La transparencia, rendición de cuentas y el combate frontal a la corrupción representan un gran desafío para 2023.
Fotos: Jorge Burgos/Criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras. –La corrupción en Honduras continúa siendo un flagelo que contribuye a los problemas más grandes del país, además la lucha contra este flagelo se encuentra estancada y replica las malas practicas del pasado.
Además, el capítulo de Transparencia Internacional en Honduras recalcó que el país continúa entre los más corruptos de la región, aunque Honduras no mejoró ni empeoró su calificación en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC).
En la región centroamericana, la corrupción continúa siendo un desafío importante, ya que los países no logran un progreso significativo en la lucha contra la corrupción. Nicaragua es el país con la percepción de la corrupción más alta. Honduras -a pesar del cambio de gobierno- no mejoró, logrando únicamente mantenerse como el segundo país más corrupto de la región. Cabe destacar que Costa Rica es el único país que se ha mantenido en el umbral arriba de los 50 puntos, colocándole como el país más transparente de la región, señala el informe de ASJ.
ASJ, también tomó como referencia el sondeo de opinión pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC–SJ en 2022, el cual señala que dos de cada tres hondureños percibieron que hubo “mucha” corrupción en los partidos políticos y en el Congreso Nacional.
En el último año, el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, ha tenido considerados avances en materia de lucha contra la corrupción, entre esos aciertos esta la derogación de la Ley de Secretos.
No obstante, estos esfuerzos se vieron disminuidos con la aprobación de iniciativas como la Ley de Amnistía, mientras la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) sigue siendo una deuda pendiente.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó este martes informe Estancamiento de Honduras en Lucha Anticorrupción y Réplicas de Malas Prácticas que evidencia la falta de voluntad política. En la presentación de los hallazgos, estuvieron presentes la vicepresidenta del Congreso Nacional y expresidenta de la Comisión Anticorrupción, Fátima Mena; el director de Transparencia y Prevención de la Corrupción de la Secretaría de Lucha contra la Corrupción, Jorge Arturo Reina y la coordinadora del programa de Transparencia del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh), Blanca Elvir.
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COMBATE A LA CORRUPCIÓN
El escrito expone que, durante 2022, un total de 126 casos de corrupción7 ingresaron al Poder Judicial. De estos, el mayor volumen (72 %) correspondían a tres delitos: la falsificación de documentos (37 %), violación a los deberes de los funcionarios (20 %) y abuso de autoridad (15 %) respectivamente. La cantidad de delitos de corrupción judicializados aumentó de 99 a 126 a comparación del 2021.
El informe desglosa que los departamentos que presentan mayor cantidad de casos de corrupción, estos son: Francisco Morazán con 70 casos que representan un 55%; San Pedro Sula con 16 casos que representan un 13 %, y El Paraíso, con 13 casos que representan un 10 % del total de casos registrados. Esto, en gran medida por las falencias en la investigación de los operadores de justicia y por la centralización de las instituciones públicas en el Distrito Central.
Durante su disertación la vicepresidenta del Congreso Nacional, Fátima Mena, dijo que una de las principales deudas y promesas es justamente el tema de la lucha contra la impunidad y contra la corrupción.
A criterio de la expresidenta de la Comisión Anticorrupción no esperaba que la actual administración del Poder Legislativo utilizarás las viejas prácticas corruptas que tanto criticaron y cuestionaron en el pasado.
Explicó que esas malas prácticas justamente tienen que ver con la administración de recursos públicos, en ese sentido habló del decreto 116-2019, mismo que calificó como un blindaje utilizado por diputados que recibieron fondos públicos.
“En este momento uno de las situaciones de mayor emergencia era la eliminación de los blindajes tan cuestionados en los gobiernos pasados, los cuales eran conocidos como pactos de impunidad”, aseveró.
Uno de estos pactos de impunidad es la legalización del fondo departamental o sea el decreto 116-2019 esta ley nace justo después que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC) judicializarán el caso denominado Red de Diputados y habían más de 70 las líneas de investigación a raíz de ese caso.
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LABOR DEL TSC Y DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
El documento compartido por ASJ también habla sobre el trabajo que realizan el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y la Unidad Fiscal Especializada Contra las redes de Corrupción (Uferco) en el combate a la corrupción en el país.
La cantidad de informes realizados por el Tribunal Superior de Cuentas en los últimos 12 años es de 3,2518; sin embargo, para ese mismo período únicamente se remitieron al Ministerio Público 135 informes, que representan un 4.20 % de las auditorías realizadas.
Las fiscalías anticorrupción fueron creadas para investigar los delitos cometidos en perjuicio de la administración pública, entre otros delitos. Al estudiar específicamente este sector, según un informe desarrollado por la ASJ, se encontró que las fiscalías que conforman este circuito han recibido 16,071 denuncias entre el período 2018-2022.10 No obstante, es alarmante que, del total de denuncias recibidas a nivel nacional, únicamente se han judicializado 309 casos, es decir 1.92 %.
Además, sólo el 0.8 % de estas denuncias concluyeron en juicio oral y público. Este porcentaje es extremadamente bajo, lo cual muestra las debilidades del Ministerio Público a través de las fiscalías anticorrupción en cuanto a la investigación y judicialización.
