Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades hondureñas y el FMI han alcanzado un acuerdo de 36 meses a nivel de personal técnico en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF) y el Servicio de Crédito Ampliado (SCA) del FMI para acceder a aproximadamente USD 830 millones destinados a financiar las políticas de reformas económicas de Honduras.
El programa económico que respalda el FMI se centra en la creación de espacio fiscal para contribuir a atender las urgentes necesidades de gasto social e inversión y, al mismo tiempo, consolidar la estabilidad macroeconómica, dice un comunicado de prensa publicado hoy.
El programa también contiene medidas destinadas a fortalecer la buena gestión de gobierno, garantizar la sostenibilidad del sector energético y de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), mejorar la resiliencia ante el cambio climático y fomentar el crecimiento inclusivo.
Un equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI), dirigido por el jefe de misión para Honduras, Sr. Ricardo Llaudes, visitó Tegucigalpa del 5 al 16 de junio de 2023, y mantuvo conversaciones a distancia en las últimas semanas, para analizar con las autoridades de Honduras el apoyo del FMI a sus políticas y planes de reforma.
Llaudes dijo hoy que las autoridades hondureñas y el FMI han alcanzado un acuerdo de 36 meses a nivel de personal técnico en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF) y el Servicio de Crédito Ampliado (SCA) para acceder a aproximadamente USD 830 millones (equivalentes a DEG 624,5 millones o 250% de la cuota de Honduras en el FMI) con el objetivo de apoyar las políticas de reforma económica de Honduras. El acuerdo está sujeto a la aprobación del directorio ejecutivo del FMI.
El funcionario del FMI agregó, “La economía hondureña ha seguido mostrando una notable resiliencia frente a varios shocks, internos y externos, incluidos la pandemia, fenómenos naturales (tormentas y sequías), el impacto de la guerra en Ucrania, y la desaceleración de la economía mundial, que impacta especialmente en el sector exportador. Honduras continúa enfrentándose a problemas sociales y estructurales, incluida una alta vulnerabilidad al cambio climático. Para hacer frente a estos desafíos, será necesaria la aplicación consistente de políticas y reformas estructurales que promuevan la diversificación económica y la inclusión social.
El programa de reformas de las autoridades, respaldado por el FMI, comprende reformas económicas e institucionales destinadas a afianzar la estabilidad macroeconómica y, al mismo tiempo, crear espacio fiscal para atender las importantes necesidades de inversión productiva y gasto social y así fomentar un crecimiento duradero e inclusivo y mejorar la resiliencia climática, informó Llaudes.
“El amplio programa de reformas de las autoridades se asienta sobre cuatro pilares fundamentales:
PRESERVAR LA ESTABILIDAD MACROECONÓMICA
El programa contempla un marco fiscal a mediano plazo que crea espacio fiscal para inversión productiva y gasto social y que a la vez preserva la sostenibilidad de la deuda. El Banco Central de Honduras (BCH) seguirá apoyando el proceso de desinflación que está en curso y adoptará todas las medidas necesarias para garantizar que el tipo de cambio no se vea sometido a presiones excesivas.
A lo largo del programa, y con asistencia técnica del FMI, el BCH seguirá fortaleciendo el marco de las políticas monetaria y cambiaria con miras a preservar la competitividad externa y crear las condiciones necesarias para transicionar gradualmente hacia un sistema que guarde los equilibrios, competitivo, y eficiente en la asignación de divisas y proteja la estabilidad del tipo de cambio.
AMPLIAR EL ESPACIO FISCAL PARA APOYAR LA INVERSIÓN PRODUCTIVA Y EL GASTO SOCIAL
El gobierno está impulsando un amplio programa de reformas para crear espacio fiscal y mejorar la gestión financiera pública, que incluye (i) eliminar los fideicomisos, que han obstaculizado la transparencia de la ejecución del gasto; (ii) fortalecer la administración tributaria y aduanera; y (iii) promover y reforzar la transparencia presupuestaria. Una reforma tributaria de gran alcance, que se encuentra en trámite en el Congreso, permitiría reducir las numerosas exoneraciones al impuesto sobre la renta y, a la vez, salvaguardar la competitividad de la economía hondureña. Si se aprueba, será esencial que la reforma se aplique de forma transparente y previsible, tal como debería establecerse en las regulaciones correspondientes.
Estas reformas serán fundamentales para favorecer las inversiones urgentes en infraestructura, sobre todo en materias de adaptación al cambio climático y en el sector energético. Además, el programa respaldará los esfuerzos de las autoridades por construir una red de protección social bien focalizada y de amplio alcance, centrada en los emblemáticos programas Red Solidaria y Programa de Acción Solidaria, destinados a las personas que viven en la pobreza extrema y a los grupos más vulnerables de la sociedad, agregó Llaudes en su declaración.
REFORZAR EL MARCO DE POLÍTICA MONETARIA, DESARROLLAR EL MERCADO DE DEUDA LOCAL Y PRESERVAR LA ESTABILIDAD FINANCIERA.
El Banco Central seguirá reforzando el funcionamiento del mecanismo de transmisión monetaria. Para seguir desarrollando los mercados de deuda interna, las autoridades reanudarán la emisión periódica de bonos del Tesoro y pondrán en marcha una estrategia de deuda a mediano plazo. Esto contribuirá a movilizar el ahorro interno, diversificar las fuentes de financiamiento y emitir en los mercados internacionales de capital. El sistema financiero sigue siendo robusto, pero se ha de seguir realizando una estricta vigilancia de los riesgos.
MEJORAR LA GOBERNANZA Y LA TRANSPARENCIA, COMBATIR LA CORRUPCIÓN E INCREMENTAR LA RESILIENCIA ECONÓMICA
Las autoridades están resueltas a reforzar el marco de lucha contra el lavado de dinero de conformidad con las normas internacionales. La reciente derogación del decreto 57-2020 y modificación del decreto 93-2021 son importantes pasos en tal sentido. Para mejorar la gobernanza y transparencia han sido igualmente importantes la derogación de la ley de secretos, que obstaculizaba el acceso a la información pública, y, recientemente, del decreto 116-2019 referente al fondo departamental, a través del cual los diputados del Congreso han venido dirigiendo recursos presupuestarios.
Para seguir fortaleciendo la gobernanza, las autoridades tienen previsto establecer un registro nacional de empresas que incluirá información sobre beneficiarios finales y un sistema electrónico de declaración del patrimonio para los empleados públicos. Para fomentar el crecimiento y el empleo será crucial velar por la sostenibilidad del sector energético, entre otras formas, mediante la implementación firme del programa de las autoridades para la reducción de pérdidas y fortalecimiento de la posición financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
