Fotografías y redacción de Horacio Lorca
Tegucigalpa- El gobierno que preside Xiomara Castro ha anunciado represalias contra quienes se manifiesten públicamente. En un comunicado, emitido por la Secretaría de Prensa, el gobierno anunció que “se establece un protocolo especial para el problema nacional de las tomas en vías públicas… poner a la orden del Ministerio Público a los responsables”.
Castro, cada vez adopta más medidas calcadas del gobierno anterior del Partido Nacional (PN), que ella misma y el partido Libertad y Refundación (Libre) siempre cuestionaron y tildaron de dictatoriales y nefastas.
Las medidas de represión de la administración Castro, tienen asidero jurídico en las reformas al Código Penal que hiciera el Congreso Nacional, presidido por el nacionalista Mauricio Oliva, el 7 de octubre de 2021, cuando se criminalizó el derecho a la protesta al reformar el artículo 378 que tipifica como delito de usurpación cualquier acción de protesta ejercido por una o más personas en una vía o bien público o privado.
El derecho a la protesta social es una conjugación que se desprende del derecho a la libertad de expresión y del derecho a reunión, ambos reconocidos en una serie de tratados internacionales de derechos humanos, tanto del sistema universal como interamericano de protección de los derechos humanos
Es paradójico que el gobierno de Castro ejecute estas medidas teniendo en cuenta que el Partido Libre nació de las protestas sociales generadas en rechazo al golpe de Estado del 2009, y fueron estas acciones de presión las que se convirtieron en el arma para llevarlo al poder. Entonces, es oportuno preguntarse: ¿qué sucederá con los colectivos de Libre?, que casi a diario protestan en las instituciones públicas exigiendo su contratación y el despido de los militantes del Partido Nacional y Liberal a quienes llaman “mapaches”.
