Tegucigalpa.- Honduras entra en una nueva etapa política marcada por una transición de poder frágil, una crisis profunda de confianza en el sistema político-electoral y un escenario de gobernabilidad condicionado por la correlación de fuerzas en el Congreso Nacional, comienza diciendo la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) en un análisis publicado este martes.
El informe titulado «Honduras tras las elecciones: una transición política con baja legitimidad, altos riesgos institucionales y desafíos clave para la política de EE. UU». señala además que la victoria de Nasry “Tito” Asfura para la presidencia se da con un margen muy reducido (40.26%) respecto a Salvador Nasralla (39.55%) y ocurre tras un proceso electoral ampliamente cuestionado por irregularidades institucionales y técnico-jurídicas, lo que deja al gobierno entrante con baja legitimidad.
Para la administración de Trump, Honduras es un socio clave en materia de migración, seguridad regional y alineamientos geopolíticos, especialmente tras el respaldo personal del presidente a Asfura. Sin embargo, la combinación de impunidad estructural, captura institucional, priorización de intereses privados y debilitamiento del espacio cívico plantea riesgos significativos para la gobernabilidad y la democracia del país, dice WOLA.
I. El legado de Xiomara Castro: avances y deudas
El gobierno de Xiomara Castro dejó un legado mixto, marcado por algunos avances en inversión social y en la recuperación de lo público, pero también por la incapacidad, o falta de voluntad política, para desmontar las estructuras que sostienen la corrupción e impunidad en Honduras.
Durante su administración, se profundizó la polarización social y política, en parte debido a su respaldo abierto a regímenes autoritarios en la región. Castro expresó públicamente su solidaridad con el presidente venezolano Nicolás Maduro y otorgó un reconocimiento al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, “por su apoyo a la democracia y a la resistencia del pueblo hondureño contra el golpe de Estado de 2009”. En reiteradas ocasiones, expresó su total respaldo a Cuba y condenó el embargo en distintas plataformas multilaterales.
En contraste, su relación con Estados Unidos fue compleja y oscilante tanto durante la administración de Biden como durante la de Trump. En 2025, los recortes de la asistencia financiera y la salida de USAID tuvieron un gran impacto en proyectos de gobernabilidad, justicia y derechos humanos; sin embargo, hubo acuerdos significativos sobre migración, aceptando ser un tercer país seguro, y sobre cooperación en seguridad fronteriza y en defensa. Así, la política exterior de Castro quedó marcada por un equilibrio difícil entre la cooperación pragmática con Estados Unidos y una retórica ideológica de solidaridad con gobiernos de izquierda autoritaria.
Por otro lado, a diferencia de las administraciones anteriores, el gobierno de Castro incrementó de manera visible la inversión social y en infraestructura pública, incluyendo carreteras, hospitales, escuelas y programas de apoyo económico a sectores vulnerables. También demostró apertura a organismos internacionales de protección a los derechos humanos, entre otros. No obstante, el gobierno de Xiomara Castro no logró, y en algunos casos no intentó, transformar las estructuras de poder heredadas. Por ejemplo, pese a contar con legitimidad política inicial y una demanda social clara, el gobierno mantuvo intacta la arquitectura electoral heredada, lo que derivó directamente en la crisis postelectoral actual.
Asimismo, la no instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIH) con el apoyo de las Naciones Unidas, a pesar de que esto fuera una de sus promesas antes de asumir la presidencia, es una de las principales deudas. A esto se suma la falta de acciones contra casos de corrupción dentro del propio partido LIBRE durante su presidencia.
Por otro lado, si bien su discurso enfatizaba avances en una agenda ambiental, agraria y de derechos humanos, los conflictos territoriales persistieron (aproximadamente 40) y, en algunos casos, se agravaron. No se avanzó en reformas sobre la tierra, no se ratificó el Acuerdo de Escazú y no se cumplieron sentencias clave de la Corte Interamericana, especialmente en favor del pueblo garífuna. Esto dejó un escenario vulnerable para los pueblos indígenas y garífunas frente al nuevo gobierno.
