En el Día de los Derechos Humanos, especialistas advierten que pequeños avances institucionales contrastan con la violencia letal, la discriminación y la falta de respuestas efectivas del Estado
Mientras organismos internacionales llaman a erradicar el feminicidio y proteger a quienes defienden el territorio, Honduras sigue siendo un país peligroso para las mujeres, las personas LGBTI+ y los defensores del ambiente.
Tegucigalpa, Honduras. — En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, Honduras enfrenta un panorama que combina pequeños avances institucionales con graves retrocesos en la protección de las personas defensoras, las mujeres y las niñas. Aunque el discurso oficial insiste en el compromiso con los derechos humanos, especialistas coinciden en que el país sigue atrapado en una estructura estatal débil, marcada por la impunidad, la falta de voluntad política y la violencia estructural.
El abogado Javier Acevedo, del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), reconoce ligeras mejoras en el acceso a servicios básicos. “Hay ciertos avances en educación, salud y en la reducción de la represión violenta frente a la protesta social”, dijo.
También destacó que Honduras ha permitido la visita de relatores del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas, y que el país acaba de pasar por un Examen Periódico Universal (EPU) cuyas recomendaciones aún esperan respuesta gubernamental.
Sin embargo, Acevedo advierte que la institucionalidad sigue siendo frágil. “La Secretaría de Derechos Humanos ha tenido un papel bastante opaco, muy limitado, muy poco comprometido, casi para la fotografía nada más”, criticó, señalando que esta situación “no es nueva, sino histórica”.
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HONDURAS: UNO DE LOS PAÍSES MÁS PELIGROSOS PARA DEFENDER LA TIERRA
Global Witness ha advertido que Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defienden el ambiente y el territorio, señalando una combinación de violencia letal, impunidad e intereses empresariales y criminales que se imponen sobre los derechos de las comunidades.
En ese sentido, Acevedo subrayó que, “La defensa de la tierra y del territorio sigue siendo una actividad de muchísimo riesgo”, al referirse a las agresiones que provienen de actores privados, estructuras criminales y autoridades locales.
“El país aún no garantiza protección efectiva ni investigaciones que sancionen las agresiones contra quienes defienden los derechos humanos”, agregó el abogado.
En este escenario, se vuelve inevitable recordar el asesinato de Juan López, reconocido defensor de los bienes comunes y del territorio en Tocoa, Colón. López fue asesinado el 14 de septiembre de 2024, a pesar de contar con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que evidencia la incapacidad del Estado hondureño para garantizar la vida e integridad de las personas defensoras incluso cuando existe un mandato internacional de protección. Su caso se ha convertido en símbolo de la vulnerabilidad en la que se encuentran quienes se oponen a proyectos extractivos y defienden el ambiente, así como de la distancia entre los compromisos formales del Estado y la realidad que enfrentan las comunidades en los territorios.
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MUJERES, NIÑAS Y PERSONAS LGBTIQ+: LAS MÁS AFECTADAS
El deterioro de la situación se hace más evidente cuando se observan los derechos de las mujeres y las niñas hondureñas, quienes continúan siendo víctimas directas de la violencia y la exclusión.
La defensora Cristina Alvarado, del Movimiento de Mujeres por la paz “Visitación Padilla”, sostiene que “los derechos humanos de las mujeres siguen siendo un asunto pendiente que el Estado de Honduras no resuelve”. Advierte que, el problema no solo es político, sino estructural. “Tiene que ver con todo un entramado sistémico, institucional y cultural que se resiste a crear mecanismos efectivos de garantía”.
Alvarado recordó que 2025 cierra con más de 240 muertes violentas de mujeres y femicidios, lo que revela que los avances legales y los programas sociales no logran transformar la realidad.
Este día, la CIDH recordó que los Estados de América tienen la obligación de prevenir, investigar, sancionar y erradicar el feminicidio, que considera una de las violaciones de derechos humanos más graves y extendidas en la región.
Señaló que cientos de mujeres son asesinadas cada mes en un contexto de desigualdad, discriminación e impunidad, y que solo endurecer las penas no ha reducido esta violencia. Por ello, instó a fortalecer la protección y el acceso a la justicia, y a impulsar políticas de largo plazo que cambien las normas culturales y garanticen autonomía económica y educación integral para mujeres y niñas.
Por otro lado, el más reciente informe del Observatorio de Violencia hacia las Personas LGBTI+ de Honduras KAI+ advierte que la población diversa sigue enfrentando un contexto de violencia letal, agresiones, discriminación estructural e impunidad, con decenas de muertes violentas y ataques registrados solo en el último año.
El boletín destaca que, pese a ciertos gestos institucionales y a la discusión de políticas de inclusión, la respuesta del Estado continúa siendo insuficiente: la mayoría de los crímenes no llega a juicio, los prejuicios en los sistemas de seguridad y justicia persisten y la población LGBTI+ permanece expuesta a exclusión en ámbitos como el empleo, la salud y la educación.
UN ESTADO SIN COMPROMISO Y UNA SOCIEDAD QUE REPITE ERRORES
Para Acevedo, la falta de avance responde a una carencia profunda de compromiso político. “Hay discurso, pero no compromiso. Las políticas de derechos humanos pesan mucho menos frente a los intereses económicos y represivos del Estado”, enfatizó.
Por su parte, Alvarado advirtió sobre la persistente oposición política a la agenda de igualdad de género, impulsada desde sectores conservadores del Congreso Nacional. “Lamento que se opongan a los derechos de las mujeres por interés político. Los partidos deben acercarse a la realidad que viven las mujeres hondureñas y actuar en concordancia con sus derechos”, expresó.
Ambos coinciden en que Honduras no podrá avanzar mientras mantenga una institucionalidad débil, dependiente del discurso y sin continuidad entre gobiernos. “Por eso este país no avanza —concluyó Alvarado—, porque repite errores constantemente, incluso el de elegir a quienes menos indicados están para gobernar”.
El mensaje del secretario general de la ONU, Antonio Guterres subraya que, a casi ocho décadas de la Declaración Universal, los derechos humanos siguen siendo la base de la convivencia global, pero hoy se ven amenazados por el cierre del espacio cívico, las graves violaciones y la indiferencia ante el sufrimiento.
Insiste en que la defensa de estos derechos no puede quedar supeditada a intereses de poder o de lucro. El llamado es a tomar partido, proteger a quienes son más vulnerables y sostener a las instituciones que garantizan derechos, para mantener viva la promesa de dignidad y libertad para todas las personas.
