“En Honduras, ya me habrían matado”

Por: Pedro Arrojo/Diputado de Podemos en el Congreso por Zaragoza

En la madrugada del 2 al 3 de marzo de hace un año, Berta Cáceres, mi amiga y hermana en el Premio Goldman, dirigente del COPINH y de las comunidades LENCA de Honduras, fue asesinada en su casa. Otro buen amigo, Gustavo Castro, que se alojaba esa noche en casa de Berta, quedó herido y lo dieron por muerto. Desde entonces lo pienso a menudo: si viviera en Honduras, probablemente, ya me habrían matado.

“Fui a las comunidades LENCA para dar un curso sobre energías renovables, organizado por el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), y Berta me ofreció su casa, donde tendría Internet”, relata Gustavo Castro.

“Estuvimos hablando en el porche hasta tarde, y nos retiramos a dormir. Estaba trabajando con el ordenador, en mi cama, cuando se oyó un fuerte golpe. Habían tirado la puerta de la cocina. Se abrió bruscamente la puerta de mi habitación y me vi encañonado, mientras oí a Berta enfrentar a sus agresores; varios disparos y cuando quien me apuntaba a la frente hizo el gesto definitivo de disparar, me encogí instintivamente y me tiré al suelo. El disparo me atravesó la oreja y la mano con la que me tapaba la cara. Me dieron por muerto y salieron huyendo”. Gustavo Castro es un buen amigo de Chiapas, dirigente conocido y reconocido en todo México y Centroamérica por su lucha en conflictos de grandes presas y minería.

Berta lideraba desde el COPINH la resistencia del pueblo lenca frente al proyecto de presa hidroeléctrica de Agua Zarca, promovida por una empresa hondureña, DESA, vinculada a miembros del Gobierno y del ejército, y financiada por la corporación alemana Voith Siemens, el banco holandés FMO, el finlandés Finnfund y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en el que participa España.

Desde el Golpe de Estado de 2009, como dice el lema del Gobierno, «Honduras is Open for Business»; es decir, las grandes corporaciones transnacionales recibieron todo tipo de facilidades para desarrollar grandes proyectos mineros e hidroeléctricos. Desde entonces, el Gobierno, no sólo facilita el desplazamiento de comunidades y la ocupación de sus tierras, sino que viene imponiendo un régimen de terror y criminalización de la protesta que, como es natural, se multiplica en las comunidades afectadas. Recientemente, Global Witness publicaba su Informe “ Honduras: El país más peligroso del mundo para el activismo ambiental”, en el que se documentan 123 personas asesinadas, desde 2010, por enfrentarse a las empresas que destruyen ríos, talan bosques y arrasan o acaparan tierras de las comunidades indígenas y garífunas.

En la semanas que siguieron al asesinato de Berta, tuve el honor de participar en la Misión Internacional de Observación “ Justicia para Berta Cáceres”. En nuestras conclusiones constatamos y documentamos:

Una manifiesta debilidad del Estado de Derecho y una flagrante falta de independencia del poder judicial, tanto en la Fiscalía como en la Judicatura;

Una desconfianza generalizada de la gente en las instituciones, incluida la Policía y el Ejército, que son temidos, como una amenaza y no como garantía de protección;

Una estrategia de criminalización de los dirigentes comunitarios, especialmente centrada en el COPINH y en la Red de Defensoras de Derechos Humanos;

Una protección deficiente del Gobierno a las personas amenazadas, como Berta, bajo medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la Misión constató 27 eventos relevantes de agresión o amenaza a Berta, documentados antes del atentado que le costó la vida.

Desgraciadamente, ha pasado un año y la situación no ha mejorado. Siguen asesinando, bajo una clamorosa impunidad, a dirigentes comunitarios, especialmente del COPINH, como Nelson García o Lesbia Yaneth Urquía; al tiempo que siguen las amenazas, detenciones y todo tipo de acciones  represivas sobre las comunidades.

Y todo ello, mientras España y la UE mantienen programas de cooperación, como EUROJUSTICIA, con más de 30 millones de euros, para fortalecer el Estado de Derecho y el respeto a los Derechos Humanos, con un Gobierno que hace sistemáticamente todo lo contrario.

Revisar y auditar la clamorosa ineficacia (a los hechos nos remitimos) de estos programas de cooperación; abrir espacios directos de apoyo a las organizaciones de Defensores de Derechos Humanos; revisar la política del Banco Centroamericano de Integración Económica, en el que participamos, a la hora de financiar megaproyectos, en los que se transgreden derechos humanos; apoyar la sistemática petición del COPINH y de Defensores de los Derechos Humanos de investigaciones independientes de los crímenes, como el de Berta Cáceres, bajo la supervisión de la Comisión Interamericana de DDHH; … ; son algunas de las muchas cosas que deberíamos hacer desde España y dese la UE, y que no hacemos.

Pedro Arrojo.- Es Doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza, con una tesis en Mecánica de Fluidos. Ha desempeñado igualmente en la universidad zaragozana los cargos de Vicedecano de la Facultad de Económicas y Empresariales, Delegado del Rector en el Centro de Cálculo, y Vicerrector. Actualmente es Profesor emérito del Departamento de Análisis Económico en Zaragoza, y diputado de Podemos al Congreso de los Diputados por la provincia de Zaragoza. Su investigación está centrada desde hace 15 años en la Economía del Agua.