Tegucigalpa.- Al cumplirse un año de haber entrado en vigencia la Ley Bitcoin, el análisis técnico del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) muestra un balance negativo, con grandes costos para la sociedad salvadoreña y sin beneficios tangibles, por lo que recomienda que la Asamblea Legislativa derogue la Ley Bitcoin, y que el uso de esa criptomoneda sea voluntario, señala un comunicado de la organización de estudios fiscales.
Cuando se aprobó la Ley Bitcoin el Icefi publicó un análisis1 advirtiendo los riesgos de adoptar un criptoactivo financiero altamente especulativo como moneda de curso legal.
Luego de un año de vigencia de la ley, algunos de los riesgos advertidos se han hecho realidad, destacando haber utilizado recursos públicos para imponer el uso obligatorio del bitcoin, lo que implica que independientemente la población lo use o no, se están usando ingresos tributarios para cubrir los costos de esta medida.
La Asamblea Legislativa aprobó USD225.3 millones para la implementación de la Ley Bitcoin, sin embargo, para el Instituto es alarmante que un año después no se haya publicado el detalle de cómo se han manejado esos recursos públicos.
Además, en un contexto de alta inflación y una pérdida en el bienestar de la población, el uso de esos recursos representa un alto costo de oportunidad, porque se podrían utilizar para fortalecer la educación, la salud o la protección social, con énfasis en los grupos más vulnerabilizados.
No existe información oficial pública sobre cuántos bitcoines ha comprado el Estado salvadoreño y el monto gastado para ello. Partiendo de lo que el presidente Nayib Bukele ha publicado en la red Twitter, y considerando el precio de mercado de los montos mencionados en esos mensajes, así como el precio de mercado actual de la pérdida en la reserva de valor puede estimarse en más de USD60 millones.
Este costo es a todas luces excesivo y oneroso para la población y los contribuyentes salvadoreños. Para el Icefi, es gracias a la ciudadanía que los costos no han sido aún más altos, porque de manera inteligente ha decidido no utilizar el bitcoin, incluso el envío de remesas a través de billeteras electrónicas es mínimo, con menos del 2% del total.
Haber adoptado el bitcoin, sumado al deterioro institucional, ha provocado dificultades serias para que el Gobierno acceda a fuentes para financiar el déficit fiscal. Por ejemplo, El Salvador ha estado negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un Acuerdo de Servicio Ampliado, que incluye un apoyo financiero potencial de USD 1,300.0 millones, el cual a la fecha no se ha concretado.
Además, el perfil de riesgo medido por el Emerging Markets Bonds Index se ha incrementado en más de un 200% desde que se aprobó la Ley Bitcoin, lo cual implica que, si el Gobierno sale al mercado internacional de capitales a colocar sus bonos de deuda soberana, los prestamistas en el exterior exigirían una tasa de interés excesivamente alta por considerarlo un acreedor con alta probabilidad de no poder pagar su deuda en el futuro, explica el comunicado del Icefi.
Luego de un año, El Salvador tampoco ha cambiado su marco institucional y legal. En ese sentido, el Icefi continúa expresando su preocupación por que el uso de este criptoactivo esté facilitando la evasión tributaria y otras formas de fraude fiscal. Tampoco ha adoptado las medidas preventivas que en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo contiene la Recomendación 15 y la nota interpretativa del Grupo de Acción Financiera (Gafi), por lo que El Salvador está en riesgo grave de estar siendo usado como centro facilitador de estos ilícitos, perpetrados abusando de las facilidades que ofrece el bitcoin.
Considerando todos estos elementos, el Icefi recomienda a la Asamblea Legislativa derogar la Ley Bitcoin y establecer un mecanismo regulatorio para las empresas y personas que, de manera libre y voluntaria, quieran seguir utilizándolo. Finalmente, es indispensable liquidar el Fideicomiso Bitcoin, rendir cuentas a la sociedad sobre el mismo y trasladar sus recursos a rubros que procuren mejorar el bienestar de los y las salvadoreñas.
