El Gobierno de Honduras se presta a la construcción de dos centros penitenciarios, el primero en la Isla del Cisne –área protegida— y la segunda en una zona despoblada entre los departamentos de Gracias a Dios y Olancho –donde se ubica La Moskitia y la Biosfera del Río Plátano—.
Estos proyectos han sido cuestionados por ambientalistas y representantes de pueblos indígenas, que ven amenazados sus territorios por proyectos gubernamentales –que no benefician a sus residentes— y extractivistas.
Foto portada: El secretario de Defensa, Manuel Zelaya Rosales inspecciona la isla del Cisne donde quieren construir una cárcel
El 14 de junio de 2024, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) en cadena nacional informó a la población hondureña la implementación del Plan Solución contra el Crimen que consta de 14 medidas, entre ellas la construcción del Centro de Reclusión de Emergencia, una serie de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal para darle la categoría de “terroristas” a miembros de maras y pandilla.
El CNDS precisó que los privados de libertad actualmente confinados en el sistema penitenciario nacional, procesados por crímenes de sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y el lavado de activo serán trasladados de inmediato a este Centro de Reclusión de Emergencia (CRE).
Hasta el momento no se sabe la ubicación exacta donde se construirá el Centro de Reclusión de Emergencia, únicamente que la edificación estará en una zona despoblada entre los departamentos de Gracias a Dios y Olancho.
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GOBIERNO DEBE CONSULTAR A PUEBLOS INDÍGENAS
Ambientalistas, legisladores y representantes de las comunidades afectadas exigen mayor transparencia y participación en el proceso de decisión. En ese sentido, señalan que la implementación de una Consulta Libre Previa e Informada (CLPI) será crucial para asegurar que las voces de los habitantes locales sean escuchadas y sus derechos respetados.
A juicio de la única representante del departamento de Gracias a Dios ante el Congreso Nacional, Erika Urtecho, la construcción del Centro de Reclusión de Emergencia debe hacerse mediante «una Consulta Libre Previa e Informada (CLPI)», como lo establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales.
Urtecho, diputada por el Partido Liberal, ha cuestionado la determinación del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) ya que considera que ese departamento ubicado al noroccidente del país tiene necesidades más importantes que un centro penitenciario.
La decisión de construir estos centros penitenciarios en zonas protegidas ha sido criticada por organizaciones ambientales y defensores de los derechos indígenas. La Isla del Cisne es un área protegida, y su utilización para fines penitenciarios plantea serias preocupaciones sobre la conservación de sus ecosistemas.
De igual manera, la región de La Moskitia hondureña, es lugar de residencia de comunidades indígenas que dependen del entorno natural para su sustento y preservación cultura.
Modesto Morales, representante del pueblo miskito, expresó que antes de aprobar cualquier construcción o concesión hidroeléctrico, oxígeno –bonos de carbono—, exploración petrolera o explotación de bosque dentro de territorio de pueblos indígenas no se puede realizar sin antes realizar una consulta.
El líder miskito recordó que el Estado de Honduras es garante, firmante y ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, por lo tanto, debe realizar las consultas libres previas e informadas.
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CNDS LIMITA EL ESPACIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La analista ambientalista y economista, Lucía Vijil, dijo a Criterio.hn que lo ideal sería la realización de la Consulta Libre Previa e Informada (CLPI), pero al ser una disposición del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) no es necesaria.
“Es preocupante que la mayoría de políticas públicas que se están tocando temas complejos como es el tema de seguridad, sigan condicionados a lo que indica el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, precisamente porque se vuelve una acción directa una acción sin ningún tipo de discusión”, subrayó la entrevistada.
En ese sentido, expresó que ocurrió lo mismo con la determinación de la construcción de un centro penitenciario en la Isla del Cisne, “se habló de lo limitado que es el espacio justamente porque es una decisión del Consejo de Defensa lo mismo va a pasar con la construcción de este Centro de Reclusión de Emergencia”.
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¿CÓMO SE DESARROLLA UNA CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA?
Sobre el proceso para el correcto uso y aplicación de una Consulta Libre Previa e Informada (CPLI), se explica en la publicación académica titulada “El derecho a la consulta y a la participación frente a los proyectos de desarrollo a la luz de cuatro experiencias comunitarias”.
Este escrito detalla en su primer capítulo los cinco principios rectores para una CLPI, estos son: las consultas deben ser previa, culturalmente apropiada y conforme con las costumbres y métodos tradicionales para la toma de decisiones, así como de buena fe, libre e informada.
Agrega que el Convenio 169 reconoce dos derechos fundamentales: a la consulta y a decidir las prioridades de desarrollo.
En cuanto al derecho a decidir sus prioridades de desarrollo, el artículo 7 del Convenio 169, en el cual se expone que tendrán dicho derecho “en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar su propio desarrollo económico, social y cultural”.
