El pasado 14 de junio, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) resolvió una serie de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal. ¿Y los delitos contra la administración pública?
Tegucigalpa, Honduras.- Con la última resolución del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), se demostró que el oficialismo muestra agilidad y voluntad para impulsar reformas en materia penal en el Congreso Nacional cuando éstas sirven a sus intereses políticos.
Por ejemplo, durante la última reunión del CNDS, efectuada el 14 de junio de 2024, se resolvió que el Congreso Nacional deberá efectuar diversas reformas legales en el marco del Plan de Solución Contra el Crimen, una especie de copia del programa de seguridad que impulsa Nayib Bukele en El Salvador y que le permitió obtener una contundente victoria electoral a inicios de este año.
Llama la atención que dentro de las reformas mencionadas figuren artículos del Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley de Colaboración Eficaz. En concreto, el Código Penal deberá ser reformado para calificar como terroristas a «las personas que pertenezcan a maras, pandillas y bandas del crimen organizado que cometan crímenes de sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y lavado de activos relacionado con estos delitos».
Asimismo, en el Código Procesal Penal, se indica que las reformas estarán dirigidas a otorgar prisión preventiva a todas las personas juzgadas por estos delitos y a crear la figura del juzgamiento colectivo, aplicado también en El Salvador, que violenta el derecho a la presunción de inocencia.
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De igual modo, dentro de las reformas planteadas por el CNDS, figura instar al Congreso Nacional a aprobar la Ley de Colaboración Eficaz, cuyo dictamen está listo desde el 15 de noviembre de 2022 y que no ha sido sometido a discusión y votación en sus últimos dos debates.
Las reformas al Código Penal, al Código Procesal Penal y la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz ya habían sido planteadas en un contexto diferente, luego de que el equipo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentara en su diagnóstico la necesidad de dichas reformas, con miras a la eventual instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH).
Sin embargo, el Congreso Nacional no ha tenido la voluntad política para realizarlas y desde el Poder Ejecutivo tampoco se ha instado a que se materialicen.
DISCURSOS Y CONVENIENCIA
A consideración de analistas consultados por Criterio.hn, lo resuelto en el último CNDS tiene un carácter discursivo y político, que podrá ser utilizado como estrategia para mantener votantes o atraer nuevos por parte del oficialismo.
«Estos temas atraen adeptos a sus filas porque es lo que quiere escuchar la población. Considero que es una narrativa y un discurso que llama la atención. En la realidad, hemos sido testigos de que no han hecho reformas sustanciales en delitos contra la administración pública. Se les ha pedido reformar el Código Penal y no lo han hecho», señaló el analista jurídico Kenneth Madrid en conversación con este medio digital.
Por su lado, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, dijo que desde los sectores que luchan contra la corrupción y la impunidad llevan cerca de dos años pidiendo que se establezcan las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, y que además se someta a votación el dictamen de la Ley de Colaboración Eficaz.
«Hemos venido luchando para que se reformen las penas en los delitos contra la administración pública y no hemos visto una voluntad política. Se olvidan de que la corrupción también es un delito de criminalidad organizada. Además, estamos viendo que se está buscando reformar el Código Procesal Penal y aprobar la Ley de Colaboración Eficaz. Entonces, ahora vemos que sí es posible, porque en este caso sí hay voluntad política por parte de quienes gobiernan», lamentó Mena en entrevista con Criterio.hn.
Además de las reformas planteadas al Código Penal, al Código Procesal Penal y la necesidad de aprobar la Ley de Colaboración Eficaz, el programa anunciado por el CNDS contempla también la construcción de nuevas cárceles bajo un estado de emergencia, la aprobación de la ley que regulará la venta de tarjetas SIM, el endurecimiento de delitos contra la vida e integridad física en perjuicio de operadores de justicia, entre otras medidas.
