Por: Redacción CRITERIO
redaccion@criterio.hn
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) considera que los gobiernos de Centroamérica tienen la responsabilidad principal de contrarrestar el impacto de la pandemia del coronavirus COVID-19 con un enfoque basado en la equidad y extendiendo la garantía, promoción y protección de los derechos humanos. Las acciones a implementar pondrán a los sistemas de salud de la región en un estrés extraordinario y para su éxito requerirán la implementación de medidas innovadoras de asistencia y protección social y planes de reactivación económica, con un impacto fiscal considerable. Enfrentar esta crisis requiere medidas de corto, mediano y largo plazo en varias y diversas áreas de la política pública, incluida la fiscal.
El 11 de marzo de 2020 el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) caracterizó oficialmente al coronavirus COVID-19 como una pandemia, reconociendo su propagación mundial. Al 20 de marzo de 2020 las estadísticas de la OMS muestran que en 169 países, áreas o territorios hay 209,839 casos de contagio y 8,778 fallecidos, mientras que a la fecha todos los gobiernos centroamericanos han reportado casos. Esta pandemia ya está afectando negativamente el bienestar social y la economía de todas las naciones, sobrecargando las tareas domésticas y de cuidados, trabajo mayoritariamente no remunerado realizado por las mujeres, por lo que los Estados están adoptando medidas de política pública en el corto, mediano y largo plazo. Para el Icefi, Centroamérica no debe ser la excepción.
Siendo una crisis sanitaria, la capacidad para enfrentarla radica inicialmente en sus sistemas de salud. En Honduras y en Guatemala los sistemas de salud son predominantemente privados, en el sentido que el gasto público es menor al 50% del gasto nacional en salud; los sistemas de salud de El Salvador, Nicaragua y Panamá son mixtos, con un gasto público que representa entre el 50 y el 66% del gasto nacional en salud; y, solo Costa Rica, tiene un sistema predominantemente público, en el que el gasto público supera el 66% del gasto nacional en salud. Para el Icefi, enfrentar el impacto negativo en Centroamérica de una crisis sanitaria global significa que sus sistemas de salud, predominantemente privados o mixtos, experimentarán un estrés extraordinario, por lo que el éxito en el control de la epidemia requerirá además de las acciones en el subsistema de salud pública, que el subsistema de salud privada participe activamente de manera solidaria y anteponiendo a la búsqueda de utilidades financieras la responsabilidad de universalizar el acceso a la salud el tiempo que dure esta crisis sanitaria.
La respuesta de Centroamérica a la pandemia del COVID-19, plantea desafíos mayúsculos, toda vez la del coronavirus es una crisis distinta a las anteriores (por ejemplo, choques de oferta como crisis petroleras o crisis de demanda o de tipo financiero como la Gran Recesión de 2009-2010), y porque tendrá un impacto fiscal mucho mayor que otras regiones con sistemas de salud predominantemente públicos y programas de asistencia y protección social desarrollados. Ante esta realidad, el Icefi considera imperativo que los gobiernos centroamericanos diseñen estrategias para adaptar sus políticas fiscales a la realidad y magnitud de la crisis. En el anexo a este comunicado, el Icefi pública sus propuestas de medidas de corto, mediano y largo plazo para que Centroamérica supere con éxito el impacto negativo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, organizadas en las cinco categorías siguientes:
Garantizar la equidad en el acceso a la salud, teniendo como objetivo lograr el menor número de fallecimientos y, en el mediano y largo plazo, el fortalecimiento estructural del sistema de salud.
Atender a las personas ante la disminución de sus ingresos como efecto de cuarentenas sanitarias y condiciones de subempleo y desempleo.
Atender a empresarios de micro, pequeñas y medianas empresas ante la disminución de sus operaciones como efecto de cuarentenas sanitarias y menor crecimiento.
Garantizar la oferta de productos.
Política fiscal para atender la emergencia, blindar y aumentar el bienestar social y promover el crecimiento económico.
En el corto plazo, durante 2020 se debe lograr el máximo grado de alineación de los subsistemas de salud público y privado, procurando el acceso universal y gratuito a servicios e insumos de emergencia en las fases de importación de la enfermedad, diseminación comunitaria y epidemia. Por su parte, los gobiernos deben procurar con carácter prioritario incrementos de emergencia de los presupuestos de las entidades estatales del sector salud. Para el efecto, el Icefi recomienda: modificar o readecuar los presupuestos vigentes, transfiriendo al sector salud recursos y espacios presupuestarios asignados actualmente a rubros y entidades no prioritarios; ejecutar y activar los mecanismos de financiamiento existentes para la atención de emergencias y catástrofes, incluyendo los que se hayan contratado con las instituciones financieras internacionales, y en caso de no existir, gestionarlas con urgencia; activar los mecanismos legales y constitucionales existentes que permitan el financiamiento extraordinario para emergencias y catástrofes, incluyendo, cuando sea posible, el financiamiento directo de los bancos centrales a los presupuestos y el uso de los recursos de los bancos y empresas estatales y mixtas; activar los mecanismos administrativos de emergencia, como la autorización de realizar adquisiciones públicas directas, manteniendo una constante y oportuna rendición de cuentas sobre lo actuado y sus resultados.
