Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-Las mujeres organizadas del sector campesino han sido marginadas de los fondos del Fideicomiso de Inversión para la Reactivación del Sector Agrícola (Firsa) con los que el gobierno ha ejecutado un fallido proyecto de cosechadoras de agua.
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Yasmín López, del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (Codimca), dijo a CRITERIO que actualmente las mujeres que viven en el campo, además de la persecución y criminalización, se enfrentan con problemas severos por las sequías, como efecto del cambio climático, pero el gobierno no está haciendo nada por atender sus demandas.
La dirigente rural detalló que en el año 2016 presentaron una propuesta al gobierno para que a través de los fondos Firsa se les apoyara con 36 millones de lempiras, pero el gobierno rechazó el planteamiento aduciendo que las mujeres no eran propietarias de tierras.
En aquel momento “se hicieron muchos comentarios de funcionarios públicos y nos dijeron que para qué queríamos créditos las mujeres si no teníamos tierra, ni en las uñas”, comentó López, quien recordó que el garante de los derechos es el Estado, por tanto el Estado no puede cuestionarse así mismo, porque es quien debe garantizar que las mujeres accedamos a tierra o a los bienes comunes”.
Proyecto fallido
Este medio de comunicación publicó el pasado 8 de agosto una investigación sobre una declaratoria de emergencia en 11 departamentos, ubicados en el denominado corredor seco. Para este propósito el gobierno aprobó un presupuesto de 200 millones de lempiras para la construcción de cosechadoras de agua, de recursos provenientes de los fondos Firsa. Mediante la investigación se constató que el 88 % de las obras no están funcionando.
“Esas cosechadoras de agua no han resultado, el movimiento campesino y las mujeres no somos beneficiarias de esos proyectos, por lo tanto se pone en duda todo lo que se esté desarrollando y lo que se esté haciendo en ese sentido”, dijo la dirigente del Codimca, quien además manifestó que probablemente las cosechadoras de agua fueron construidas para las familias y los allegados al gobierno, pero no para el movimiento campesino.
López denunció que el gobierno no ha consultado el proyecto de las cosechadoras de agua con el movimiento campesino, que hace varios años presentó la Ley de Reforma Agraria con Equidad de Género para la Soberanía Alimentaria y Desarrollo Rural, pero esta iniciativa fue engavetada “porque no hay interés por resolver los problemas estructurales de este país”, expresó.
Yasmín López, del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (Codimca) apuntó que los afectos del cambio climático, producto de las sequías, además de las pérdidas de las cosechas, están afectando la salud de las mujeres y generando un problema de migración.
López declaró que las mujeres tampoco están accediendo a tierras y a créditos, pese a haber librado una lucha desde hace cuatro años y que condujo a la aprobación, en el Congreso Nacional, del Programa Nacional de Crédito Solidario para las Mujeres del Campo.
En el marco del programa de Crédito Solidario, el gobierno asignó 35 millones de lempiras y abrió las respectivas ventanillas en el Banco Nacional de la Producción y la Vivienda (Banprovi) en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choluteca. Sin embargo, el desembolso de los fondos aún no ha comenzado.
De acuerdo a un estudio efectuado por Condimca, en Honduras hay más de dos millones de mujeres rurales, por lo que 35 millones de lempiras es una cantidad insignificante, dijo la líder campesina, quien insistió en que el gobierno no tiene voluntad política para resolver un problema estructural, como es el acceso a la tierra, asistencia técnica y financiamiento para las mujeres.