En materia de seguridad, desde diciembre de 2022 hasta el 26 de enero de 2026, el gobierno de Castro implementó un estado de excepción suspendiendo garantías constitucionales, tomando como modelo las políticas punitivas de Bukele en El Salvador. Para la administración de Trump, esta medida resultó efectiva para atacar el “micro-narcotráfico”, pero también ha sido cuestionada por atentar contra los derechos humanos. Lo cierto es que las cifras oficiales apuntan a una reducción baja de la violencia homicida, sobre todo en zonas urbanas, pero sin efectos contundentes respecto de otros crímenes como la extorsión y la violencia relacionada al crimen organizado, que sigue alta en zonas rurales del país.
II. Un sistema político-electoral viciado y una legitimidad erosionada
Las elecciones recientes confirmaron lo que múltiples actores nacionales venían advirtiendo: el sistema político-electoral hondureño necesita reformas profundas. La legislación electoral, esencialmente la misma desde 2004, con ajustes menores en 2021, no garantizó transparencia ni certeza jurídica. El manejo partidario de las instituciones electorales, la falta de resolución efectiva de las impugnaciones y las dudas sobre el funcionamiento del TREP y los conteos especiales contribuyeron a una percepción generalizada de fraude.
Aunque el proceso no derivó en violencia generalizada, la falta de credibilidad y confianza pública está dejando una institucionalidad debilitada. Todos los actores políticos, incluidos quienes cuestionaron el proceso, terminaron aceptando los resultados electorales, no como expresión de legitimidad democrática, sino como una salida pragmática ante el riesgo de ingobernabilidad.
Este contexto condiciona severamente la transición y limita el margen político del nuevo gobierno.
III. El Partido Nacional: legado de corrupción e impunidad
Uno de los principales desafíos estructurales para el gobierno de Asfura es que llega al poder sin una ruptura clara con el legado del Partido Nacional y de sus 12 años en el poder (hasta 2022). El partido ha sido señalado reiteradamente por corrupción sistémica, vínculos con el crimen organizado y altos niveles de impunidad, sin que existan señales creíbles de depuración interna.
La falta de independencia judicial, la debilidad del Ministerio Público y la ineficacia para investigar redes de corrupción de alto nivel que han caracterizado a los diferentes gobiernos en turno refuerzan la percepción de que las élites políticas siguen operando sin enfrentar la justicia. Para recuperar la mínima confianza ciudadana e internacional, el Partido Nacional tendría que desmontar sus propios operadores de impunidad. Sin ese quiebre, la gobernabilidad se apoyará más en acuerdos políticos transaccionales que en un mandato democrático sólido.
IV. El Congreso Nacional: el eje crítico de la gobernabilidad
El Congreso Nacional será el principal campo de disputa política durante esta transición. Con base en los resultados, la correlación de fuerzas se perfila de la siguiente manera (sobre un total de 128 curules):
Partido Nacional (PN): 49 diputaciones
Partido Liberal (PL): 41 diputaciones
LIBRE: 35 diputaciones
Otros partidos: representación marginal
Este escenario configura un Congreso altamente fragmentado, donde el Partido Nacional podría controlar una mayoría simple, pero dependerá de negociaciones con un Partido Liberal dividido internamente para alcanzar mayorías calificadas.
La Junta Directiva del Congreso
La elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional será determinante. No solo definirá la agenda legislativa, sino también el grado de contrapeso o de subordinación frente al Poder Ejecutivo. Las disputas internas, los “minifeudos” dentro del Partido Liberal y la lógica de votos negociados anticipan un Congreso transaccional, con baja capacidad de control democrático.
Representación de mujeres
Un elemento relevante, aunque insuficiente, es la presencia de mujeres en el Congreso. De forma preliminar, alrededor de 37 mujeres ocuparán curules, lo que representa menos de un tercio del total. Aunque esta cifra refleja avances respecto a décadas anteriores, no garantiza una agenda legislativa con enfoque de derechos de las mujeres, especialmente en un contexto de alianzas conservadoras y de agendas regresivas.
