Bajo la sombra de la impunidad y la desigualdad, organizaciones nacionales e internacionales promueven transformaciones urgentes en el sistema judicial hondureño, con énfasis en mujeres, jóvenes y comunidades indígenas
El proyecto IURISDIKE propone fortalecer instituciones y acompañar a víctimas, buscando respuestas judiciales más justas y equitativas para todos los sectores sociales
Tegucigalpa, Honduras, – Alcanzar el acceso a la justicia es un reto histórico en Honduras, y no se trata únicamente de garantizar el ingreso a los tribunales, sino de lograr la vigencia plena de los derechos humanos en un contexto marcado por desigualdad estructural, según explicó el doctor y defensor de derechos humanos Joaquín Mejía durante una entrevista reciente.
“Cuando una persona no tiene acceso a la educación, la salud, un empleo digno o a un medio ambiente sano, estamos hablando también de una negación de justicia”, afirmó Mejía. Y esa negación, agrega, ha sido una constante para más del 70% de la población hondureña durante más de 40 años de democracia.
Frente a este panorama, Mejía reconoce el valor de nuevos proyectos que buscan mejorar el acceso a la justicia, aunque advierte que, por sí solos, no transformarán la realidad estructural del país. “Esperamos que al menos se pueda avanzar un paso al frente con los pocos recursos disponibles. No cambiarán el país, pero podrían marcar una diferencia”, apuntó.
DOBLE MORAL INTERNACIONAL Y RETROCESOS REGIONALES
Al abordar el contexto internacional, Mejía advirtió que la afectación a los sistemas de protección internacionales también afecta gravemente el acceso a la justicia en países como Honduras, donde el aparato estatal muchas veces falla. “Vemos cómo la crisis en los sistemas internacionales es un riesgo. En países autoritarios como El Salvador y Nicaragua, esto se traduce en un peligro real para los derechos ciudadanos”, argumentó.
También denunció la “doble moral” de actores internacionales, haciendo mención al genocidio en Palestina y la guerra en Ucrania. “Hay una vara de medir distinta cuando se trata de Rusia o Israel. Esa incoherencia debilita el discurso y los estándares de derechos humanos en el mundo y también influye en nuestros países”.
VIOLENCIA DE GÉNERO Y JUSTICIA PATRIARCAL
Uno de los temas más preocupantes en el país es la violencia contra las mujeres. La abogada Kenia Paz, especialista en género y justicia del Bufete jurídico por los derechos humanos, señala que el acceso a la justicia con enfoque de género sigue siendo débil. “Tenemos jueces que aún actúan sin perspectiva de género, incluso cuando ya existen normativas que los obligan a aplicarla en sus resoluciones”, advirtió.
Paz agregó que la falta de un enfoque de género no es un error técnico, sino una manifestación del sistema patriarcal hondureño. “Vivimos en un Estado patriarcal, donde la miopía de género sigue siendo una constante. Y eso impide que las mujeres puedan acceder a la justicia en igualdad de condiciones”.
Hasta el momento Honduras no cuenta con una ley que aborde la prevención de las diversas violencias hacia las mujeres, propuesta que está engavetada en el Congreso Nacional. Paz considera que no bastan decretos o artículos aislados. “Debe haber una política pública coordinada y un compromiso transversal que obligue a jueces, juezas, magistradas y magistrados a cumplir con estándares internacionales”, subrayó.
Según organizaciones de mujeres, la impunidad en los casos de violencia contra mujeres en Honduras supera el 95%. Además, el país registra la tasa más alta de femicidios en América Latina, de acuerdo con el Centro de Derechos de la Mujer y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Esta situación evidencia la profunda crisis de justicia y protección que enfrentan las mujeres hondureñas, así como la urgencia de fortalecer los mecanismos institucionales para garantizar sus derechos y su seguridad.
UN PROYECTO AMBICIOSO CON HORIZONTES LIMITADOS
La Unión Europea y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) han lanzado el proyecto IURISDIKE: Fortaleciendo el acceso a la justicia en Honduras.
Este esfuerzo se centra en dos líneas estratégicas: por un lado, el fortalecimiento institucional para mejorar la actuación de entidades clave como el Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y el Congreso Nacional; y por otro, el acompañamiento integral a víctimas y organizaciones de sociedad civil para reforzar sus capacidades legales y de exigibilidad de derechos.
El objetivo es garantizar una justicia efectiva, particularmente para sectores históricamente vulnerabilizados como mujeres, población LGBTIQ+, pueblos indígenas, personas con discapacidad y jóvenes.
El proyecto también contempla asistencia técnica especializada, promoción del litigio estratégico en casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos y apoyo institucional a órganos como el CONADEH y el CONAPREV.
Además, IURISDIKE se compromete a integrar un enfoque de género e interseccionalidad en todas sus acciones, con el propósito de garantizar respuestas judiciales oportunas y pertinentes.
Desde la OACNUDH en Honduras, Juan Carlos Monge, representante interino, celebra el proyecto como un paso positivo tras varios años de trabajo conjunto con la Unión Europea. “Este es un programa de cuatro años, que no solo involucra al poder judicial o al Ministerio Público, sino también al Congreso Nacional, a la Secretaría de Derechos Humanos y a otros órganos del Estado”, explicó.
No obstante, Monge también reconoce las limitaciones del contexto. “Honduras ha tenido avances, pero sigue enfrentando desafíos estructurales como la inequidad, la impunidad y la inseguridad jurídica que impiden la plena garantía de los derechos”.
El proyecto IURISDIKE, se desarrollará durante un periodo de cuatro años. Esta iniciativa ha sido diseñada con el objetivo de transformar el sistema de justicia hondureño, orientándolo hacia un modelo más inclusivo, eficiente e independiente.
