Foto portada: Orlando Sierra
Tegucigalpa. En el marco de la III Cumbre Extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y España, el director de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, urgió al presidente español, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, a que se pronuncie en relación con el deterioro en derechos humanos que vive la región.
San José, Costa Rica, es sede de una cumbre con mandatarios de Centroamérica enfocada en la crisis migratoria y la recuperación económica después de la pandemia del COVID-19. Por medio de una carta de ocho páginas, el director de Human Rights Watch, señaló que es la ausencia de un Estado de derecho, la corrupción, la impunidad, la discriminación y la violencia, lo que llevan a cientos de miles de personas a huir de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua cada año.
Pese a esto, «quienes gobiernan en Centroamérica continúan adoptando medidas que concentran el poder aún más en sus manos y demuestran escaso interés en proteger a los más vulnerables». La misiva resume la situación en temas de gobernanza y derechos humanos por país.
Con relación a El Salvador, detalló la cooptación de instituciones que implementó el presidente Nayib Bukele para concentrar el poder bajo el mando del ejecutivo, así como la politización de las fuerzas de seguridad para alcanzar sus objetivos; limitando de esta forma la transparencia y la rendición de cuentas pública.
También señaló la violencia homofóbica y transfóbica que viven las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) por parte de fuerzas estatales, las maras y otros actores, que contribuyen al desplazamiento interno forzado y la migración internacional. Pese a esto, el documento establece que, en junio de 2019, Bukele disolvió la Dirección de Diversidad Sexual, que realizaba investigaciones sobre este tema y capacitaba a funcionarios públicos, incluyendo policías, sobre orientación sexual e identidad de género.
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Sobre Guatemala, apuntó el intervencionismo que practica el poder ejecutivo para minar avances en temas de corrupción e impunidad, y limitar la posibilidad de rendición de cuentas. Con congresistas negándose a confirmar la elección de Gloria Porras a la corte, y el presidente Alejandro Giammatei persiguiendo a la prensa independiente con retórica
beligerante y acusaciones falsas sobre la cobertura periodística de la pandemia.
Además, anotó que legisladores intentan bloquear financiamiento al procurador de los derechos humanos, a cuyo titular han intentado destituir en varias ocasiones como represalia por promover los derechos sexuales y reproductivos, así como los derechos de las personas LGBT.
«Al no garantizar los derechos ni la seguridad de grupos vulnerables, incluyendo de las personas LGBT, Guatemala contribuye a su sufrimiento y a que muchos se vean obligadas a irse del país por ser víctimas de delitos de odio y otras formas de persecución, además de la violencia relacionada con pandillas», especificó.
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En Honduras, remarcó las acusaciones que pesan contra el presidente Juan Hernández
por colaborar con organizaciones ligadas al narcotráfico. Además, denunció la concentración de poderes e instituciones, realizada por el Partido Nacional a lo largo de la última década, y que involucra la cooptación de la Corte Suprema de Justicia, donde su titular tiene poder absoluto para seleccionar, nombrar, destituir o aplicar medidas disciplinarias a todos los jueces del país.
Igualmente, subrayó que los abusos, violencia, discriminación y extorsión que viven las personas LGBT por parte de pandillas, policías civiles y militares, ciudadanos de a pie e incluso sus propias familias; obliga a que personas de la diversidad tengan que huir cada año del país. Así como la negativa por parte del gobierno a cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitidas en 2018, sobre la protección de los derechos y la seguridad de personas LGBT.
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En cuanto a Nicaragua, evidenció que el presidente Daniel Ortega, quien busca la reelección por cuarto mandato, ha intensificado la represión estatal de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de 2021. Con la policía arrestando a cuatro candidatos opositores sobre la base de investigaciones penales sumamente cuestionables; y que además incluye la detención arbitraria y persecución de críticos del gobierno, como parte de una estrategia orientada a reprimir el disenso, infundir temor y limitar la participación política.
Sobre la reforma electoral aprobada por la Asamblea Nacional, detalló que consolida el control del ejecutivo sobre el sistema electoral y parece orientada a seguir favoreciendo al
presidente Ortega. «En estas circunstancias, es imposible que los nicaragüenses ejerzan sus derechos políticos en elecciones libres y justas».
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Leer aquí la carta: https://edgnrfnypo5.exactdn.com/wp-content/uploads/2021/06/Carta-de-Human-Rights-Watch.pdf
