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Honduras: encuentran cuerpos enterrados por banda de alcalde mafioso

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Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. Autoridades hondureñas exhumaron ayer varios cadáveres, enterrados por miembros de la banda de “los Banegas”, jefeada por el alcalde nacionalista de Sulaco, Yoro, José Adalid González Morales.

Alrededor de tres cuerpos sin vida fueron extraídos de las fosas comunes donde fueron enterrados en 2011, luego de ser asesinados por la organización criminal, dirigida por el edil, que se encuentra preso en la Penitenciaría Nacional de Támara, al norte de la capital de Honduras

De las fosas fueron extraídos los cuerpos de Damasio Orellana Romero (48), Marco Tulio Rodríguez Rodas (35) y Carlos Hernández Barahona (35), ejecutados por los Banegas en noviembre de 2011, luego de ser emboscados por unos 30 miembros de la organización criminal.

La Policía sostiene en su tesis que a los ejecutados les robaron varias vacas, por lo que se defendieron de los mafiosos; cuando se les acabó la munición, fueron reducidos y, de inmediato, asesinados.

A Hernández Barahona lo degollaron, le cortaron la lengua y le arrancaron su miembro viril; a Rodríguez y Orellana, recibieron varios disparos en la cabeza. Del bando agresor, resultó muerto el abigeo Hernán Montes.

El edil nacionalista guarda prisión, luego que un juez nacional ordernara encarcelarlo, mandándolo a Támara mientras se recaban las evidencias que lo señalan de ser el jefe de la banda que fue descuartizada en una operación de la Policía Nacional y otros organismos de seguridad.

Los delitos que achacan al alcalde de Yoro son asociación ilícita y asesinato; según la legislación penal, ambos cargos pueden conllevar a penas de prisión desde los 10 años hasta cárcel de por vida.

González Morales salió electo jefe de gobierno municipal, por la corriente del presidente Hondureño Juan Hernández.

A la fecha, unos tres alcaldes nacionalistas han sido enviados a la cárcel, señalados de narcotráfico, en el caso de Arnaldo Urbina Soto; el exalcalde de Juticalpa, Olancho, noreste de Honduras, Ramón Sarmiento, por tenencia ilegal de armas.

Los detenidos eran personas de confianza del titular del Ejecutivo hondureño.