Entre 2017 y 2023 se reportaron 7,360 desapariciones, de las cuales el 36.5% corresponde a mujeres, el 15.4% a menores de 19 años y el 12.8% a abogados
Tegucigalpa- Ser mujer, estudiante o abogado en un país afectado por el crimen organizado y la corrupción conlleva un riesgo significativo, que, en muchos casos, resulta en desapariciones que no dejan rastro. Entre 2017 y 2023 en Honduras se reportaron 7,360 desapariciones, una cifra que refleja la inseguridad e impunidad.
Datos compartidos a Criterio.hn por la Secretaría de Seguridad, mediante una solicitud de información pública, precisan que el sector poblacional mayor afectado por las desapariciones durante los últimos seis años son las mujeres con 2,688 casos, seguidos por personas menores de 19 años con 2,508 desaparecidos y en tercer lugar los abogados con 942.
Se determinó que las desapariciones afectan a diferentes grupos ocupacionales, siendo los estudiantes los más vulnerables, con 1,133 reportes. Les siguen los abogados con 942 casos, las amas de casa con 772, los comerciantes con 271 y, finalmente, los obreros con 137 desapariciones.
El análisis de los datos revela que el 63% de los desaparecidos son hombres, mientras que el 37% son mujeres. En términos geográficos, el departamento de Francisco Morazán presenta la mayor incidencia, con 3,689 reportes, seguido por Cortés con 1,149 casos y Yoro con 317.
Este análisis no sólo evidencia una crisis alarmante en términos de seguridad pública, sino que también destaca fallas estructurales significativas en el sistema de justicia y en la protección de los derechos humanos.
Resulta paradójico que esta problemática persista, a pesar del estado de excepción implementado por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, una medida controvertida que vulnera las garantías constitucionales—, argumentada en el combate al crimen y reducción de los índices delictivos—, pues las desapariciones siguen ocurriendo, lo que cuestiona la efectividad de la política de seguridad gubernamental y plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y el respeto de los derechos fundamentales en un contexto de creciente violencia.
LOS MÁS VULNERABLES
Tal parece que los victimarios tienen un modus operandi particular y tienen su vista puesta en objetivos específicos. Por ejemplo, en las mujeres, quienes se han convertido en las principales víctimas de las desapariciones con el 36.5% de los casos reportados en los últimos seis años.
Entre 2017 y 2023, según los datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad, se han reportado 2,688 mujeres desaparecidas de un reporte de 7,360 casos, lo que subraya la urgente necesidad de implementar políticas efectivas para la prevención, búsqueda, y protección de las víctimas
Ejemplos palpables de las desapariciones de mujeres es el caso de Angie Peña, una joven de 22 años desaparecida en la isla de Roatán en enero de 2022, y el de Belkis Molina, secuestrada en Intibucá en julio de 2022.
El fenómeno de las desapariciones de mujeres tiene múltiples causas relacionadas, que reflejan profundas desigualdades de género. En Honduras, las autoridades no investigan adecuadamente las desapariciones de las mujeres, lo que se debe, en parte, a prejuicios de género que minimizan la importancia de estos casos, ya sea “porque las autoridades piensan que puede ser porque se fueron con sus parejas o por caprichos”, generando estigmas de género que obstaculizan una alarma temprana a las desapariciones, presume Abigail Canales, abogada y directora del despacho del Observatorio Nacional de los Derechos Humanos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh)
Canales remarca que, en algunos casos, la intervención temprana de las autoridades podría prevenir desenlaces trágicos si se activaran los protocolos de búsqueda de manera oportuna. Esto es especialmente relevante cuando las privaciones de libertad son perpetradas por bandas criminales cercanas a la víctima. Una respuesta tardía por parte de las instancias policiales podría resultar en consecuencias fatales, incluyendo la muerte.
Otro sector poblacional afectado por las desapariciones está representado en los niños, jóvenes y adolescentes de entre 10 y 19 años, quienes representan el 30% de los casos.
Esto para Gonzalo Sánchez, criminólogo y abogado, se atribuye a que los jóvenes y niños son los más vulnerables, pues pese a que no están involucradas, ni coludidas, con el narcotráfico ni con pandillas, “siempre se ven rodeados de bandas criminales que buscan corromper a los más jóvenes, que si estos acceden serán cooptados para cometer delitos de extorsión o robo a mano armada, y si estos se niegan a ser parte del crimen, corren el riesgo de perder la vida”.
En esta lógica, la situación para Sánchez, radica en una serie de problemas sociales, que no comienza con los entes policiales o criminales, sino en los contextos familiares, de educación y empleo. Considera que los gobiernos no se han preocupado por proveer ambientes de educación que promuevan una niñez y adolescencia sana, para contrarrestar los ambientes de los barrios y las colonias que son hostiles y llenos de criminalidad y que exponen a los niños a ser inducidos por criminales.
