Por: Redacción CRITERIO
Los pueblos indígenas aunados en el observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Honduras (ODHPINH) denunciaron el pasado 5 de diciembre en la ciudad de El Progreso, Yoro, que el actual gobierno de Juan Hernández, pretende imponer una ley indígena con el propósito de diluir el Convenio 169 de la OIT.
En la reunión participaron los pueblos indígenas Pech, Maya-Chortí, Lencas, Garífunas, Miskitos y Tolupanes.
En un comunicado emitido este jueves, han denunciado que la Ley no fue consultada y ha sido rechazado su contenido en múltiples ocasiones, ante su esencia colonialista y la entrega de sus derechos a un Estado cuyas administraciones gubernamentales, se encuentran atrofiadas por la corrupción y el clientelismo político.
La ODHPINH rechaza la violencia con que el Estado y sus secuaces, responde a las demandas de los pueblos indígenas y garífunas, tal como es el caso del atentado contra el defensor del territorio Garífuna de Trujillo, Vidal Leiva el pasado 27 de noviembre.
También solicitan a los operadores de justicia, específicamente al Juzgado de Letras de Trujillo apegarse a derecho y hacer prevalecer la justicia en el caso del despojo perpetrado por Randy Jorgensen, el que asociado a otros inversionistas canadienses se apoderó de gran parte de los territorios de las comunidades Garífunas de la Bahía de Trujillo.
El Observatorio además exige la condena de los militares implicados en el asesinato del compañero Lenca, Tomas García y el intento de homicidio contra el menor Allan García, hecho perpetrado por el Ejército de Honduras en julio del 2013, producto de la represión del gobierno frente a la defensa pacifica del pueblo Lenca del Río Gualcarque contra la empresa DESA y el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, en Río Blanco.
Denunciaron también la militarización que se viene dando en las comunidades indígenas a lo largo del continente en nombre de la supuesta guerra contra las drogas, tras décadas donde las mismas autoridades tanto militares como civiles han estado al servicio del crimen organizado.
En su comunicado además denunciaron la falta de cumplimiento de los acuerdos suscritos por el Estado desde hace más de 20 años con el pueblo Maya Chorti, quienes hoy día han sido amenazados con la represión si continúan exigiendo la entrega y reconocimiento de sus territorios ancestrales a través de la ocupación pacífica del Centro Ceremonial de Copan.
Rechazaron rotundamente la implementación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) conocidos también como “ciudades modelo”, y la entrega del territorio nacional a inversionistas extranjeros.
En el caso del pueblo Garífuna, las ZEDE en la Bahía de Trujillo, nunca fueron consultadas con las comunidades, encontrándose los pobladores de Puerto Castilla a punto de ser relocalizados como lo señalan las amenazas proferidas por personajes relacionados con el proyecto neoliberal.
ODHPINH hiso un llamado a los estados participantes en la COP21 para que de una vez por todas emitan una Convención vinculante, en la cual se fije como tope del aumento de la temperatura del planeta a 1.5 grados centígrados, y se logre el financiamiento necesario para la implementación de medidas concretas de mitigación y adaptación que no sean regidas por el mercado.
Finalmente El Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos indígenas de Honduras, ODHPINH, manifiesta un reconocimiento a la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, la que en su informe preliminar sobre su visita a Honduras, señaló la grave situación por la que atravesamos los pueblos indígenas ante la dictadura civil que enfrenta el país.
