro aspecto relevante es que el IHSS ya ha pasado por varias intervenciones previas; la última, incluso, duró ocho años, pero no se logró erradicar la politización en la institución, según Héctor Escoto, presidente del sindicato de trabajadores del IHSS.
Samuel Zelaya, quien ya ocupó un puesto en la junta directiva del IHSS anteriormente, y Destephen Soler, un financista, fueron designados junto a Paredes para liderar esta intervención.
Además, el papel de las juntas interventoras genera dudas en la población hondureña, ya que, según el exinterventor del IHSS, Germán Leitzelar, solo se utilizan para hacer clientelismo político.
De igual forma, el sector privado ha expresado su descontento ante esta intervención, ya que, a pesar de que los recursos manejados provienen de aportes privados, no se incluyó la participación de representantes del sector privado ni de los trabajadores, según denunció Paola Díaz, directora de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT).
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LA CONFORMACIÓN DE JUNTA INTERVENTORA
La junta interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) está encabezada por la secretaría de Salud, Carla Paredes, acompañada por dos técnicos: Samuel Zelaya y Marco Antonio Destephen Soler.
El 8 de noviembre, tras su nombramiento, Paredes defendió en conferencia de prensa la composición de la junta, destacando que sus acompañantes son técnicos y no figuras políticas.
Subrayó que el objetivo principal es asegurar la operatividad y mejorar el funcionamiento del IHSS, y señaló que espera que en los primeros dos meses de 2025 se logren ver resultados tangibles en el centro hospitalario.
Las promesas de Carla Paredes respecto a mejoras en el sistema de salud han sido recurrentes, ya que antes de asumir la Secretaría de Salud, aseguró que los problemas del sistema se resolverán en sus primeros tres meses de gestión, sin embargo, una verificación realizada por Criterio.hn confirmó que dicha promesa no se cumplió.
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LAS INTERVENTORAS
Previamente el IHSS fue objeto de una intervención, esta se suscitó en 2014 durante el gobierno de Juan Orlando Hernández y estuvo a cargo de Vilma Morales, Roberto Salinas y Germán Leitzelar y fue criticada por su extensa duración sin resultados claros.
La intervención al IHSS se implementó luego del escándalo de corrupción en el que Mario Zelaya, exdirector del de dicho hospital, fue acusado de desviar al menos 500 millones de lempiras mediante empresas fantasma.
Las juntas interventoras se volvieron una práctica frecuente en los últimos dos gobiernos nacionalistas de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2022) quienes en los 12 años de poder establecieron 38 comisiones interventoras.
Esa práctica de las juntas interventoras se ha aplicado a ocho instituciones en el gobierno de Xiomara Castro, siendo la más reciente la del IHSS, a esta le antecedieron, el Instituto de la Propiedad (IP), Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema), Dirección General de Servicio Civil, Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Sistema Nacional de Emergencias 911 y el Sistema Penitenciario Nacional (INP).
Al respecto de las interventoras, el analista político Luis León considera que las juntas interventoras no son una solución adecuada, ya que al implementarlas se reconoce la mala gestión del anterior titular de la institución, y es finalmente el pueblo quien debe asumir los costos de corregir esas fallas.
