De amenazas de cierre a cooperación con Estados Unidos, Honduras facilita el trasbordo de migrantes venezolanos detenidos en una base naval cuestionada por su historial de violaciones a derechos humanos y su ambigüedad legal
Tegucigalpa, Honduras. – La presidenta Xiomara Castro pasó de amenazar con el cierre de la base militar estadounidense en Palmerola, Comayagua, a realizar el trasbordo de migrantes venezolanos retornados de Estados Unidos con destino a Venezuela.
La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, también conocida como Cancillería, anunció este jueves “acciones humanitarias” para realizar el trasbordo de 170 migrantes venezolanos de un avión con bandera estadounidense a otro con bandera venezolana.
Cancillería señaló que el “proceso forma parte de un esfuerzo de cooperación positiva entre los gobiernos de Honduras, los Estados Unidos de América y la República Bolivariana de Venezuela”.
Horas después del aviso de Cancillería, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (I.C.E. por sus siglas en inglés) comunicó por «X» el transporte de 177 migrantes venezolanos –siete más de los notificados por el gobierno hondureño– desde la Base Naval de la Bahía de Guantánamo a Honduras para que estos fueran «recogidos» por el gobierno venezolano.
A finales de enero, la administración de Donald Trump anunció que personas migrantes, a las que denominaron de forma estigmatizante como «extranjeros criminales de alta prioridad», serían trasladados a la Base Naval de la Bahía de Guantánamo. La determinación fue cuestionada debido al historial de violaciones en derechos humanos que tiene la base militar estadounidense.
Pese a las conocidas objeciones al trato de los migrantes y su consiguiente traslado a Guantánamo, el gobierno hondureño aseveró en el comunicado que su accionar era de tipo humanitario y que estaba en el marco de las relaciones bilaterales de ambos países.
Noticia relacionada: Vigencia de tratado de extradición, un cálculo político de Libre para seguir en el poder
HONDURAS ACTÚA COMO PUENTE DE DEPORTACIONES
Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), señaló la acción como parte del proceso de negociación entre Honduras y Estados Unidos tras alcanzar un acuerdo con respecto al tratado de extradición entre ambos países.
“De alguna manera Honduras está sirviendo de puente con un país con el que Estados Unidos formalmente no tiene relaciones, que es Venezuela, y facilitando ese proceso de traslado”, indicó Acevedo, quien fue consultado por Criterio.hn antes de que se conociera que los migrantes provenían de la Base Naval de Guantánamo.
Al consultarle si el gobierno hondureño no entró en contradicciones tras haber amenazado con el cierre de la base aérea, manifestó que la dificultad es que se desconoce el alcance, el contenido y los acuerdos a los que llegaron ambas naciones durante la negociación. “Entenderíamos que [esto] hace parte de los acuerdos, y entre esos acuerdos alguna ganancia habrá para el Estado de Honduras”, señaló.
El director ejecutivo de Ciprodeh recordó que si bien la semana pasada, Venezuela envió vuelos a Estados Unidos para facilitar el retorno de sus conciudadanos, estos dos países no tienen relaciones formales.
Este jueves, medios internacionales señalaron que los países de Centroamérica están sirviendo como puentes para las deportaciones de Donald Trump, mediante acuerdos bilaterales con Estados Unidos. Esta semana 299 migrantes retornados llegaron a Panamá, donde fueron instalados en un hotel de la capital, bajo custodia policial.
EXTRADICIÓN Y POLÍTICA
El anuncio a través del cual se comunicó el transbordo de las personas venezolanas, se realizó dos días después que la presidenta Castro notificó que el tratado de extradición entre Estados Unidos y Honduras se mantendrá, tras haber alcanzado un acuerdo con la administración de Donald Trump, mediante el cual se garantizará su aplicación objetiva.
La declaración de Castro en redes sociales, el martes, fue seguida por una conferencia de prensa en la que el canciller Eduardo Enrique Reina señaló que el tratado sería nuevamente denunciado el 26 de enero de 2026 y que sería la administración entrante la que decidiría si continua la implementación del tratado o no.
La comunicación de Castro fue celebrada en “X” por la representante de la Florida, María Elvira Salazar, quien resaltó mediante un video que el “presidente Trump no es el presidente Biden” y que Estados Unidos “es un país que quiere las mejores relaciones con Centroamérica, pero que hay que respetarlo”.
Las “recomendaciones” previas de Salazar han rayado en injerencia y amenazas, como la que realizó tras el fallo de inconstitucionalidad de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, cuando previno que había “un nuevo Sheriff en el pueblo” y que “[m]ucho cuidado con expropiar las ZEDEs en Honduras”.
Conozca más: Arrecia injerencia y amenazas tras fallo de inconstitucionalidad de las ZEDE en Honduras
