Las recientes sentencias relativamente reducidas a narcotraficantes hondureños han llevado a la población a cuestionar la urgente necesidad de fortalecer el sistema de justicia en Honduras, para no depender de las extradiciones
Entre las sentencias impuestas se encuentran la del exmandatario Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años; la de Mauricio Hernández, condenado a 15 años; y la más polémica, la libertad condicional otorgada al exdirector de la Tasa de Seguridad, Roberto Cosenza, a cambio de una fianza de un millón de dólares
Tegucigalpa, Honduras. – Profesionales del derecho expresaron la urgente necesidad que Honduras fortalezca su sistema de justicia y así evitar que las extradiciones por parte de Estados Unidos se conviertan en la única forma de castigar a los narcotraficantes hondureños.
En las últimas semanas, se han conocido las sentencias que el gobierno de Estados Unidos ha impuesto a hondureños extraditados en virtud del acuerdo de extradición firmado entre ambas naciones de 1909.
Una de las sentencias más destacadas es la del expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022, declarado culpable en marzo de 2024 y, en junio del mismo año, sentenciado a 45 años de prisión más cinco años de libertad condicional.
Esta sentencia generó considerable confusión entre la población, ya que, pese a que el juez Kevin Castel afirmó que Hernández había convertido a Honduras en un narcoestado, solo se le impusieron cinco años más de la pena mínima solicitada por su defensa.
Además, la sentencia puede reducirse tras una revisión si el condenado muestra buen comportamiento, además, es posible que cumpla su pena en un centro de mediana seguridad por su edad, según explicó el abogado Kenneth Madrid.
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LIBERTAD CONDICIONAL PARA EXTRADITADO
Otro de los casos recientes que sorprendió a los hondureños fue la libertad condicional otorgada por la justicia norteamericana al exdirector de la Tasa de Seguridad, Roberto Cosenza.
La defensa basó su solicitud en problemas de salud que requerían atención médica, y una vez aprobada, las autoridades impusieron varias condiciones, como la prohibición de salir del país y la garantía de propiedades en el estado de Florida.
La libertad condicional de Cosenza se produjo tres meses después de su extradición el 4 de abril de 2024 en Honduras, donde fue acusado de lavado de activos, aceptación de sobornos y transacciones derivadas de actos criminales mientras desempeñaba su cargo.
En medio de un fuerte operativo, fue extraditado a Estados Unidos, sin embargo, hoy se encuentra gozando de libertad condicional tras haber pagado una millonaria fianza.
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15 AÑOS DE PRISIÓN PARA FAMILIAR Y CÓMPLICE DE “JOH”
Otra de las sentencias que sorprendió a la población hondureña fue la impuesta al ex subcomisionado y primo del expresidente Juan Orlando Hernández, Mauricio Hernández Pineda. El 2 de julio de 2024, el juez Kevin Castel le condenó a 15 años de prisión.
La sorpresa de la población radica en la levedad de la condena, a pesar de que Hernández Pineda estaba acusado de delitos relacionados con el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.
Estos cargos son similares a los enfrentados por Juan Orlando Hernández y el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos «El Tigre» Bonilla, con quienes inicialmente compartía un juicio unificado.
Sin embargo, Mauricio Hernández Pineda se declaró culpable el 2 de febrero de este año, y pocos días después, el 6 de febrero, Juan Carlos Bonilla también admitió su culpabilidad.
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FORTALECER SISTEMA DE JUSTICIA HONDUREÑO
Es preciso mencionar que la extradición es un tema polémico en Honduras. Mientras algunos opinan que se debe mantener, otros creen que debe eliminarse, ya que consideran que representa una injerencia de Estados Unidos al aplicar la justicia que los hondureños no pueden ejercer debido a sistemas coludidos con el crimen y la corrupción.
Uno de los abogados que ha cuestionado las extradiciones es el experto en derecho penal Marlon Duarte, quien señaló que no es correcto que una persona se aleje de otros países y mucho menos si se hace bajo procedimiento como los que inicia el someta a auto acordado vigente.
Pero en En caso de seguir el proceso de extradición se debe aplicar peor bajo una ley no solo un auto acordado, «Es necesario que se hagan las correcciones correspondientes, ya que los autos acordados son de aplicación interna y limitan las garantías constitucionales de los acusados y los propios jueces», expresó Duarte.
De su lado el analista social Julio Navarro, es del criterio que el hecho de que los narcotraficantes de Honduras sean juzgados en otro país por delitos cometidos en Honduras demuestra que el sistema de justicia hondureño es inoperante y tiene que recurrir al estadounidense.
A su juicio, el caso del expresidente Juan Orlando Hernández es un ejemplo clave que debería motivar la construcción de un sistema de justicia independiente, en lugar de uno que se acomode y se ponga al servicio de narcotraficantes y políticos corruptos.
El analista en temas internacionales, Graco Pérez, expresó que las extradiciones representan un acto de injerencia por parte del gobierno de Estados Unidos, similar a las opiniones vertidas por extranjeros sobre Honduras.
«Pasa que en Honduras solo aprobamos la injerencia cuando es conveniente. Cuando se mencionan a políticos corruptos o se emiten opiniones, sí lo consideramos injerencia; pero en el tema de la extradición, permitimos que otro gobierno imparta justicia», señaló Pérez.
