La pena de muerte en Honduras es un tema que, aunque legalmente superado, continúa generando debate en el contexto de la inseguridad y la violencia. A lo largo de la historia del país, este castigo extremo fue aplicado en distintos periodos, hasta ser abolido de manera definitiva. Hoy, Honduras mantiene una prohibición absoluta, tanto a nivel constitucional como internacional, basada en el respeto a los derechos humanos y el derecho a la vida.
Honduras – En los inicios del Estado hondureño, la pena capital formaba parte del sistema de justicia. La Constitución de 1825 contemplaba la pena de muerte para delitos considerados graves, como aquellos que atentaban contra el orden público, así como el asesinato y el homicidio premeditado. Durante el siglo XIX y principios del XX, el fusilamiento fue el método utilizado, tanto para delincuentes comunes como para reos políticos.
Las constituciones de 1880 y 1936 también permitieron la aplicación de la pena de muerte bajo determinadas circunstancias, reflejando una época en la que este castigo era considerado un mecanismo legítimo de control social y penal.
Un cambio significativo ocurrió en 1894, cuando una nueva Constitución prohibió de manera absoluta la pena de muerte en Honduras. Este hecho marcó el primer antecedente formal de abolición y representó un avance importante en materia de derechos fundamentales. Sin embargo, esta prohibición no fue permanente, ya que en décadas posteriores algunas constituciones volvieron a permitirla.
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EL ULTIMO FUSILADO EN HONDURAS
El último caso documentado de aplicación de la pena de muerte en Honduras ocurrió el 15 de agosto de 1952. Ese día, Vidal Zúñiga Meraz fue fusilado en el muro posterior del presidio de El Porvenir, en La Ceiba. Su ejecución marcó el final de una etapa en la historia penal del país.
Zúñiga Meraz había sido condenado por el asesinato de una mujer, crimen que, según su testimonio, cometió al creer que la víctima practicaba brujería en su contra y contra su familia. El hecho quedó registrado como uno de los episodios más impactantes, no solo por la ejecución en sí, sino por el contexto humano que la rodeó.
Poco tiempo después de esta ejecución, el Estado hondureño avanzó hacia la abolición definitiva de la pena capital. En 1956, la Junta Militar de Gobierno que había derrocado al jefe de Estado Julio Lozano Díaz emitió el Decreto No. 11, mediante el cual se suprimió la pena de muerte del ordenamiento jurídico.
En el mensaje dirigido a la Asamblea Nacional Constituyente de 1957, se argumentó que la pena de muerte no había cumplido los propósitos para los cuales fue creada y que era deber del Estado garantizar la inviolabilidad de la vida humana. Ese mismo año, la Asamblea Constituyente reafirmó la abolición, consolidándola como una política de Estado.
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LA PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL VIGENTE
La actual Constitución de la República de Honduras, promulgada en 1982, establece de forma clara y expresa la prohibición de la pena de muerte. El artículo 65 señala que el derecho a la vida es inviolable, mientras que el artículo 66 prohíbe categóricamente la pena capital.
Esta prohibición es absoluta y no contempla excepciones, lo que impide cualquier intento legal de restablecer la pena de muerte dentro del marco constitucional vigente.
Además de su normativa interna, Honduras ha asumido compromisos internacionales que refuerzan la abolición de la pena de muerte. El país es parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En 2008, el Estado hondureño ratificó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumento adoptado por la Asamblea General de la ONU con el objetivo específico de abolir la pena de muerte. Con esta ratificación, Honduras reafirmó su compromiso internacional con la defensa del derecho a la vida.
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PERO, ¿POR QUÉ HONDURAS NO APLICA LA PENA DE MUERTE?
Existen múltiples razones por las cuales Honduras mantiene la prohibición de la pena de muerte. En primer lugar, se reconoce como una violación a los derechos humanos, especialmente al derecho fundamental a la vida. Además, el sistema judicial no está exento de errores, y la posibilidad de condenar a personas inocentes representa un riesgo irreversible.
Asimismo, diversos estudios y experiencias internacionales han demostrado que la pena de muerte no es un disuasivo efectivo contra el crimen. Factores como la educación, el empleo y el fortalecimiento del tejido social tienen un mayor impacto en la reducción de la violencia. Por ello, Honduras ha optado por alternativas penales como la cadena perpetua.
La abolición de la pena de muerte en Honduras es el resultado de un proceso histórico marcado por cambios legales, reflexiones éticas y compromisos internacionales. Desde su aplicación en los primeros años republicanos hasta su prohibición absoluta en la Constitución actual, el país ha optado por un modelo de justicia que defiende el derecho a la vida como un valor inviolable. Esta decisión reafirma el compromiso de Honduras con un sistema penal más humano y con la protección de los derechos fundamentales.
En 2005 durante la campaña política el presidenciable nacionalista, Porfirio Lobo Sosa, proponía la pena de muerte y eso lo hizo perder las elecciones frente a Manuel Zelaya Rosales, quien sería derrocado mediante un golpe de Estado, el 28 de junio de 2009.
El 17 de agosto de 2008 Porfirio Lobo Sosa pidió perdón por su propuesta: “El proponer la pena de muerte fue un error de mi campaña pasada y le he pedido perdón a Dios y la sociedad hondureña por esa situación”, dijo cuando nuevamente lanzo su candidatura que lo llevó a la presidencia de Honduras (2010-2014)