La amplitud del problema, trajo consigo el proyecto “Alerta Temprana Amber” presentado por la Policía Nacional para la localización y protección de niños, niñas y adolescentes desaparecidos o secuestrados con el fin de integrar las capacidades de las instituciones del Estado y el involucramiento social.
El proyecto se sustenta en la Ley de Alerta Temprana “AMBER” para localizar y proteger a niños, niñas y adolescentes desaparecidos o secuestrados, que entró en vigor a finales de diciembre de 2016.
Abigail Canales, abogada y directora del despacho del Observatorio Nacional de los Derechos Humanos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) argumenta que en Honduras no se ejecuta la ley porque las instituciones involucradas no han mostrado voluntad para establecer el reglamento, lo que entorpece el debido proceso para comenzar a emitir alertas que sean eficaces para la búsqueda de niños y adolescentes” y, en consecuencia, los resultados siguen siendo nulos.
La inoperatividad de la ley obedece también a la falta de un presupuesto por parte del Estado para la creación de un mecanismo efectivo.
ABOGADOS ENTRE LOS MÁS EXPUESTOS
Ejercer la carrera de derecho en un país dominado por el crimen también consigna un riesgo como lo vivido por 942 abogados que han sido declarados como desaparecidos, convirtiendo a estos profesionales como la segunda ocupación con mayor incidencia de desapariciones.
Para la directora del Observatorio Nacional de los Derechos Humanos del Conadeh, los principales afectados son aquellos abogados que ejercen la defensoría de derechos humanos y “resaltan las falencias en la inoperatividad del Estado”, ya que se exponen ante entes que tienen intereses y figuran en el poder.
Y aunque en Honduras existe la Ley de Protección de las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, que protege a los abogados, la mayoría de estos profesionales coinciden en que la normativa no se está aplicando o no existe efectividad en su aplicación.
Canales asegura que las medidas de protección tienen falencias, prueba de ello son las denuncias presentadas por los abogados sobre todo cuando se enfrentan a figuras del poder o el crimen organizado.
CRIMEN ORGANIZADO ENTRE LOS CAUSANTES DE DESAPARICIONES
El crimen organizado se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en Honduras, con diversos grados de participación, según José Alfredo Ponce, exdirector de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Y por regla general, las redes delictivas organizadas están implicadas en diferentes actividades delictivas, que pueden incluir trata de personas, tráfico de drogas, mercancías ilícitas y armas.
Berta Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), en un análisis sobre la situación, mencionó a Criterio.hn que parte de las desapariciones podrían ser consecuencia del narcotráfico y del crimen organizado de la narco dictadura impuesta por el expresidente Juan Orlando Hernández.
Destacando qué, “mientras la estructura criminal que operó durante los 12 años del narcoestado instalado por el expresidente (Hernández) no sea desarticulada, la violencia y desapariciones van a continuar en el país”.
De similar forma, Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras señaló que existe una complejidad por los actores que están implicados y que se relacionan al crimen organizado y el narcotráfico. Esto conlleva que haya poca o nula información sobre las personas desaparecidas.
RECOMIENDAN DAR SEGUIMIENTO A LOS CASOS
Daniel Cáceres, coordinador del Observatorio Nacional de los Derechos Humanos del Conadeh expuso que la policía y, en general, los entes que se dedican a la búsqueda de personas desaparecidas tienen que estar especializados.
El defensor de derechos humanos destacó que debe existir un protocolo de búsqueda de personas con carácter diferenciado, es decir, tomar en cuenta la particularidad de cada caso, así como, considerar las circunstancias dónde ocurrió la desaparición y el contexto en el que se opera en cada departamento.
La Secretaría de Seguridad, a través de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), es la responsable de ejercer un protocolo de búsqueda, y por ello Cáceres, comentó a Criterio.hn que entre los casos que se deben tomar en consideración se encuentran las desapariciones ligadas con el crimen organizado, desapariciones forzadas, las perpetradas en rutas migratorias, secuestros y desapariciones de personas indígenas. De igual manera, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) hizo un llamado urgente al gobierno para que adopte medidas determinantes, integrales y efectivas que ayuden a detener la vorágine de violencia y de las múltiples desapariciones.
Nelson Castañeda, director del sector seguridad y justicia de la ASJ dijo en entrevista con Criterio.hn que la “DPI tendría que ejecutar acciones de investigación bajo la coordinación técnica del Ministerio Público (MP)”. Pero mencionó que esta es una “de las grandes debilidades del sistema de justicia de Honduras”, ya que, a raíz de la falta de coherencia entre el método de búsqueda y seguimiento de los desaparecidos, no se logra obtener resultados efectivos.
