En el Distrito Central, donde operan cerca de 1,500 unidades de transporte urbano, las organizaciones criminales han aumentado sus demandas de extorsión a medida que se acerca el cierre de 2024. Cada unidad, que anteriormente pagaba aproximadamente 5,000 lempiras semanales a cinco grupos criminales, ahora debe abonar 10,000 lempiras por semana.
Investigaciones de Criterio.hn han revelado que integrantes de bandas criminales se infiltran en el transporte urbano para facilitar el cobro de extorsiones, a menudo con conocimiento de los propietarios de los consorcios. La falta de contratación formal y de beneficios laborales, como seguros médicos, lleva a omitir procesos rigurosos, como la solicitud de antecedentes penales y policiales, lo que facilita la infiltración delictiva en el sector.
Tegucigalpa, Honduras.- Empresarios del transporte urbano denunciaron este viernes 29 de noviembre que diversas organizaciones criminales encargadas de imponer el cobro de extorsión han comenzado a incrementar las cuotas, de cara al cierre de 2024, un año marcado por el crecimiento de la economía hondureña debido a las festividades dicembrinas (Navidad y Fin de Año).
De acuerdo con el dirigente empresarial Wilmer Cálix, en el Distrito Central, donde operan cerca de 1,500 unidades de transporte urbano, las organizaciones criminales han aumentado sus demandas de extorsión a medida que se acerca el cierre de 2024. Cada unidad, que anteriormente pagaba aproximadamente 5,000 lempiras semanales a cinco grupos criminales, ahora debe abonar 10,000 lempiras por semana.
En valores absolutos, esto implica que los transportistas del Distrito Central entregarán aproximadamente 15 millones de lempiras semanales a las maras y pandillas. “Estos números son aproximados, ya que algunas unidades pagan más y otras menos, dependiendo de las zonas por las que circulan y qué agrupaciones criminales tienen poder en el sector”, explicó Wilmer Cálix a Criterio.hn.
“Una unidad que solo realiza rutas cortas no paga lo mismo que una que recorre zonas como Cerro Grande y tiene paradas en el centro de la ciudad. Estas últimas, como muchas otras, pagan más dinero porque varias agrupaciones les exigen el cobro. Si no pagan, simplemente les prohíben el paso o terminan asesinando a los conductores, como ya se ha evidenciado”, añadió Cálix.
Aunque esta situación se ha normalizado, el empresario cuestionó que ocurra en medio de un estado de excepción, el cual fue precisamente implementado para contrarrestar las extorsiones pandilleras.
“Parece que esta situación se ha legalizado. Lo lamentable es que está ocurriendo en medio de un estado de excepción que prometía devolver la tranquilidad a las personas, pero la ineficiencia no solo se refleja en que seguimos pagando extorsiones, sino también en la delincuencia común. Las unidades continúan siendo escenarios de violencia porque las autoridades no intervienen, y si lo hacen, es solo por pocos días y sin trabajos de investigación. Su intervención se limita a ser una presencia operativa”, cuestionó.
En los últimos meses, varias estaciones de buses urbanos han sido intervenidas por elementos de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), debido a que habían sido paralizadas por orden de grupos criminales, particularmente en la colonia Cerro Grande de la capital. Sin embargo, como denunció Cálix, la intervención policial se limitó a ser una presencia temporal. Después de poner nuevamente en marcha las unidades, los conductores fueron amenazados por los grupos criminales, quienes exigieron aumentos en la cuota extorsiva, según informaron fuentes de registro.
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EL RUBRO DEBE SER DEPURADO
El director de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Javier Acevedo, además de reconocer que este sector es uno de los más golpeados por los grupos delictivos, cuestionó que gran parte de esta dinámica criminal persiste debido a la falta de regulación en el rubro, tanto del lado estatal como del sector empresarial.
Javier Acevedo cuestionó que en administraciones anteriores la problemática no se resolvió debido a conflictos de interés entre empresarios reacios a implementar procesos legales de contratación.
Acevedo señaló que una parte significativa de la fuerza laboral del sector está compuesta por personas con vínculos con el crimen organizado, muchas de las cuales han sido procesadas judicialmente por diversas fechorías. Tras su reintegración a la sociedad luego de cumplir condenas, estas personas suelen regresar al mundo del delito, ya que es la única oportunidad que encuentran para obtener ingresos.
“En el desorden está el orden para ellos. Se han registrado quejas y casos en la Fiscalía sobre conductores señalados por traficar con drogas y armas dentro de las unidades. Entonces, ¿cómo se puede lograr la disminución de este delito (extorsión) si parte del problema radica dentro del mismo rubro?”, cuestionó el defensor de derechos humanos.
En referencia a lo expuesto por Acevedo sobre la necesidad de depurar las filas en el sector del transporte, el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) y la dirigencia de este rubro en la capital informaron hace algunas semanas que se inició un proceso de certificación. Este consiste en otorgar acreditaciones a conductores que cumplan con las disposiciones de la Ley de Tránsito y no tengan antecedentes de vínculos con maras y pandillas.
Fotografía de una unidad de transporte en mal estado, con asientos rotos y pintura desgastada, reflejando el deterioro. Pie de foto: Los empresarios, en el convenio firmado con la actual administración, se comprometieron a renovar o modernizar las unidades. Sin embargo, hasta la fecha, no han cumplido con lo pactado.
No obstante, Acevedo aseguró que, mientras no exista una voluntad genuina por parte de las autoridades y los dirigentes, este proyecto quedará inconcluso, como ha sucedido en administraciones gubernamentales anteriores. «El principal afectado seguirá siendo el usuario, que a diario se enfrenta a riesgos como asaltos dentro de las unidades, accidentes por la conducción imprudente y un mal servicio debido a la precariedad en la que operan muchas de ellas», afirmó.
