Tegucigalpa, Honduras. Durante los meses previos a la celebración de las elecciones, y a raíz del pronunciamiento del fiscal general del Ministerio Público tras la emisión de la declaratoria del proceso electoral, diversos sectores han solicitado la pronta apertura de investigaciones y el inicio de acciones en contra de los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, Ana Paola Hall y Marlon Ochoa.
El pasado miércoles 31 de diciembre, el fiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya, a través de su cuenta oficial en la red social X, informó que el ente investigador daría inicio a acciones judiciales que brinden la posibilidad de esclarecer y exponer los hechos ocurridos durante el proceso electoral.
Zelaya aclaró que el Ministerio Público, actuando con responsabilidad constitucional y en respeto al orden democrático, no intervino ni interrumpió ninguna de las etapas del proceso, no obstante anunció la presentación de acciones judiciales.
El fiscal señaló que de esa manera se establecería un precedente en la historia de Honduras para evitar que las prácticas registradas durante el proceso electoral no vuelvan a repetirse ni lesionen la democracia y el Estado de derecho.
Pie de foto: “Ningún acto que atente contra la voluntad popular, y por ende contra la soberanía, quedará en la impunidad”, manifestó el fiscal general Johel Zelaya.
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FRNP CONTRA LÓPEZ Y HALL
Cinco días después del pronunciamiento de Johel Zelaya, el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), por medio de la abogada Alba López, presentó ante el Ministerio Público, el pasado lunes 5 de enero, una denuncia por presuntos delitos cometidos por las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Ana Paola Hall, en el marco del pasado proceso electoral.
A través de un video publicado en redes sociales, la abogada detalló que dentro de la denuncia se constituyen delitos de violación de los derechos constitucionales de petición y defensa, abandono de funciones y falsificación de documentos, prevaricato administrativo, traición a la patria y violación al derecho a elegir y ser electo, faltas que conllevan penas de 15 hasta 20 años de prisión.
En ese sentido, el FNRP solicitó al Ministerio Público el inicio de investigaciones y la presentación de requerimientos fiscales para la imposición de penas.
“Exigimos al Ministerio Público que actúe de la manera más pronta, exigimos cárcel por el delito de traición a la patria y los demás mencionados consumados ya”, dijo la jurista. (CRÉDITOS REDES SOCIALES).
PERSPECTIVA JURISTA
A criterio del abogado penalista y vicealcalde de San Pedro Sula, Omar Menjívar, existen motivos suficientes para que el Ministerio Público investigue y verifique la comisión de delitos en los que se ven implicados los tres integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Menjívar hizo mención de los audios difundidos, recalcando que parte de los hechos mencionados en ellos fueron coincidiendo, lo que, a su parecer, afirma que es motivo suficiente para que el Ministerio Público abra una investigación criminal que descarte si se trató de una coincidencia o si fue la ejecución perfecta de un plan delatado.
Otros puntos señalados por el profesional del derecho son las formas en las que han sido emitidas las resoluciones, las maneras en las que se integró el pleno y la forma en la que han actuado.
Menjívar afirmó que el ente investigador posee motivos suficientes para llevar a cabo investigaciones que los conduzcan a descartar o reafirmar la comisión de diversos delitos electorales.
“Lo correcto y lo que le corresponde hacer al Ministerio Público es iniciar las investigaciones y ejercer las acciones penales que el derecho manda a que se realicen”, dijo.
Por su parte, el también penalista, Henry Salinas, explicó que el monopolio de la acción penal lo tiene el fiscal general, y que en ese sentido, pueden presentar las acciones que consideren pertinentes, no obstante, apuntó que el actuar que este ha tenido durante el proceso ha sido irresponsable y que evidencia un comportamiento de activismo político.
Salinas recalcó que el Ministerio Público es un ente estrictamente técnico y que debe ser manejado de manera profesional y técnica, sin embargo, aseguró que está siendo manejado como un comodín político.
El penalista lamentó que en Honduras no exista un Estado de derecho, que no exista confianza en las instituciones y que se esperen acciones penales cuando el proceso ya ha culminado, lo que se podría interpretar como una forma de deslegitimar el acto del CNE.
Con relación a los audios, los calificó como un intento para desacreditar a las autoridades electorales, pues a su parecer la pericia que se está usando como respaldo carece de credibilidad.
Para el abogado penalista Nelson Castañeda, el Ministerio Público debe tomar en cuenta diversos factores, entre ellos lo ocurrido el pasado 9 de marzo, ya que de ese modo se podría hacer una investigación sólida que dé respuesta a las distintas situaciones registradas.
Castañeda afirma que tras los hechos de las elecciones primarias en los meses subsiguientes se registraron situaciones que provocaron que incluso los consejeros interpusieran denuncias entre sí ante el el Ministerio Público y recalcó que ahora todas estas deben ser evaluadas, analizadas e investigadas sin ningún sesgo político.
El profesional del derecho dijo a este medio digital que si la fiscalía tiene insumos o elementos que coincidan con unos de los delitos electorales establecidos en el Código Penal, este ente tiene la obligación de hacer las investigaciones pertinentes.
“El Ministerio Público tendrá la obligación de hacer las investigaciones pertinentes, pero lo que se ha sugerido desde diferentes puntos de opinión, de expertos en materia constitucional, penal, derecho internacional y constitucional es que para todos aquellos conflictos que se han generado por el tema político deben ser resueltos bajo esa misma vía” informó el jurista.
Pese al pronunciamiento público del fiscal general y a la denuncia formal presentada por el Frente Nacional de Resistencia Popular, hasta el momento el Ministerio Público no ha emitido un pronunciamiento oficial ni ha informado sobre la apertura de investigaciones concretas o la interposición de requerimientos fiscales relacionados con estos hechos, por lo que se estaría a la espera de las actuaciones que adopte el ente acusador en los próximos meses.
