Tegucigalpa.- Durante su participación en el foro académico Conflictos del Estado Constitucional de Derecho en el Triángulo Norte, el investigador de derechos humanos Joaquín Mejía planteó que desde el 2009 con el golpe de Estado, Honduras vive en una anormalidad democrática permanente que se ha ido profundizando con el correr de los años.
Esta anormalidad democrática ha desembocado en una especie de cinismo estructural a través del cual el Estado da un discurso favorable a los Derechos Humanos y por el otro niega todos esos valores que hay en el discurso. Accionar «que nos ha hecho más miserables y menos libres», planteó durante su intervención el analista hondureño.
Mejía citó los señalamientos realizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los que apuntó que en Honduras existe una justicia selectiva. «Por un lado actúa de manera tardía cuando se trata de perseguir a personas corruptas, a violadores de derechos humanos, a narcotraficantes; y por el otro lado favorece, en algunos casos, los intereses de aquellos sectores vinculados con el poder político, público y empresarial».
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El investigador de derechos humanos apuntó que el panorama no es alentador debido a dos factores. Uno que tanto la comunidad internacional como parte de la sociedad hondureña no reconocen la anormalidad democrática en que se vive e intentan aplicar medidas que serían adecuadas en un tiempo de normalidad, pero no durante un tiempo de excepcionalidad.
Ejemplo de ello, señaló Mejía, es que se invierten millones de dólares y euros en «fortalecer» el sistema de justicia y los resultados son nuevos edificios, nuevos coches, mejores salarios, mayor cobertura, pero en términos prácticos no logran reducir la impunidad, ni la desconfianza ciudadana. ¿Por qué?, cuestionó, «porque obviamente son instituciones que están cooptadas por un régimen autocrático».
El segundo punto se relaciona a la insistencia en confiar la solución a las elecciones cuando no se han tenido elecciones generales libres y justas en Honduras desde el 2009, de las cuáles la última en 2017 tuvo serios señalamientos de fraude electoral por parte de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA).
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Mejía manifestó que si se entiende la democracia como aquel régimen «que busca el gobierno de los y las mejores y evitar el gobierno de las y los peores», el proceso electoral primario de marzo de 2021, fracasó pues muchos de quienes fueron favorecidos para participar en el proceso electoral general de noviembre no son candidatos idóneos.
El investigador de Derechos Humanos planteó que ante la crisis de anormalidad democrática que vive Honduras, idealmente se requeriría en primer lugar «la conformación de un gobierno de transición con el acompañamiento efectivo y serio de la comunidad internacional y que tome medidas urgentes en términos de desmilitarización de la vida pública y la depuración de las fuerzas de seguridad del Estado».
Seguido por la garantía de un sistema de meritocracia por medio del cual se elijan a quienes ocuparan las altas magistraturas. Para acto seguido dar paso a unas elecciones libres y justas con el acompañamiento decidido de la comunidad internacional. Y como punto final: implementar todas las resoluciones, sentencias de órganos internacionales «que se han cansado de decir a Honduras qué es lo que hay que hacer».
Mejía aclara que ese escenario sería en un mundo ideal. En la realidad que vive Honduras toca a la ciudadanía -pese al cierre del espacio cívico- continuar denunciando y concretar alianzas ciudadanas, pues Honduras tiene muchas luchas, pero las mismas están dispersas y es necesario la articulación de estas.
El foro académico Conflictos del Estado Constitucional de Derecho en el Triángulo Norte fue organizado por la Asociación de Investigación y Análisis Constitucional (ASIAC) en Guatemala. Además del doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, Joaquín Mejía, participaron la funcionaria judicial y magíster en Derecho Penal, Patricia Gámez, de Guatemala; el doctor en Derecho Constitucional y catedrático universitario, Enrique Anaya de El Salvador; y el exembajador de Estados Unidos en Guatemala y diplomático retirado, Stephen McFarland.
