Las reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, buscan ir más allá de las multas económicas e introducir restricciones administrativas para funcionarios que hayan incumplido la normativa.
La propuesta incluye la emisión de constancias que podrían convertirse en un requisito para optar nuevamente a cargos públicos o de elección popular, lo que implicaría una restricción para quienes registren antecedentes de incumplimiento a la Ley de Transparencia.
Tegucigalpa, Honduras. – El comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Hermes Moncada, anunció que se está trabajando en un paquete de reformas legales orientadas a endurecer las sanciones contra funcionarios que incumplan la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, incluyendo la incorporación de penalidades “morales” que podrían impedirles a funcionarios que incumplen la normativa a optar a cargos públicos en el futuro.
Moncada explicó que, no es el único proyecto que se remitirá al Congreso Nacional. En ese sentido, mencionó la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Archivo, con el objetivo de robustecer el marco jurídico vinculado al acceso a la información y la gestión documental del Estado.
Durante una entrevista a medios de comunicación el funcionario explicó que con esta modificación a la Ley de Acceso a la Información Pública se busca que no sólo contemplen sanciones pecuniarias, sino también sanciones morales.
Además, mencionó que la propuesta incluiría la emisión de constancias por parte del IAIP para aquellos funcionarios que hayan incumplido la ley durante el ejercicio de sus cargos. Según lo planteado, dichas constancias podrían convertirse en un requisito para optar nuevamente a cargos públicos o de elección popular, lo que implicaría una restricción para quienes registren antecedentes de incumplimiento en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Actualmente, la normativa establece la gradualidad en la imposición de multas, permitiendo aplicar multas pecuniarias que van desde cinco hasta los 50 salarios mínimos a los titulares de instituciones que infrinjan la ley. No obstante, analistas considera que el componente económico no ha sido suficiente para garantizar el cumplimiento efectivo.
Los artículos 13 y 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública detalla qué tipo de información se debe publicar en el Portal de Transparencia y establece el formato en que se encuentre disponible y que, en caso de inexistencia, la institución debe comunicarlo por escrito al solicitante.
Mientras que los artículos 26 al 29 estipulan los procedimientos y motivos de sanción, que pueden ir desde una amonestación escrita hasta multas que oscilan entre medio salario mínimo y 50 salarios mínimos mensuales, dependiendo de la gravedad de la infracción. Estos montos deben ser enterados a la Tesorería General de la República.
En noviembre de 2024, Criterio.hn reveló que entre 2020 y 2024, la Tesorería General de la República (TSR), a través de la Procuraduría General de la República (PGR), recaudó 10,476,418.67 de lempiras en multas impuestas a instituciones públicas que han incumplido la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
REFORMAS DEBEN IR MÁS ALLÁ DE SANCIONES
A juicio de Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), el problema no sólo radica en la sanción económica, sino en la calidad de la información que se publica.
En una entrevista brindada a Criterio.hn el defensor de derechos humanos indicó que se debe revisar minuciosamente que la información, albergada en el Portal de Transparencia y la que se brinda por medio de las solicitudes de información, cumpla con los criterios de pertinencia, de calidad e inmediateces que la ciudadanía necesita.
De igual manera, afirmó que el actual esquema sancionatorio permite castigar económicamente el incumplimiento, pero no logra disuadir la conducta y eso se demuestra con los datos del informe publicado por el mismo Instituto de Acceso a la Información (IAIP) en el cual se identificó que 141 instituciones fueron reprobadas al omitir la publicación de información en los portales de transparencia.
Para el director de Democracia y Transparencia de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar, las sanciones pecuniarias no son un mecanismo que logra revertir una cultura de opacidad en la gestión pública.
Aguilar subrayó que, en la práctica, las sanciones del IAIP se limitan a audiencias de descargo y a la imposición de multas, sin que exista una acción que obligue de manera contundente a las y los funcionarios a cumplir con la ley.
Ante este escenario, la propuesta anunciada por Moncada abre el debate sobre la necesidad de fortalecer el régimen de transparencia en Honduras y de establecer consecuencias más severas para quienes incumplan con el deber de rendir cuentas.
