Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público tiene más de 10 años de no realizar una investigación por su propia iniciativa, todos los casos de gran impacto no ha sido el Ministerio Público quien los ha iniciado, sino que, en su mayoría o todos -por ejemplo, el caso del IHSS y Pandora- fueron denunciados por medios de comunicación, periodistas independientes o por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), dijo a Criterio.hn el abogado y exfiscal hondureño Omar Menjívar.
El desfalco millonario del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que en su momento fue valorado en al menos 7 mil millones de lempiras y con un perjuicio cercano a los 3 mil muertos, fue sacado a la luz por el periodista David Romero Ellner. Y el caso Pandora, con 22 imputados de alto peso, fue gracias a una investigación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih). El periodista Romero pasó los últimos días de su vida en prisión y la Maccih fue desmantelada por el gobierno de Honduras.
Menjívar cree que la organización no gubernamental CNA ha sustituido la parte de investigación del Ministerio Público, al entregarle los casos ya investigados y presentarle un tumulto de pruebas y evidencias en cajas. Con la evidencia ante sus ojos -subraya el exfiscal- sería el colmo que el Ministerio Público no haga nada.
Aunque la Maccih no tenía colmillos para morder, es decir, la facultad de acusar había ayudado a crear la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic), pero fueron eliminadas juntas por el Gobierno de Honduras y la Organización de Estados Americanos (OEA), y se creó la Unidad Fiscal Especializada Contra la Corrupción (Uferco).
“Se suprimió la Maccih, desmantelaron la Ufecic y le cambiaron el nombre a Uferco, siendo los mismos fiscales. Lo cierto es que estos fiscales no tienen el mismo apoyo, ya que ya Ufecic operaba básicamente con el respaldo técnico de la Maccih. Le aportaba al menos 20 o 25 auditores forenses, claves para la investigación de este tipo de delitos. Ese personal técnico ya no lo tiene la Uferco, es como le corten un brazo. Eso es un problema”, establece Menjívar.
El profesional del derecho asegura que si el director de fiscales no asigna un caso a la Uferco , este organismo no puede hacer nada aunque sea un reclamo de la población. “Mucha gente dice que qué está haciendo Luis Javier Santos (director de la Uferco)”, pues nada -se responde a sí mismo Menjívar- y explica que eso sucede porque el Director de Fiscales no le asigna casos.
“Todos estos casos de Invest-H los está llevando otra fiscalía y debería ser la Uferco, porque claramente ahí opera una red de corrupción. La Uferco está solamente de espectadora. El Fiscal General tiene mucha responsabilidad. Pareciera muy complaciente con todo lo que ha hecho el Congreso Nacional para garantizar la impunidad. La percepción de la población que tiene base lógica sabe que hay suficientes elementos para que por lo menos Marco Bográn estuviera acusado, sin embargo, no está acusado”, establece.
El exfiscal agrega que el Ministerio Público nunca ha querido asumir el liderazgo en la investigación criminal, porque por ley y la Constitución debe ser quien actúe.
“Siempre que el Ministerio Público actúa es por la denuncia pública o por las diligencias del CNA. Sobre Invest-H, el CNA ha presentado cerca de 6 o 7 informes y al Ministerio Público uno no lo ve con ese liderazgo, porque es parte de todo ese complot que existe que implica la cooptación de las instituciones como el Ministerio Público y Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para ponerlas al servicio de quien ostenta el poder”, explica.
El exfiscal agrega las reformas que se han hecho en el Congreso Nacional han inhibido la capacidad de investigaciones del Ministerio Público, por ejemplo, otorgar facultades al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para que este sea el que determine si existe responsabilidad penal en temas de corrupción. Si bien es cierto, esa extralimitación de facultades fue declarado inconstitucional, en octubre de 2019, el Congreso aprobó otro decreto reactivando el famoso Fondo Departamental y fue ahí donde incluyeron nuevamente las mismas disposiciones que habían sido declaradas inconstitucionales.
“El Tribunal de Cuentas nuevamente es el que debe hacer la investigación y tiene un plazo de 3 años durante los cuales no proceden acciones penales, civiles y administrativas; y si al terminar la investigación el TSC establece que hubo mala gestión, malversación de caudales, dispone una multa equivalente el 2 %. Ni siquiera es una multa relacionada con el valor defraudado, sino que es 2 % más los intereses. Y si paga, le da un plazo de 4 años. Y si cumple se declara extinguida la acción penal, la responsabilidad civil y la administrativa. Esas disposiciones están ahí en ese fondo departamental”, explica el profesional.
Menjívar, dice que el Ministerio Público ya promovió otra vez un recurso de inconstitucionalidad contra las facultades que tiene el Tribunal Superior de Cuentas pero la Corte Suprema de Justicia aún no se ha pronunciado. “Hay una batería de reformas que ha hecho el Congreso Nacional para asegurarse la impunidad. El Ministerio Público es una institución que tiene poca beligerancia en los casos”, sostiene el jurista.
“Uno no escucha, por ejemplo, al fiscal general Óscar Fernando Chinchilla, elevando su voz de protesta contra estas situaciones. Ya la sociedad no se siente respaldada en la voz del Fiscal General. Las voces de la población se enfocan más en Luis Javier Santos, que es el director de la Uferco y pareciera reclamarle más a él que al propio Director de Fiscales, o al propio Fiscal General que es el principal responsable. Sin embargo, la Uferco no puede llevar los casos que la sociedad identifica como escandalosos actos de corrupción, y si llega a identificar una red de corrupción tampoco puede hacer nada, y no lo puede hacer en tanto el Director de Fiscales no le asigne un caso”, lamenta Menjívar.