V. Agenda económica y sus riesgos para derechos humanos
Todo indica que el nuevo gobierno priorizará una agenda centrada en el sector privado, la atracción de inversión extranjera y la “confianza empresarial”. Las primeras reuniones con empresarios, organismos financieros internacionales y actores políticos estadounidenses apuntan a la reactivación de proyectos extractivos y de agroindustria a gran escala y, posiblemente, a las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDES) ampliamente cuestionadas por su falta de transparencia.
Si bien esta agenda puede generar crecimiento económico de corto plazo, incrementa significativamente los riesgos para personas defensoras de derechos humanos, pueblos indígenas y comunidades rurales, en un país con al menos decenas de conflictos socioterritoriales activos y un historial de criminalización de la protesta social.
La ausencia de mecanismos efectivos de consulta, protección ambiental y acceso a la justicia podría traducirse en una mayor conflictividad y cierre del espacio cívico.
VI. Relación con Estados Unidos: alineamientos claros, costos ocultos
En su primera gira como presidente electo, Asfura visitó Estados Unidos, donde sostuvo reuniones con actores clave, entre ellos, el secretario de Estado Marco Rubio, también con el Embajador Greer del Departamento de Comercio, el BID y algunos congresistas republicanos. De esa cuenta, la relación bilateral Honduras–EE. UU. se perfila como fluida y alineada, particularmente en los siguientes puntos:
Restablecimiento de relaciones diplomáticas con Taiwán
Reincorporación de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI, un ente institución del Banco Mundial para resolver disputas entre Estados y empresas/inversionistas extranjeros mediante arbitraje, la reactivación o reconfiguración de las ZEDE y la continuidad de la cooperación en seguridad, extradición y control migratorio.
Mantenimiento de la base militar de Palmerola “Soto Cano”
Estos alineamientos facilitan el apoyo político y financiero de EE. UU., pero no son neutrales ni gratuitos. El giro geopolítico, la dependencia económica y las concesiones en materia de inversión y seguridad pueden profundizar asimetrías estructurales, sin resolver los factores que impulsan la migración forzada: corrupción, pobreza, violencia e impunidad.
Recomendaciones
Para la administración de Trump, Gobierno de Estados Unidos
Restaurar un diálogo sostenido con la sociedad civil, los pueblos indígenas y garífunas y las organizaciones de derechos humanos, no solo con funcionarios del Ejecutivo.
Para el Congreso de Estados Unidos
Continuar condicionando parte del apoyo financiero y de seguridad a avances verificables en la independencia judicial, la lucha contra la corrupción y la protección de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y otros actores.
Respaldar iniciativas legislativas (como la H.Res.1278 en la Cámara de Representantes de EE. UU.) que buscan afirmar los derechos de los pueblos garífunas, condenar la violencia hacia estas comunidades y pedir acciones diplomáticas y políticas que protejan su cultura, territorio y derechos humanos
Fortalecer la supervisión del uso de los fondos de cooperación en materia de seguridad.
Organizar y llevar a cabo delegaciones del Congreso llevar a cabo un diálogo multisectorial, especialmente con grupos de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos.
Respaldar mecanismos internacionales contra la impunidad y no normalizar la corrupción estructural por razones estratégicas.
Incorporar criterios de derechos humanos, de género y de protección ambiental en toda la asistencia bilateral.
Conclusión
Honduras inicia esta nueva etapa política sin haber resuelto las causas estructurales de su crisis democrática. La estabilidad que pueda ofrecer el nuevo gobierno será, en el mejor de los casos, frágil y condicionada. Para Estados Unidos, incluido el Congreso, el desafío no es solo mantener un aliado estratégico, sino determinar si esta alianza es más para avanzar en los intereses estadounidenses y en una agenda antiderechos o realmente sentar las bases reales para una gobernabilidad democrática sostenible.
