Por: Redacción CRITERIO
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*La foto de portada muestra cuando mujeres que se dedican a la venta de tortillas para ganarse el sustento diario, fueron detenidas por miembros de la policía
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Tegucigalpa.- En Honduras, más de 500 personas han sido detenidas arbitrariamente y sometidas a torturas por las fuerzas armadas en diferentes ciudades valiéndose de un decreto ejecutivo (PCM 021-2020) emitido por el cuerpo de ministros del régimen el lunes 16 de marzo anterior.
El país registra oficialmente 52 casos positivos al 25 de marzo y se desconoce el dato real de casos sospechosos entre una población víctima de una campaña oficial permanente de pánico, que está activando a su vez una conflictividad social entre los sectores más empobrecidos que carecen de reservas alimentarias y de medios suficientes para proveerse.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) advirtió el mismo lunes 16 de marzo que ese tipo de medidas extremas impuestas por el régimen violento, que enfrenta 10 años de desobediencia civil por su carácter ilegítimo, acabarían atacando a la población.
Los policías y militares, semi analfabetas, que hacen cumplir el decreto de emergencia, extendido al 29 de marzo en todo el país, no respetan protocolos internacionales sobre uso de la fuerza e impiden con brutalidad la libertad de locomoción, reunión, expresión, asociación, libertad personal y la inviolabilidad del domicilio.
En base a ese decreto central también las municipalidades han impuesto ordenanzas de toques de queda absolutos entre 48 y 72 horas en el Distrito Central, Comayagua, San Pedro Sula, Ceiba, Choluteca y El Progreso. También en Puerto Cortés y Santa Cruz de Yojoa, donde se registraron los primeros casos positivos por coronavirus.
En todas esas ciudades son las policías municipales o las fuerzas militares en general las que hacen cumplir las ordenanzas sin manuales de procedimientos en este tipo de emergencias.
En un barrio de Comayagüela, cinco hombres que el martes se acercaron a comer alrededor de una “olla común” preparada por mujeres defensoras de la Iniciativa Mesoamericana (IM) fueron detenidos y encerrados en una posta policial próxima, mientras las mujeres fueron conminadas a cancelar la actividad solidaria y encerrarse en sus casas. Por las gestiones de IM y de este Comité, los hombres fueron liberados.
En Choluteca, Comayagua, San Pedro Sula, Tegucigalpa, Puerto Cortés, Choloma, La Ceiba y El Progreso también hay reportes de detenciones arbitrarias seguidas de golpes, “sermones moralizantes”, insultos vulgares y torturas crueles en lugares aislados.
En Olancho las personas detenidas son llevadas a la carretera y los obligan a limpiar
las vías públicas. También los llevan a campos de futbol y los “trolean” (hacer ejercicios fuertes hasta agotarlos)
En el mejor de los casos, las personas privadas de libertad son liberadas fuera de los plazos que establece la Constitución, pero la decisión policial en general es mantenerlas encerradas “hasta que la emergencia finalice”.
¿Hay registro de detención? ¿Hay remisión de casos a la Fiscalía? ¿Son alimentados dignamente? ¿Gozan de medidas de bioseguridad? ¿Pueden comunicarse con sus familias? No hay respuestas aún a estas preguntas.
En los últimos días han sido virales las imágenes en una posta policial en la capital y una cancha deportiva en Siguatepeque donde la policía militar obliga a las personas detenidas a realizar entrenamientos militares y trabajos forzados, por “irrespetar” el toque de queda absoluto de la dictadura.
En casi la totalidad de los casos, las personas arrestadas realizaban misiones de aprovisionamiento alimentario o de medicamentos para sus familias.
El Cofadeh hace un llamado a las instituciones con salvoconductos excepcionales para circular en el país, entre ellas el ministerio de Derechos Humanos y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, que aseguren el respeto a la integridad física y la vida de todas las personas detenidas.
El Cofadeh hace también un llamado a las Naciones Unidas a levantar un censo de detenciones arbitrarias y de tratos crueles durante esta emergencia sanitaria, porque el régimen oculta o minimiza los datos, con la misma lógica de conveniencia que maneja los contagios.
El ocultamiento o manipulación de la información pública es un grave riesgo adicional para la vida y las libertades del pueblo hondureño en momentos cuando se impone la inmovilidad social por la fuerza. No debe tolerarse en ninguna circunstancia, peor en ésta.
