Tegucigalpa, Honduras.- Reyna Teresa Valerio Harry, Mario Roberto Urquía Fajardo y Yuri Fernando Melara Berlioz fueron los abogados aspirantes al cargo de fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público (MP) que más denuncias recibieron durante el proceso de tachas que realizó la Junta Proponente en la selección de candidatos para ostentar los máximos cargos de la fiscalía en el periodo de 2023-2028.
La abogada Reyna Teresa, quien desde 1998 trabaja en la fiscalía de San Pedro Sula, recibió 6 denuncias en su contra y, en una de ellas, la acusan de aprovecharse de su puesto para cambiar información presentada por la Dirección Policial de Investigación (DPI) al MP.
El profesional del derecho Mario Roberto Urquía, que se rumora sería el ungido del oficialismo para llegar a ser fiscal general de Honduras, recibió cuatro denuncias, en una de ellas, argumentando que debería ser inhabilitado porque integró la Junta Nominadora en el proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el periodo 2023-2030.
De igual manera, el abogado Yuri Fernando Melara Berlioz, quien es afín al Partido Liberal, fue fiscal general adjunto del Ministerio Público en 2004, renunció en 2005 por estar envuelto en varias irregularidades y también se postuló para el proceso de selección de magistrados de la CSJ, recibió cuatro denuncias.
Ivis Antonio Discua Barillas, con afiliación al Partido Nacional, exmagistrado de la CSJ, Carlos Roberto Cálix Hernández, Mauricio Cabañas Cadillo, Juan Rafael Soto, Marco Antonio Zelaya y Luis Javier Santos, actual titular de la Unidad Especializada Contra las Redes de Corrupción (Uferco), recibieron dos denuncias.
Mientras que los abogados Omar Bonilla Jiménez, Julio Vladimir Mendoza comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Jenny Gabriela Almendares, Rita Ondina Núñez Barahona, Félix Antonio Coca, Mario Alexis Morazán y Plinio Leonel, recibieron una denuncia por parte de la población.
Por ejemplo, al abogado Julio Vladimir Mendoza, se presume que lo tacharon por estar laborando para una institución del Estado y ser militante del partido Libertad y Refundación (Libre), sin embargo, de acuerdo con el reglamento, lo anterior no es causal para ser inhabilitado, a menos que se demuestre que es parte de un arreglo político.
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DENUNCIAS RECIBIDAS Y DESESTIMADAS
La Junta Proponente en síntesis recibió 35 denuncias, de ese número desestimó cuatro, bajo el argumento que no estaban fundamentadas, el resto (31) fueron admitidas, contra 17 de los 21 aspirantes que todavía continúan en el proceso de selección que están haciendo los proponentes encabezados por la titular de la Corte Suprema Rebeca Ráquel Obando.
La tarea que tienen los abogados postulantes denunciados, si continúan con la esperanza de continuar en el proceso, es argumentar con fundamentos, que las tachas presentadas en su contra no tienen validez y para eso tienen tres días hábiles, es decir, desde este miércoles 12 de julio hasta el viernes 15 del mismo mes, quien no presente la información en tiempo y forma, como lo establece el reglamento, será inhabilitado.
Lo anterior amparado en el artículo 82 de la Constitución de Honduras, que establece literalmente que el derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.
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PROCESO DE LA JUNTA
De los 26 profesionales del derecho que se postularon para entrar en el proceso de selección, la Junta Proponente elegirá a los mejores cinco, de los cuales, tres deben ser hombres y dos mujeres, que serán enviados al Congreso Nacional para que en una sesión de segundo grado escojan al próximo fiscal general y fiscal adjunto para el periodo 2023-2028.
Al concluir el proceso de postulaciones el pasado 25 de junio, los proponentes enviaron a 20 de los 26 a subsanar información, es decir, presentaron su documentación con información falsa, errónea e incompleta. Ese proceso duró más de 48 horas (abrió el sábado 1 de julio a las 5:00 de la tarde, y cerró el lunes 3 a las 8:00 de la noche).
De los 20 profesionales del derecho a los que les pidieron subsanar información, sólo dos no lograron hacerlo: el abogado Óscar Arnaldo Alvarado García y Karen Alicia Motiño Valerio, quienes fueron eliminados del proceso en la primera fase.
Después, la Junta Proponente determinó inhabilitar a la abogada y exdiputada por el Partido Liberal, Sobeyda Judith Andino Álvarez, por no cumplir con la experiencia en materia penal para ostentar cualquiera de los cargos que entran en elección de la fiscalía.
Por su parte, bajo el argumento de tener problemas personales, la abogada y titular de la Secretaría de Trabajo, Lesly Sarahí Cerna, renunció a su postulación, pero en el proceso iba a ser inhabilitada por ostentar la titularidad de una institución pública.
El lunes 10 de julio, al cierre del proceso de tachas y denuncias, el abogado Alejandro Alvarenga Portillo, también renunció a su postulación argumentando que el proceso que está haciendo la Junta Proponente está maniatado y es cuestión de trámite porque ya hay rumores de las personas que ostentarán los altos cargos en la fiscalía.
Sólo 21 abogados están en el proceso de tachas y denuncias, que inició el miércoles 5 de julio y terminó este lunes 10. Justamente, en esta fase, sacarán a los profesionales del derecho que respondan a intereses de la clase política, tengan problemas con la ley, y hayan violentado los derechos humanos.
Al concluir el segundo filtro, los abogados que pasen, serán evaluados con base a su experiencia como operadores de justicia, principalmente en la materia penal y, dependiendo de los resultados, se les dará una calificación de 1 a 100 puntos, para luego sacar a los mejores cinco y, antes del 21 de julio, mandar esa nómina al Congreso Nacional.
En esa instancia, el Congreso jugará el papel más importante: seleccionar a los dos mejores para asumir el cargo que actualmente ostenta Óscar Chinchilla, fiscal general, y Daniel Arturo Sibrián, fiscal adjunto.
El Congreso, en esa etapa, que será a finales de agosto de este año, tendrá la oportunidad de reivindicarse ante la sociedad o, como pasó en el proceso de la CSJ, continuará con la hegemonía de hacer procesos de elección buscando poner en cargos a personas obedezcan a intereses mezquinos para beneficiar la clase política.
