El Gobierno y la ONU acordaron ampliar por seis meses el memorando de entendimiento para la CICIH. Sin embargo, durante ese período deben existir reformas legales y avances en las negociaciones del convenio para la instalación del mecanismo anticorrupción
Tegucigalpa, Honduras.- El 15 de junio de 2024, el Gobierno y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acordaron ampliar el memorando de entendimiento para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH) por seis meses más, hasta el 15 de diciembre de 2024.
Se trata de la tercera ampliación al memorando de entendimiento, que contiene la base sobre la que se establecieron los términos de referencia y la primera propuesta de borrador del convenio, sobre los cuales el Gobierno y la ONU han mantenido negociaciones.
La última reunión que mantuvo con la ONU la comisión del Gobierno, que integran Rixi Moncada, Mayra Mejía, el secretario de Relaciones Exteriores, Enrique Reina, y el procurador general Manuel Díaz, se efectuó el 7 de febrero de 2024 en Nueva York. Sin embargo, el 9 de mayo, el Gobierno solicitó un nuevo encuentro para avanzar en el convenio, pero, según el secretario de Exteriores, aspectos administrativos de las Naciones Unidas lo han retrasado.
Sumado a este aparente congelamiento en las negociaciones entre el Gobierno y la ONU, resulta preocupante que varios de los aspectos contenidos en la primera fase del memorando de entendimiento, sobre todo las reformas al marco normativo, continúan estancados en el Congreso Nacional.
Aunque con la última resolución del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) se instruyó a efectuar la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, en el marco del Plan de Solución Contra el Crimen, genera suspicacia que la reforma no esté planteada con miras a la instalación de la CICIH y que el resto de reformas parezcan ser ignoradas.
Recientemente, en su informe La CICIH, ¿un sueño perdido?, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) recordó la necesidad de avanzar en las reformas encaminadas a aumentar dentro del Código Penal las penas para delitos contra la administración pública, juzgar a altos funcionarios a través de tribunales anticorrupción y no mediante la Corte Suprema de Justicia, derogar la inmunidad parlamentaria contenida en el decreto 117-2019 y retirar de la amnistía contenida en el decreto 4-2022 el otorgamiento de ese beneficio a exfuncionarios públicos que cometieron delitos contra la administración pública entre 2006 y 2009.
LEA: Consejo Nacional de Defensa y Seguridad sigue sin derogarse y en función permanente
La mayoría de estas reformas aparecen dentro del diagnóstico que efectuó al marco jurídico nacional un equipo de expertos de la ONU que efectuó tres visitas al país en 2023.
Dentro del informe del Fosdeh, además se cuestionó el anteproyecto de la Ley Especial para la CICIH, presentado por la diputada Xiomara Zelaya el 17 de abril de 2024. Esta normativa establece que la CICIH actuará como querellante autónomo con facultades de acusador privado por cinco años, con miembros acreditados por el fiscal general de la República. También permitirá que la CICIH presente requerimientos fiscales junto al Ministerio Público y registre denuncias fuera de su competencia en este organismo.
Por otro lado, ha generado preocupación el reciente discurso oficialista que sugiere que primero debe suscribirse el convenio con la ONU y que después debe generarse presión ante el Congreso Nacional para que apruebe el convenio y las reformas necesarias para la instalación del mecanismo anticorrupción. Inicialmente, el presidente y el secretario del Legislativo, Luis Redondo y Carlos Zelaya Rosales, sostuvieron ese discurso, pero, más recientemente, el secretario de Relaciones Exteriores, Enrique Reina, también lo adoptó.
«Se deben hacer reformas, lo entendemos, pero la realidad política es que requerimos suscribir el convenio para que sirva de presión en el Congreso Nacional. Usted no hace leyes antes de aprobar un convenio, porque la responsabilidad del gobierno de Xiomara Castro es la labor del Poder Ejecutivo, es decir, presentar, firmar y negociar el convenio», indicó Reina el 14 de junio de 2024 en un foro televisivo.
POCA ESPERANZA EN QUE LAS COSAS CAMBIEN
Analistas consultados por Criterio.hn sostienen que es incongruente que el oficialismo adopte un discurso encaminado a dilatar reformas que no solo son necesarias para la eventual instalación de la CICIH, sino que vendrán a fortalecer el sistema de justicia.
El autor recomienda: Gobierno muestra voluntad de reformar el Código Penal cuando conviene a sus intereses políticos
Jimena García, representante de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), dijo a este medio digital que no ve muchas posibilidades de que el panorama político dentro del Congreso Nacional cambie durante el segundo semestre de 2024 y que finalmente se efectúen las acciones destinadas a fortalecer el sistema de justicia y allanar el camino a la CICIH.
«El Congreso está envuelto en componendas políticas que, en muchos casos, son desconocidas, donde solo logran ponerse de acuerdo para repartirse instituciones entre el tripartidismo. Sin embargo, en otros aspectos no están de acuerdo y no hay interés de nadie. Los diputados están velando más por sus intereses y los de los grupos fácticos que están detrás de ellos», lamentó García.
El analista político Josué Murillo, excoordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), coincidió en que el Congreso Nacional solamente muestra diligencia cuando se trata de aspectos que responden a sus intereses político-partidarios.
«Cuando quieren emitir leyes que favorecen a sus grupos o clases privilegiadas, los diputados corren, pero cuando es para fortalecer la democracia y las instituciones, no lo hacen. El Congreso Nacional no está impulsando ese marco jurídico necesario para que los operadores de justicia puedan perseguir, investigar y sancionar la corrupción», expresó Murillo en conversación con Criterio.hn.
Murillo agregó que, a nivel del Poder Ejecutivo, se debe escuchar a la sociedad civil, a la cooperación internacional y a todos los actores de la lucha contra la corrupción. «Lamentablemente, este gobierno se ha convertido en un espacio hermético cuando se habla de la corrupción», consideró.
Desde que asumió la presidencia el 27 de enero de 2022, Xiomara Castro prometió abogar por la instalación de la CICIH. A finales de ese año, el Gobierno y la ONU suscribieron un memorando de entendimiento y, posteriormente, la ONU recibió la primera propuesta de borrador de convenio y otorgó mandato en la Asamblea General para apoyar la instalación de ese mecanismo anticorrupción en Honduras. Actualmente, las negociaciones son en torno al borrador del convenio, que, en caso de llegar a buen término, deberá ser aprobado por el Congreso Nacional.
