Por: Redacción CRITERIO
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De 2005 a 2013 los feminicidios aumentaron 263%. Cada 12 horas es asesinada una mujer. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Honduras ocupa el primer lugar en feminicidios a nivel mundial en países que no están en guerra.
Una silenciosa y terrible realidad es la que viven desde hace años, las mujeres y niñas hondureñas. Diversas organizaciones feministas y de derechos humanos han denunciado que tras el golpe de Estado en 2009, la situación es cada vez más crítica y persiste un ambiente de represión y militarización. Las más golpeadas son siempre las mujeres, contra quienes se descarga una brutal saña y crueldad que además, sirve como mensaje de terror para el conjunto de la población.
Es en este contexto que Honduras ha desplazado a México y Guatemala, como el país más peligroso para las mujeres en Centroamérica y el mundo. Según el Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Honduras registró en 2014 la tasa de homicidios más alta del mundo con 68 casos por cada 100 mil habitantes, es decir 15.9 asesinatos por día. También se registraron 14.6 mujeres asesinadas por cada 100 mil habitantes, lo cual equivale a más de 4,600 feminicidios en los últimos años y una mujer asesinada cada 12 horas.
En 2014 fueron asesinadas 636 mujeres y en lo que va de 2015 se tienen registrados más de 150 casos de feminicidio. La gran mayoría de estos casos permanecen impunes. Las autoridades argumentan que se trata de “crímenes pasionales” o que las víctimas estaban relacionadas con el crimen organizado, minimizando así el grave problema de violencia feminicida que se vive en el país centroamericano.
Golpe de Estado: la derecha al poder
En 2009 fue destituido mediante un golpe de Estado, Manuel Zelaya como presidente de la república hondureña. Su lugar fue tomado por Porfirio Lobo del conservador Partido Nacional de Honduras y que contó con el respaldo del gobierno de Estados Unidos y sus aliados latinoamericanos.
La disputa por la tierra y los recursos naturales ha desatado una ola de represión contra las y los activistas y defensores de derechos humanos hondureños, así como hacia los movimientos sociales y opositores al gobierno. En ese marco es que bajo el pretexto de la “lucha contra el narcotráfico”, el gobierno golpista ha implementado políticas de militarización en todo el territorio hondureño.
Después de golpe, el gobierno declaró ilegal la píldora anticonceptiva de emergencia, argumentando que su uso equivalía a abortar –lo cual es un delito grave en Honduras–. Además la tasa de homicidios y feminicidios se ha disparado desde entonces, sin que esto sea una preocupación para el Estado, que tolera la violencia feminicida y mantiene al 96% de los casos en total impunidad. El 70% de las muertes de mujeres se debieron a disparos por armas de fuego, lo cual habla de un país totalmente armado.
Feminicidio, crimen de Estado
Por desgracia, los asesinatos de mujeres han sido una constante en la historia de la humanidad. Según las condiciones sociales e históricas, la violencia contra las mujeres se recrudece en tiempos de crisis económica, conflictos armados o guerras.
El feminicidio es un problema global, que no respeta razas ni nacionalidades. Son muchas las explicaciones teóricas que giran en torno al tema de la violencia contra las mujeres, así como muchas las salidas políticas para su erradicación.
Marcela Lagarde y de los Ríos –antropóloga y feminista mexicana– fue la que acuñó el término de “feminicidio”, para describir el asesinato violento de mujeres. Más allá de sus aportes teórico-filosóficos para entender la opresión femenina, es necesario entablar un debate político sobre la caracterización que hace del Estado y su relación con el feminicidio.
Lagarde afirma:
“El feminicidio es el conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, secuestros y desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional. Se trata de una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad. Por eso el feminicidio es un crimen de Estado”. (El subrayado es nuestro)
Como señala el artículo “Feminicidios: escritos con sangre”, el “Estado de Derecho” del cual habla Lagarde, es un Estado sumamente reaccionario que no falla, sino que tiene inscrita la misoginia y la opresión patriarcal en su estructura institucional. El feminicidio es un crimen de Estado, porque es el que sienta las bases objetivas y subjetivas para la reproducción de la violencia y subordinación, entre los géneros como entre las clases sociales.
Hoy, lo “políticamente correcto” es hablar de los derechos de las mujeres y la equidad de género. Tanto en Honduras, México y la gran mayoría de los países latinoamericanos se cuenta con leyes que tipifican el feminicidio y reconocen la perspectiva de género en sus leyes. Sin embargo, el feminicidio y la violencia machista siguen siendo una constante en las sociedades latinoamericanas que cada día nos arrebatan la vida de decenas de nosotras.
Actualmente a pesar de existir mujeres presidentas en Brasil o Argentina, las condiciones de vida para la mayoría de las mujeres pobres y trabajadoras en Latinoamérica no han mejorado mucho. Por el contrario, el fenómeno del feminicidio se ha extendido territorialmente y le acompañan el engrosamiento de las redes de trata y prostitución, entre múltiples expresiones de violencia machista.
El pasado 3 de junio se realizó una movilización histórica de cientos de miles de mujeres en Argentina, Chile y México. El reclamo de #NiUnaMenos traspasó las fronteras nacionales y dejo de manifiesto el hartazgo de las mujeres ante la violencia e indiferencia de los gobiernos.
Desde la agrupación internacional de mujeres Pan y Rosas, participamos de dicha movilización y continuamos con el impulso del movimiento para que no haya #NiUnaMenos. Hacemos un sororal llamado a nuestras hermanas de clase en toda Latinoamérica, a impulsar un gran movimiento en las calles y a discutir sobre una alternativa política independiente para las mujeres y que represente nuestros intereses de clase.(tomado de izquierdadiario)