Entre las adquisiciones públicas de emergencia, el Icefi recomienda priorizar la compra del equipo especial que requiere el personal de salud y de emergencia, así como para todos los trabajadores que desempeñan funciones esenciales y que no pueden trabajar desde casa durante la emergencia. Por otro lado, los gobiernos deben ampliar la cobertura y cuantía de los beneficios subsidiados, y emplearlos como estabilizadores automáticos, es decir con aumentos durante y reducciones posteriores a la crisis. Estas medidas fiscales y presupuestarias deben acompañarse de mecanismos y controles estrictos de transparencia, para evitar abusos y asegurar que estas acciones extraordinarias se apliquen única y exclusivamente a las acciones vinculadas con la atención de la emergencia.
Debido a que la crisis ya está teniendo un impacto económico, los gobiernos deben emprender medidas de corto plazo en otras políticas y sectores económicos, debidamente articuladas con medidas de protección social. El Icefi recomienda que los gobiernos impulsen acciones especiales para el sector financiero y bancario, como reducciones temporales de tasas de interés, ampliar los plazos crediticios y otorgar condiciones blandas para casos de mora, desempleo u otros problemas derivados de la crisis. En materia laboral, la contratación temporal de personal sanitario, y ante la suspensión temporal de labores y cuarentena general, promover las licencias laborales pagadas, en el sector público y privado, y evaluar la creación de un seguro de desempleo extraordinario, que alcance al sector informal. En materia comercial, se deben acatar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en todo lo relacionado al control fronterizo y aduanero, elevando la coordinación regional centroamericana a efecto de expeditar el ingreso y salida de los vehículos de carga que transporten mercancías, manteniendo los controles aduaneros y medidas contra el contrabando y la defraudación aduanera; ejercer control de precios y garantizar la existencia y distribución ordenada en todo el territorio de productos esenciales así como multiplicar la protección a los consumidores contra la especulación y el acaparamiento. En materia tributaria los gobiernos deben impulsar, condicionadas a mantener los empleos, prórrogas temporales, facilidades como pagos fraccionados u otras disposiciones para el pago de impuestos dirigidas a los contribuyentes que verdaderamente lo necesiten, especialmente trabajadores y empresas pequeñas y medianas, evitando amnistías y otras medidas injustas o que afecten severamente la recaudación.
En el mediano plazo el Icefi recomienda durante el periodo 2021-2022 iniciar procesos de mejora estructural de los sistemas centroamericanos de salud, fijando como objetivo la cobertura universal y mejorar la calidad y pertinencia de la atención, con énfasis en el primer y segundo niveles de atención. Además del inicio de la reforma estructural, deben preverse acciones de recuperación posterior a la emergencia, así como esfuerzos para universalizar el acceso a la seguridad social, al agua segura y saneamiento, con prioridad para la población tradicionalmente excluida. La política fiscal debe diseñarse y ejecutarse acorde a estas necesidades, buscando transitar de las fuentes de financiamiento de emergencia a mecanismos sostenibles en el tiempo. El sistema financiero deberá mantener las condiciones crediticias blandas y concesionales para los sectores más afectados, los gobiernos deberán extender las medidas destinadas a elevar el nivel de empleo por medio de estrategias activas de construcción de infraestructura social y económica y de protección ambiental; consolidar programas de becas y acceso gratuito a capacitación para la inserción y reinserción de las personas al mercado laboral, tanto público como privado; y, reforzar programas de transformación productiva y fortalecimiento del mercado nacional y regional. Las políticas económicas deberán considerar como prioritarias a las micro, pequeñas y medianas empresas y programas de financiamiento blando para los productores de granos básicos.
En el largo plazo el Icefi insiste que en el periodo 2022-2030 Centroamérica debe corregir el rumbo actual en el cual no cumplirá la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Para el efecto, el Instituto considera que su Agenda Fiscal para Centroamérica, su Tercer Informe regional, provee elementos para un replanteamiento integral, insumo de fondo para concretar una hoja de ruta para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que preparen a la región para enfrentar de mejor forma el impacto negativo de crisis globales como la del coronavirus COVID-19.
Enfrentar esta pandemia es una prueba para Centroamérica: los Estados pueden y deben adoptar medidas de emergencia y reorientar sus políticas, en especial las políticas fiscales, como herramientas para lograr una salida efectiva, protegiendo a las personas y promoviendo el mantenimiento de niveles de crecimiento económico y empleo.
