Corte Suprema de Justicia de Honduras, que está a pocos días de vacar este 11 de febrero de 2023, ordenó el pago de L 3,000 millones por parte del Estado hondureño

Tegucigalpa, Honduras. El Gobierno rechazó este viernes cumplir con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que obliga al Estado hondureño a pagar L 3 mil millones por una demanda que, argumentan, ya había sido desestimada en una Corte Federal de Washington, Estados Unidos.

La demanda está relacionada con un proyecto financiado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en Honduras (USAID-Honduras), a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), que tenía como propósito la reconstrucción del país tras el devastador paso del huracán Mitch, a finales de 1998.

En aquel contexto, USAID-Honduras contrató, mediante licitación pública, a la empresa estadounidense DRC INC para la ejecución de las obras y esta, a su vez, subcontrató a la empresa Nacional de Ingenieros S. A. (Nainsa). Sin embargo, la justicia de los Estados Unidos intervino el contrato al no estar permitida la subcontratación y envió un equipo de fiscales que determinó no pagar una obra que estaba por realizarse.

El origen del problema radica en una demanda contra el Estado hondureño que la empresa DRC INC presentó ante el Tribunal del Distrito Federal de Washington D.C., después de que un Centro de Conciliación y Arbitraje dictó una resolución que condenó al Estado a pagar los daños y perjuicios a la empresa citada.

Sin embargo, mediante una resolución del 23 de octubre de 2014, la Corte Federal de Washington dictó sentencia y declaró que “la República de Honduras no tiene obligación de pagar la deuda”.

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Ahora, la Corte Suprema de Justicia de Honduras, que está a pocos días de vacar el 11 de febrero de 2023, ordenó el pago de L 3,000 millones por parte del Estado hondureño a la empresa DRC INC, ante lo cual el Gobierno, que encabeza, Xiomara Castro se está negando.

A través de una conferencia de prensa, la secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, y el procurador general de la República, Manuel Díaz Galeas, manifestaron y asumieron la decisión de “no entregar ni un tan solo lempira de la Caja Única del Tesoro, para el pago a los corruptos que están acostumbrados a asaltar al Estado utilizando el Poder Judicial”.

Producto de esta resolución de la Corte Suprema de Justicia, informaron estos altos funcionarios del Estado hondureño, también se embargó la cuenta única de la Secretaría de Finanzas en el Banco Central de Honduras (BCH) por L 2,600 millones.

Además, el Gobierno señaló que en 2020 la Corte Suprema ya había condenado al Estado a pagar a la subcontratada irregularmente Nainsa un monto de L 351.1 millones por “los supuestos daños y perjuicios” y L 42 millones por “honorarios profesionales”.

A través de su pronunciamiento, el Gobierno calificó la sentencia de la Corte Suprema de Justicia y denunció una “red de corrupción-publico privada que opera en Honduras utilizando el sector justicia, que ha condenado al Estado con una sentencia espuria”.