Tegucigalpa, Honduras. A 18 días para la celebración de las elecciones generales y pese a las recomendaciones internacionales, el Poder Ejecutivo decretó el pasado 12 de noviembre, una ampliación de 45 días del estado de excepción, por lo que Honduras vivirá su primer proceso electoral bajo dicha medida.
Cabe recalcar, que Honduras ha permanecido en estado de excepción desde diciembre de 2022, con el objetivo de reducir la comisión de delitos como la extorsión, el homicidio y el narcotráfico, sin embargo, pese a que el gobierno presume los resultados, defensores de derechos humanos y organizaciones de sociedad civil se han mantenido exigiendo la suspensión de la medida.
Una de las exigencias más recientes, se registró en julio de 2025, cuando mediante una carta pública, organizaciones de sociedad civil solicitaron a la presidenta Xiomara Castro la suspensión del estado de excepción previo y posterior a las elecciones generales para garantizar la autenticidad y transparencia del proceso.
En el Examen Periodico Universal (EPU), presentado recientemente, el tema más reiterado fue el del estado de excepción, y países como Francia, Alemania, Bélgica, Noruega, Corea del Sur, entre otros, solicitaron el levantamiento, recordandole al Estado hondureño que las medias de excepción debe ser temporales y sujetas a control judicial, ya que su prolongación vulnera derechos fundamentales y deja en desigualdad de condiciones el proceso electoral.
Podría interesarte: Estado de excepción profundiza desapariciones y violaciones a derechos humanos en Honduras
NUEVA PRÓRROGA Y POSICIÓN DE LA UNAH
Luego de 25 ampliaciones, el Consejo de Ministros junto a la presidenta Xiomara Castro, determinaron durante la noche de ayer, implementar una nueva prórroga al estado de excepción, que está a un mes de cumplir tres años de estar en vigencia.
Dicha ordenanza ejecutiva tendrá una duración de 45 días, iniciando el 12 de noviembre y finalizando el 26 de diciembre del presente año, es decir, que Honduras se someterá al proceso electoral general con las garantías constitucionales suspendidas.
Ante dicha acción, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), se pronunció a través de un comunicado, en el que dio a conocer su análisis con respecto a la decisión adoptada.
En el escrito jurídico y constitucional, la máxima casa de estudios señaló que dicha medida pone en diálogo la seguridad pública y el principio democrático, ya que ambas necesitan de un equilibrio para coexistir conforme a lo establecido en el artículo 187 de la Constitución de la República de Honduras.
La UNAH, al igual que los Estados internacionales que participaron en el Examen Periodico Universal (EPU), de 2025 coinciden en que la excepcionalidad no puede convertirse en una regla, además entre sus puntos importantes apunta a que no existe una justificación técnica pública específica para ampliar la medida a 226 municipios.
Por lo que concluye que la prórroga del estado de excepción de cara al proceso electoral general, sería válida si el PCM detallara una justificación, y que en ese sentido, se necesita el escrutinio estricto del Congreso Nacional, de la Sala Constitucional y el organismo internacionales de derechos humanos para garantizar que el régimen no afectará la libre determinación del pueblo hondureño.
Lea también: Engañoso: Gobierno anuncia prórroga del estado de excepción sin publicación oficial que lo respalde
UN RETROCESO DEMOCRATICO
El abogado constitucionalista y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, explicó a este medio digital, que es necesario que se comprenda que no existe ninguna norma constitucional, legal o internacional que prohíba a un país implementar un estado de excepción en el marco de un proceso electoral.
Mejía afirmó que el estado de excepción es una norma grave, porque tiene la naturaleza de la excepcionalidad, porque debe ser usado en ciertos momentos, ya que registre una serie de derechos y para ello se requiere de requisitos.
El profesional del derecho señaló que el problema que radica en Honduras es que de las 26 prórrogas que se han hecho al estado de excepción, solo una ha cumplido con los requisitos que exige la constitución.
Mejía enfatizó en que el estado de excepción está desnaturalizado, porque se ha convertido en política, porque ya no es excepcional, sino que es permanente y que es además inconstitucional porque no ha cumplido con los requisitos establecidos en la Constitución de la República.
NO ES UNA MEDIDA ADECUADA
El abogado y director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Javier Acevedo, señaló que desde dicha organización consideran que el estado de excepción no es la medida más adecuada para el combate a la criminalidad en el país.
Explicó que aunque si bien es cierto, las cifras de muertes violentas han bajado, esa no obedece estrictamente a la situación del estado de excepción, aunque ha servido para agilizar la captura de personas presuntamente involucradas en la comisión de delitos.
Acevedo expresó que la prolongación de dicha medida por parte del Estado, es hasta cierta forma para pavimentar para la Secretaría de Seguridad, ya que no están obligados a realizar investigaciones más técnicas y científicas, pues se les permite desarrollar acciones de persecución o de captura sin necesidad de contar con pruebas suficientes.
El abogado manifestó que la justificación que aparece en el decreto no es sustentable ni sólida y subrayó que parece existir una selección discrecional de zonas de interés policial, pues hay lugares con alta incidencia delictiva donde no se han suspendido las garantías.
