Por: Brian Erazo
Hoy le toca el turno a la salud de vivir una de las fórmulas mágicas impulsadas desde los organismos internacionales, testaferros del neoliberalismo, para solventar cualquier clase de problema.
Desde hace décadas, los sistemas de salud en América Latina acumularon tal grado de ineficiencia e inequidad que era necesario hacer algo urgente para revertir la insatisfacción, producto del empeoramiento de la calidad del servicio, y la necesidad de equidad y eficiencia de los sistemas.
Las agencias prestatarias internacionales confabuladas con gobiernos con políticas desarticuladas, corruptas e impregnadas por el afán de lucro se aprovecharon de las mencionadas crisis para obligar a introducir reformas en salud como una condición para préstamos millonarios. La introducción de estas reformas, no parecen responder a estudios sobre el perfil epidemiológico, el sistema de salud, los recursos y la realidad socio-política de los países.
En Honduras esta realidad se exacerba y se ha convertido en la constante. Lo cual se pone de manifiesto al analizar los indicadores sanitarios, que nos siguen ubicando como el país con la peor cobertura sanitaria de la región centroamericana y en el cual el gasto privado en salud ha rebasado al gasto público en casi el doble y con esto, a la responsabilidad estatal.
Es en este contexto que el actual Modelo Nacional de Salud promulga la descentralización dentro de su estrategia. Aunque en teoría, esta puede considerarse una herramienta poderosa para el mejoramiento de los servicios y la equidad, puede resultar insuficiente o perjudicial en un contexto de políticas inciertas que se promueven por parte del Estado y cuando el rol rector en este rubro se encuentra sumamente debilitado como en nuestro país, con un Ministerio de Salud que tiene el mandato de garantizar el derecho a la protección de la salud pero que se ha mostrado incapaz de cumplir con las expectativas mínimas y de asumir este rol.
En el plano político, los procesos de descentralización de la región se han visto favorecidos por dos procesos complementarios: por un lado, la pérdida de credibilidad del Estado autoritario y, por el otro, el crecimiento de la Sociedad Civil. El primero surge debido a la incapacidad de los gobiernos de conciliar la contradicción entre los intereses de las élites económicas y un modelo económico equitativo que genere bienestar a las mayorías.
El segundo, busca afianzar el poder de las élites desde organizaciones que se desmarcan de la imagen gastada de las instituciones políticas. Esta dinámica en el sector salud, ha labrado el camino para el surgimiento sorpresivo de una gran cantidad de organizaciones no gubernamentales de dudosa trayectoria que plasman en sus diversos estatutos el compromiso heroico que tienen por la salud del país, desplazando así al Estado de sus deberes ineludibles como protector supremo de la vida humana. Este hecho, actualmente reflejado en la utilización de nueve hospitales públicos a nivel nacional como laboratorio de este modelo de transferencia.
Los obstáculos en estas como en otras situaciones, no tienen que ver con el marco normativo, sino con la voluntad política, el diseño institucional y el tipo de Estado que sostiene los procedimientos, sobre todo cuando se trata de impulsar cambios estructurales que trastocan el poder centralizado, en tanto se apela a una redistribución del poder del Estado y a cambios profundos en la cultura política tradicional.
Contexto bien medido por la actual administración que no está dispuesta a ceder en este campo, por lo cual en el proceso de descentralización en salud le apuesta a un modelo abanderado por ONGs allegadas a estos círculos de poder económico y político históricos, que no son más que otro instrumento de propagación del germen de lucro, que sitúa a la salud como una mercancía y no como un derecho.
