No se está aplicando el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en relación con la consulta a los pueblos indígenas
Por: Redacción CRITERIO
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- Una Misión de Observación Internacional de los Derechos Humanos de los defensores y las defensoras de la Tierra y el Territorio en Honduras, tras permanecer una semana en el país concluye que Hay una creciente preocupación por la vulneración de los derechos humanos en Honduras.
La misión fue organizada por la Fundación Mundubat del País Vasco, integrada por la abogada Mirtha Vásquez del Perú, la profesora Cristina Churruca, del instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto, País Vasco, y el profesor Luis Uharte de la Universidad del País Vasco.
Los miembros de la misión internacional participaron en el foro Cultivando sin Riesgo organizado por la Vía Campesina
Durante su estadía (del 19 al 26 de septiembre) realizaron trabajo de campo y entrevistas con diferentes organizaciones sociales, instituciones estatales y la comunidad internacional en Tegucigalpa y en los departamentos de La Paz e Intibucá.
A lo largo de esta misión recabaron testimonios de defensores y defensoras de la Tierra y el Territorio, de movimientos campesinos y de organizaciones de derechos humanos y de mujeres.
los que fueron contrastados con la lectura de varias instituciones públicas
además se reunieron con el Comisionado Nacional Derechos Humanos-CONADEH, la Comisión de Agricultura del Congreso Nacional de Honduras, él Instituto Nacional Agrario-INA, y el Mecanismo de Protección de la Secretaría de Derechos Humanos) y de instituciones internacionales (la embajada de España y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos-OACNUDH).
Nota relacionada OACNUDH expresa su preocupación por campañas de desprestigio contra defensores de DD.HH.
Este jueves en una conferencia de prensa presentaron las siguientes conclusiones:
Primero.- manifestamos nuestra preocupación ante la vulneración de derechos humanos de diversa índole (que mencionaremos más adelante), que se está produciendo en un determinado contexto político y económico poco favorable a la protección de derechos fundamentales que favorece la impunidad.
La ruptura del orden democrático en el 2009 y los posteriores procesos electorales de 2013 y 2017, que han sido muy cuestionados por instituciones internacionales (Unión Europea y la OEA) y tildados por la oposición como fraudulentos, han generado un escenario político en la última década con fuertes rasgos autoritarios, lo cual ha perjudicado la defensa de los derechos humanos.
La crisis política ha venido acompañada de la profundización de un modelo económico que ha agravado problemas estructurales que venía arrastrando el país, como la concentración de la riqueza y la propiedad, la desnacionalización de la estructura económica, el incremento de la pobreza y la desigualdad, el déficit de los servicios de salud y educativos y la migración acelerada, entre otros.
Segundo.- hemos podido constatar, tras nuestro trabajo de campo, una preocupación creciente por la vulneración de derechos humanos relacionados con dimensiones sociales y económicas, como por ejemplo el acceso a la tierra y el disfrute y protección de bienes comunes-recursos naturales y el medio ambiente.
El derecho de acceso a la tierra por parte del campesinado más pobre y de los pueblos indígenas está siendo restringido de manera severa en los últimos años, debido, según los testimonios recabados, a que la institución encargada de garantizar ese derecho, el INA, no está resolviendo las solicitudes presentadas y sobre todo, según el movimiento campesino, por la falta de una reforma agraria efectiva en el país y por la entrega generalizada de tierras a las grandes empresas agroindustriales, lo cual está incrementando la concentración de propiedad.
El derecho al disfrute sostenible de los bienes comunes y los recursos naturales y el derecho a un ambiente sano está siendo violentado por la expansión de un modelo extractivo en el que se entregan concesiones a megaproyectos (mineros, energéticos, forestales, etc.), perjudicando la vida de las comunidades que habitan en estos territorios, contaminando y privándoles de agua, de tierra y de bosques.
No se está aplicando el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en relación con la consulta a los pueblos indígenas, ya que algunas veces directamente no se consulta y en otros casos, o se celebran consultas fraudulentas o no se aceptan los resultados de consultas populares.
Tercero.- hemos podido constatar, tras nuestro trabajo de campo, una preocupación creciente por la vulneración de derechos humanos relacionados con dimensiones civiles y políticas. Se constata la implementación de políticas fuertemente represivas implementadas mediante instrumentos legales e ilegales.
La represión desde el ámbito legal se está materializando a través de diferentes herramientas, entre las que destacan, el recurso permanente a las fuerzas seguridad del Estado, la judicialización, el encarcelamiento y la supresión del derecho a la consulta de los pueblos indígenas.
Nos llama la atención la creciente militarización de la sociedad, con la creación de la policía militar y la utilización de las FFAA para la seguridad ciudadana tareas que corresponden en un Estado de Derecho a la policía_ Además, se constata un uso excesivo de la fuerza para solucionar conflictos territoriales, por ejemplo, en los desalojos violentos, llegando incluso a emplearse en algunos casos armas de fuego (como en el reciente caso de la Tigra).
Se están utilizando figuras penales inapropiadas para reprimir a defensores y defensoras, como por ejemplo la asociación ilícita, la cual conlleva penas de prisión absolutamente desproporcionadas. A esto hay que agregar la inminente aprobación de un nuevo código penal que desarrolla figuras más represivas contra los y las defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente.
Hemos recibido denuncias respecto al incremento de detenciones y encarcelamientos por defender la tierra y el territorio. Genera gran preocupación la creación de prisiones de máxima seguridad, en las que están siendo encarcelados, de manera arbitraria, presos preventivos y defensores de la tierra.
La represión también se está desarrollando desde el ámbito ilegal a través de diferentes formas, entre las que destacan, la criminalización, las amenazas, las agresiones y el asesinato. Se está utilizando la estigmatización a través de los medios de comunicación para criminalizar a líderes sociales, caracterizándoles como criminales y terroristas, para así justificar la represión. Los y las defensoras están sufriendo amenazas, incluso de muerte, lo cual afecta a su cotidianidad, impidiéndoles disfrutar del derecho a una vida normal. Las y los defensores sufren agresiones diversas y en algunos casos incluso el asesinato, en un contexto de enorme Impunidad. En este contexto observamos que las defensoras están expuestas a un mayor riesgo de violencia basada en el género por el sólo hecho de ser mujeres. Pese a la existencia de un mecanismo de protección, aun no se observa que sea eficiente para la protección de dichos defensores y defensoras_
Por último.- en este marco de graves vulneraciones a los derechos humanos de los y las defensoras de la tierra y el territorio, exhortamos a las instituciones públicas y a la comunidad internacional a que asuman sus responsabilidades y garanticen los derechos fundamentales de la población en general y de los defensores y defensoras en particular.
Queremos subrayar que esta misión es parte de un proceso de observación internacional que se ha desarrollado en Honduras y Guatemala. Respecto a este último país se emitirá un informe, sin embargo, queremos dejar constancia de nuestra fuerte preocupación por la imposición y vigencia de un Estado de Sitio, que coloca en serio riesgo el respeto de los derechos humanos de la población.
